Análisis Noticiosos
Solo un 4% de los estudios sobre la covid considera las diferencias entre hombres y mujeres
La variable del sexo apenas se incluye en las investigaciones sobre el virus, a pesar de que la enfermedad suele ser más grave y mortífera en los varones
Casi desde los inicios de la pandemia de covid-19 se sabe que esta enfermedad afecta más a hombres que a mujeres. Si bien la edad, el estilo de vida y el pasado médico de la persona influyen en cómo impacta la enfermedad en un paciente, hay un factor que es clave: el sexo biológico. Ellos, por ejemplo, desarrollan neumonías en un 64% de los casos, frente al 44% de ellas. Las mujeres, por su parte, suelen tener vómitos, mareos y pérdidas del olfato y el gusto más frecuentemente. A pesar de esto, una inmensa mayoría de las investigaciones científicas que se realizan en torno a la covid-19 no tienen en cuenta el sexo como una de las variables principales. Solo un 4% hacían mención explícita a la inclusión del sexo y/o el género como variables a utilizar, según un estudio publicado este martes en Nature Communications.
Ni siquiera el paso del tiempo y las certezas sobre las diferencias en el efecto del sexo sobre la enfermedad consiguieron enderezar el rumbo de estos estudios. En los primeros seis meses de 2020 se presentaron 2.475 trabajos, de los cuales solo el 4,1% incluía el sexo como variable. Durante los siguientes seis meses de ese año, 76 de los 1.945 informes presentados tenían en cuenta este factor, un 3,9% del total. “Nuestra investigación demuestra muy claramente que, incluso con el consenso general del impacto del sexo y género en una enfermedad, las dinámicas de investigación no cambian automáticamente”, dice Sabine Oertelt-Prigione, una de las autoras del estudio. “Necesitamos que las agencias regulatorias den un paso al frente y pidan más transparencia, y necesitamos que los medios científicos apliquen reglas más estrictas a la hora de informar”, considera la investigadora.
La mayoría de estudios que profundizaban en los efectos de la covid en la mujer lo hacían para ver cómo afectaba al embarazo
Los autores piden tomar sus resultados con ciertas cautelas, principalmente por tres razones. La primera es que el tamaño de los ensayos condiciona la inclusión del sexo como una variable, ya que segregar los datos puede hacer que las estadísticas pierdan fuerza. “Sin embargo”, dice el informe, “la falta de consideración de estas variables puede socavar la reproducibilidad y generalización de los resultados”. En segundo lugar, la trayectoria de los investigadores. Aquellos que se dedican a estudios observacionales (los estadísticos, en el que el experto no interviene) sí acostumbran a incluir variables sociales como la pobreza, mientras que los investigadores experimentales no suelen priorizar estos factores. Por último, el factor nacional también desempeña un papel importante. La base de datos de la que se nutren tiene unos requerimientos específicos a la hora de registrar los estudios que pueden no ser más (o menos) restrictivos que en otros países. “Centrándonos en ClinicialTrials.gov, podemos habernos perdido una larga proporción de estudios realizados fuera de EE UU, lo que limita el valor global de nuestras conclusiones”, reconocen los investigadores.
Excluir el sexo de los ensayos clínicos y no diferenciar los resultados puede derivar en que un fármaco tenga menos eficacia o más efectos adversos en un sexo que en otro, o que una enfermedad se infradiagnostique en uno de ellos. Es el caso de los problemas de corazón en las mujeres o la osteoporosis en hombres. “Muchos colegas investigadores simplemente no creen que tenga la suficiente importancia como para dedicarle tiempo”, dice Oertelt-Prigione sobre por qué los estudios actuales no incluyen esta perspectiva de género. Carme Valls Llobet, del Centro de Análisis y Programas Sanitarios y autora del libro Mujeres invisibles para la medicina (Capitán Swing, 2020), cuenta su experiencia en este asunto: “Los epidemiólogos me dicen que es un trabajo más separar por sexo y que para lo que va a servir… Bueno, no sabéis para qué va a servir. Diferenciad por sexo y yo ya estudiaré para qué sirve. Pero, si no lo diferenciáis, no lo puedo estudiar”.
“Necesitamos que las agencias regulatorias den un paso al frente y pidan más transparencia, y necesitamos que los medios científicos apliquen reglas más estrictas a la hora de informarSABINE OERTELT-PRIGIONE, AUTORA DEL ESTUDIO
Para la autora del estudio, la falta de datos segregados puede haber enturbiado la conversación sobre las vacunas. “Posiblemente podríamos haber tenido discusiones más informadas sobre cómo asignar las vacunas, basadas en el riesgo de determinados efectos secundarios y podríamos haber sabido mejor qué esperar. Esto nos habría permitido informar mejor a los usuarios y generar mayor confianza”, considera esta experta. María Teresa Ruiz-Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, coincide y cree que contar con datos desagregados por sexo podría haber ayudado a señalar grupos de riesgo para según qué vacunas, como es el caso de las mujeres fértiles con la vacuna de AstraZeneca. “Sé que han estado haciendo estudios desde Europa, que han evidenciado que hay una serie de efectos secundarios en mujeres jóvenes. También en algunos hombres, pero sobre todo son mujeres”, dice la catedrática. Según esta misma investigadora, AstraZeneca utilizó una muestra mayor de mujeres que de hombres en los ensayos (la mayoría de voluntarios fueron personal médico, donde suele haber más mujeres), pero no segregó los resultados por sexo.
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Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.