Latinoamericanas
Solo en septiembre en Haití se contabilizaron 117 secuestros según ONG
Efe
Puerto Principe.-Haití está enfrentando un aumento «exponencial» de los secuestros en los últimos dos meses, denunció este jueves el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Un informe de esta ONG contabilizó 117 secuestros en septiembre, cifra que supone un 60 % más que en agosto, cuando se notificaron 73 raptos, y que triplica los datos de julio (31 casos).
Desde el comienzo del año, se han reportado 628 secuestros en el país, entre ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades, aunque el CARDH indica que esta cifra aumentará a medida que otros países faciliten datos sobre sus ciudadanos.
Desde mayo pasado la banda armada 400 Marozo comenzó a practicar secuestros colectivos, de vehículos de transporte público, y esta modalidad de rapto ya supone el 5 % de todos los casos notificados, según el informe.
Los secuestros se han vuelto habituales en Haití desde inicios de 2020, se producen de forma indiscriminada y afectan a personas de cualquier índole social, ya que se han convertido en una fuente de financiación de las bandas armadas que controlan numerosas barriadas de Puerto Príncipe y otras zonas del país.
Las pandillas concedieron una breve tregua de dos semanas entre el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio, y su entierro, llevado a cabo el día 23 del mismo mes, pero después reactivaron su actividad, según un informe de la oficina de la ONU en Haití remitido al Consejo de Seguridad el pasado 27 de septiembre.
Los enfrentamientos entre las bandas por el control de territorios causaron el desplazamiento de cerca de 19,000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio, ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país.
En agosto, las autoridades tuvieron que negociar una nueva tregua con las bandas para permitir el paso de los convoyes humanitarios destinados a atender las zonas afectadas por el devastador terremoto que causó una gran destrucción en el sur del país, donde hay al menos 690,000 damnificados.
Haití está enfrentando un aumento «exponencial» de los secuestros en los últimos dos meses, denunció este jueves el Centro de Análisis de Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
Un informe de esta ONG contabilizó 117 secuestros en septiembre, cifra que supone un 60 % más que en agosto, cuando se notificaron 73 raptos, y que triplica los datos de julio (31 casos).
Desde el comienzo del año, se han reportado 628 secuestros en el país, entre ellos 29 extranjeros de tres nacionalidades, aunque el CARDH indica que esta cifra aumentará a medida que otros países faciliten datos sobre sus ciudadanos.
Desde mayo pasado la banda armada 400 Marozo comenzó a practicar secuestros colectivos, de vehículos de transporte público, y esta modalidad de rapto ya supone el 5 % de todos los casos notificados, según el informe.
Los secuestros se han vuelto habituales en Haití desde inicios de 2020, se producen de forma indiscriminada y afectan a personas de cualquier índole social, ya que se han convertido en una fuente de financiación de las bandas armadas que controlan numerosas barriadas de Puerto Príncipe y otras zonas del país.
Las pandillas concedieron una breve tregua de dos semanas entre el asesinato del presidente Jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio, y su entierro, llevado a cabo el día 23 del mismo mes, pero después reactivaron su actividad, según un informe de la oficina de la ONU en Haití remitido al Consejo de Seguridad el pasado 27 de septiembre.
Los enfrentamientos entre las bandas por el control de territorios causaron el desplazamiento de cerca de 19,000 personas en Puerto Príncipe a comienzos de junio, ocasionaron cortes de carreteras y dificultades en el suministro de bienes hacia algunas regiones del país.
En agosto, las autoridades tuvieron que negociar una nueva tregua con las bandas para permitir el paso de los convoyes humanitarios destinados a atender las zonas afectadas por el devastador terremoto que causó una gran destrucción en el sur del país, donde hay al menos 690,000 damnificados.
Agencia Efe
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
AGENCIA EFE
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición