Análisis Noticiosos
Solo una real reforma política generará competencia electoral
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11 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.
Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.
Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.
Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.
En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.
De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.
El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.
El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.
Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.
Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.
El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.
Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.
Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.
El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.
Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.
Análisis Noticiosos
El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití
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1 semana agoon
noviembre 9, 2026Por José Cabral
El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.
Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.
Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.
Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?
Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.
El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.
De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.
En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.
Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.
Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.
Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada imagen de Donald Trump, a quien se le cae la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica su han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.
De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.
Análisis Noticiosos
La esclavitud disfrazada de tradición
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2 semanas agoon
octubre 31, 2026Por Rafael N. Fernández
En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.
Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.
Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable y una condena injusta.
Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando, sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.
Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.
Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.
Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.
Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.
Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.
En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.
Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría, que no podía defender y que no podía defenderse.
La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato animal, el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.
¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo llamarlo “tradición”?
¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?
Lo más indignante y terrible es que, tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad y buscar otras alternativas económicas para los cocheros.
El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.
Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.
Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.
Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada, sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.
Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.
No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.
Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)
Por José Cabral
La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.
Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.
Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.
Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.
Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.
Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.
Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.
Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.
Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.
De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.
Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.
