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Depositan en el Ministerio Público licitación del Intrant por «graves irregularidades».
Santo Domingo, R.D.-Fue remitido al Ministerio Público por la Dirección General de Contrataciones Públicas tras determinar que hubo irregularidades “graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y remitió el caso al Ministerio Público.
La entidad dijo que tras analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados, así como las denuncias presentadas al órgano rector, constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
Sumado a esto, anunció que junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas.
Contrataciones Pública también declaró la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, que implica a su vez la “nulidad del referido contrato”, por lo que el Intrant debería realizar nuevamente la licitación desde el inicio.
INTRANT «IGNORÓ» ADVERTENCIAS
En el mismo comunicado, Carlos Pimentel también dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta.
Esquematizó una cronología sobre los hechos y que derivaron en la suspensión definitiva del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, y el envío del caso al Ministerio Público.
Agregó que posteriormente ha suscrito el contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó al Intrant las denuncias presentadas por las empresas Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. quienes alegaron que la empresa ganadora “había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta o adulteradas o de otras fuentes públicas disponibles”.
“En dicha comunicación orientamos al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas” indicó Contrataciones Públicas.
Ya para el pasado 25 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió otro comunicado al Intrant indicando que, en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias encontradas, estarían llevando a cabo las investigaciones sobre el contrato y proceder con las disposiciones que indica la Ley, pasando primero con la suspensión temporal del contrato y luego la remisión del caso del Ministerio Público.
ENTRAMADO DE EMPRESAS
El funcionario también identificó que la empresa adjudicataria del contrato puede haber estado dentro de un entramado societario con «estructuras empresariales complejas», con aparentes signos de «utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final».
Indicó que durante las investigaciones identificaron que Transcore Latam, SRL, tiene indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades.
Especificó que durante el proceso de investigación fue encontrada una documentación societaria de la empresa adjudicara, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa «Dekolor, SRL.», en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones de pesos.
Agregó que Dekolor es una empresa relacionada con José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML Inversiones, quien en adición, según verificación realizada por la entidad pública, tiene el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de las compañías «SIC Transcore Dominicana», «Transcore» y «Transcore Dominicana», afines a su vez con la contratación actual del Intrant.
«La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad o consecuencias penales», concluyó el director de Contrataciones Públicas.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/aplazan-coercion-contra-mujer-acusada-de-asfixiar-a-su-hija-5e5f222a.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.