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Son pocos los que dudan la participación de Macarrulla en red de corrupción de Jean Alain Rodríguez.
Desde que salió a la luz pública el involucramiento del hijo del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla Tavarez, en la red de corrupcion del caso Medusa, este medio propuso la renuncia momentánea del jefe del gabinete del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Este tipo de renuncia nunca ocurre en algunos países latinoamericanos, sobre todo en los que tienen un bajo nivel de institucionalidad, ya que el tema que provoca la renuncia transitoria es un escándalo de corrupción administrativa.
Esto así, porque este tipo de fenómeno no ocurre todos los días en las naciones en desarrollo, donde la búsqueda de acumulación originaria de los funcionarios públicos y del sector empresarial privado es mediante el tráfico de influencia y la corrupción administrativa para acumular o aumentar sus fortunas.
Esta razón es más que suficiente para que sea muy difícil lograr la renuncia de un funcionario tan importante del Gobierno y con vínculos con el grupo económico más importante de la República Dominicana, pero con la decisión al respecto deja claro que la presión de las redes sociales y de la sociedad en general gana terrenos en el contexto de las instancias del Estado.
Este tipo de renuncia sólo ha sida vista regularmente en naciones con democracias muy consolidadas y donde la transparencia de la administración pública está ligada a sus avances en su crecimiento y desarrollo.
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Que se tenga memoria esta es la primera vez que un ministro dominicano de la jerarquía de Macarrulla toma ese camino, ya que aparentemente no pudo resistir la presión de las redes sociales, no precisamente de los medios de comunicación convencionales como la radio, la televisión y los periódicos impresos del país.
Macarrulla Tavarez está involucrado de forma directa en este escándalo a pesar de lo que se ha querido decir, dado que su desvinculación del negocio familiar tenía que ver precisamente con su designación en el Gobierno y es la razón por la que su hijo, que tiene prácticamente el mismo nombre, Lisandro Macurrulla Martínez, pasa a ocupar la presidencia de la empresa involucrada en el escándalo de corrupción.
No hay forma de negar que Macarrulla padre no era consultado por su hijo por un negocio que tenía tantas aristas que analizar y en el que había involucrada una cantidad de dinero nada común y corriente, por lo que cualquier versión distinta sólo la digerirían los ingenios e inocentes.
Hay muchas opiniones al respecto, incluidas aquellas del vicepresidente de la Fundación de Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Guzmán, de que Macarrulla no estaba obligado a pedir al presidente Abinader que lo sustituya del cargo porque no lo involucra directamente en el caso Medusa y hasta tanto el caso no esté con la autoridad de lo irrevocablemente juzgado, lo cual deja muchas dudas de la real misión de la referida organización sin fines de lucro.
El señor Macarrulla Martínez ya había dicho que cualquier error cometido en el seno de su empresa familiar él la asumía como propia, lo cual quita legitimidad a lo dicho por una serie de empresarios e instituciones de que el funcionario no estaba obligado a pedir que fuera apartado de la administración pública, lo cual deja mucho que desear.
Este tipo de medida sólo es propia de naciones con altos niveles de institucionalidad, pero hay en este caso un detalle de mucho valor para medir el procedimiento del presidente de la República, el cual consiste en que todavía no ha dicho nada sobre lo que ocurre en el país y que involucra al principal miembro de su gabinete.
Incluso el mandatario todavía no ha dicho si acepta el pedido de Macarrulla, ya que éste todavía permanece en el cargo hasta tanto Abinader acepte su pedido, lo cual tampoco deja claro cuál es la postura del jefe de Estado en torno al escándalo.
Sin embargo, debe decirse que la decisión al respecto crea de cualquier modo un ambiente positivo para el Gobierno, porque proyecta la idea de que la democracia dominicana es más fuerte, madura e institucional que lo que la realidad indica.
La decisión del importante funcionario deja muy bien parado el país a nivel de la comunidad internacional, ya que se vende la idea de que la República Dominicana es un país presidencialista y entonces se debe suponer que lo ocurre es parte de la política oficial de la nación, pese a que realmente no es así.
Lo que no está en discusión en el escenario nacional es que la sociedad se ha empoderado políticamente, lo cual ha permitido que el propio presidente haya tenido que rectificar errores cometidos o medidas tomadas que lesionan los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Tanto es así, que la propia llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está explicada en el despertar de la gente y del uso de las redes sociales para evitar que los casos bochornosos pasen desapercibidos en el país.
El caso Macarrulla es un capítulo nuevo en la vida pública y en el escenario político de una nación donde las cosas sólo ocurren en función de los intereses de los grupos económicos, los partidos políticos tradicionales y otros sectores de poder, principales promotores de la corrupción pública y privada.
Lo bueno que tiene lo ocurrido con este importante funcionario es que sienta un precedente que sirve de mucho a la lucha por la transparencia y el adecentamiento de la vida nacional, aunque debe entenderse que la corrupción en todas sus vertientes tiene una explicación y una causa profundamente cultural y que en consecuencia la lucha para, sino eliminarla, por lo menos disminuirla, resulta altamente dificultosa y pesada para el ciudadano que quiere un mejor país.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.