Latinoamericanas
Solo en septiembre en Haití se contabilizaron 117 secuestros según ONG
Efe
Puerto Principe.-Haití está enfrentando un aumento «exponencial» de los secuestros en los últimos dos meses, denunció este jueves el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Un informe de esta ONG contabilizó 117 secuestros en septiembre, cifra que supone un 60 % más que en agosto, cuando se notificaron 73 raptos, y que triplica los datos de julio (31 casos).
Desde el comienzo del año, se han reportado 628 secuestros en el país, entre ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades, aunque el CARDH indica que esta cifra aumentará a medida que otros países faciliten datos sobre sus ciudadanos.
Desde mayo pasado la banda armada 400 Marozo comenzó a practicar secuestros colectivos, de vehículos de transporte público, y esta modalidad de rapto ya supone el 5 % de todos los casos notificados, según el informe.
Los secuestros se han vuelto habituales en Haití desde inicios de 2020, se producen de forma indiscriminada y afectan a personas de cualquier índole social, ya que se han convertido en una fuente de financiación de las bandas armadas que controlan numerosas barriadas de Puerto Príncipe y otras zonas del país.
Las pandillas concedieron una breve tregua de dos semanas entre el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio, y su entierro, llevado a cabo el día 23 del mismo mes, pero después reactivaron su actividad, según un informe de la oficina de la ONU en Haití remitido al Consejo de Seguridad el pasado 27 de septiembre.
Los enfrentamientos entre las bandas por el control de territorios causaron el desplazamiento de cerca de 19,000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio, ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país.
En agosto, las autoridades tuvieron que negociar una nueva tregua con las bandas para permitir el paso de los convoyes humanitarios destinados a atender las zonas afectadas por el devastador terremoto que causó una gran destrucción en el sur del país, donde hay al menos 690,000 damnificados.
Haití está enfrentando un aumento «exponencial» de los secuestros en los últimos dos meses, denunció este jueves el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Un informe de esta ONG contabilizó 117 secuestros en septiembre, cifra que supone un 60 % más que en agosto, cuando se notificaron 73 raptos, y que triplica los datos de julio (31 casos).
Desde el comienzo del año, se han reportado 628 secuestros en el país, entre ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades, aunque el CARDH indica que esta cifra aumentará a medida que otros países faciliten datos sobre sus ciudadanos.
Desde mayo pasado la banda armada 400 Marozo comenzó a practicar secuestros colectivos, de vehículos de transporte público, y esta modalidad de rapto ya supone el 5 % de todos los casos notificados, según el informe.
Los secuestros se han vuelto habituales en Haití desde inicios de 2020, se producen de forma indiscriminada y afectan a personas de cualquier índole social, ya que se han convertido en una fuente de financiación de las bandas armadas que controlan numerosas barriadas de Puerto Príncipe y otras zonas del país.
Las pandillas concedieron una breve tregua de dos semanas entre el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio, y su entierro, llevado a cabo el día 23 del mismo mes, pero después reactivaron su actividad, según un informe de la oficina de la ONU en Haití remitido al Consejo de Seguridad el pasado 27 de septiembre.
Los enfrentamientos entre las bandas por el control de territorios causaron el desplazamiento de cerca de 19,000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio, ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país.
En agosto, las autoridades tuvieron que negociar una nueva tregua con las bandas para permitir el paso de los convoyes humanitarios destinados a atender las zonas afectadas por el devastador terremoto que causó una gran destrucción en el sur del país, donde hay al menos 690,000 damnificados.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.