Santo Domingo, R.D.-Fue remitido al Ministerio Público por la Dirección General de Contrataciones Públicas tras determinar que hubo irregularidades “graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y remitió el caso al Ministerio Público.
Ayer, durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber previamente suspendido de manera temporal el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.
La entidad dijo que tras analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados, así como las denuncias presentadas al órgano rector, constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
“Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, informó Pimentel.
Sumado a esto, anunció que junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas.
Contrataciones Pública también declaró la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, que implica a su vez la “nulidad del referido contrato”, por lo que el Intrant debería realizar nuevamente la licitación desde el inicio.
INTRANT «IGNORÓ» ADVERTENCIAS
En el mismo comunicado, Carlos Pimentel también dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta.
Esquematizó una cronología sobre los hechos y que derivaron en la suspensión definitiva del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, y el envío del caso al Ministerio Público.
“Sobre ese particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”, dijo Pimentel.
Agregó que posteriormente ha suscrito el contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó al Intrant las denuncias presentadas por las empresas Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. quienes alegaron que la empresa ganadora “había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta o adulteradas o de otras fuentes públicas disponibles”.
“En dicha comunicación orientamos al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas” indicó Contrataciones Públicas.
Sin embargo, revelaron que a pesar de buscarse presto a colaborar y coordinar las acciones a tomar con el Intrant “al día de hoy no hemos recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular”.
Ya para el pasado 25 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió otro comunicado al Intrant indicando que, en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias encontradas, estarían llevando a cabo las investigaciones sobre el contrato y proceder con las disposiciones que indica la Ley, pasando primero con la suspensión temporal del contrato y luego la remisión del caso del Ministerio Público.
ENTRAMADO DE EMPRESAS
El funcionario también identificó que la empresa adjudicataria del contrato puede haber estado dentro de un entramado societario con «estructuras empresariales complejas», con aparentes signos de «utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final».
Indicó que durante las investigaciones identificaron que Transcore Latam, SRL, tiene indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades.
Especificó que durante el proceso de investigación fue encontrada una documentación societaria de la empresa adjudicara, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa «Dekolor, SRL.», en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones de pesos.
Agregó que Dekolor es una empresa relacionada con José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML Inversiones, quien en adición, según verificación realizada por la entidad pública, tiene el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de las compañías «SIC Transcore Dominicana», «Transcore» y «Transcore Dominicana», afines a su vez con la contratación actual del Intrant.
«La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad o consecuencias penales», concluyó el director de Contrataciones Públicas.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
“La normativa beneficiará a estas personas en el momento de su vida cuando más lo necesitan. Asegurará el acceso universal a una mejor protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez de la población en condición de retiro”, sostuvo el superintendente Miguel Ceara Hatton.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establecelos nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
El desaprensivo logró cargar con 4,000 pesos en efectivo, un celular y dos anillos de plata, de la residencia de la señora Martina; esto, luego de amordazarla y provocarle algunas lecciones en la mano derecha y trauma múltiples en el cráneo; según el diagnóstico del médico de servicio en el hospital donde fue llevada.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del PrimerTribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentenciaabsolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.