Análisis Noticiosos
Solo una real reforma política generará competencia electoral
Por Juan Bolívar Díaz
El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.
Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.
Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.
Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.
En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.
De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.
El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.
El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.
Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.
Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.
El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.
Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.
Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.
El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.
Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.