Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.

Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.

Contexto de la condena

Antecedentes del caso

La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.

Otros condenados en la red

Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.

18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.

El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.

Santo Domingo, R.D.-La incompetencia del  Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue declarado por el alto tribunal  para conocer la recusación presentada en contra de la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.

Tras verificar el expediente, el Pleno de la Suprema determinó que la recusación no debe ser decidida por ellos, basándose en los siguientes puntos clave del Código Procesal Penal (CPP), artículos 82 y 83).

Al no ser el órgano facultado para decidir sobre la magistrada Muñiz Almonte, la Suprema ordenó remitir el expediente de inmediato a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Esta resolución reafirma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de respetar la jerarquía y las competencias funcionales de los tribunales inferiores, asegurando que cada proceso se resuelva conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa procesal penal.

La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad. Según la defensa, la magistrada no debería conocer la coerción debido a que autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, entre ellas la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.

Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la SCJ para su fallo definitivo.

El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.

Santo Domingo. Las familias beneficiarias de Supérate se vieron cara a cara con el presidente Luis Abinader, quien escuchó sus experiencias y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de este programa social, que impacta a más de 1.4 millones de hogares en la República Dominicana, que alegadamente promove inclusión social, bienestar y oportunidades.

El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, reunió a 6,000 participantes de iniciativas como Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, como parte de una política social del Gobierno dominicano orientada a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.

Durante el acto, el mandatario destacó el impacto de estos programas sociales en República Dominicana en el desarrollo personal de los beneficiarios, al fomentar la confianza, la comunicación y la superación. Reiteró que las ayudas están dirigidas a quienes más lo necesitan, sin más condicionamientos que la propia vulnerabilidad social, e hizo un llamado a identificar nuevas familias en pobreza.

“Aquí en este programa no se le exige absolutamente ninguna condición que no sea la necesidad… nuestro interés es llegar a las familias que más lo necesitan en cada provincia”, manifestó el presidente Abinader.

El jefe de Estado defendió la continuidad de las ayudas sociales del Gobierno, señalando que deben consolidarse para enfrentar las dificultades con resiliencia. Asimismo, enfatizó que el Estado es un servidor de la ciudadanía y que los beneficiarios deben cumplir con las normas y convertirse en ejemplos de progreso.

El presidente indicó que la política social en República Dominicana es más efectiva cuando se basa en la realidad de las personas, enfoque reforzado mediante jornadas de diálogo territorial que permiten conocer las necesidades de las comunidades y fortalecer la protección social.

El mandatario valoró historias de superación de beneficiarios y el impulso al emprendimiento en mujeres, fortaleciendo su independencia económica mediante el respaldo estatal.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, exhortó a denunciar cualquier tipo de agresión y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo los programas de apoyo a víctimas.

Además, resaltó iniciativas como la agricultura familiar en República Dominicana, que fortalecen la producción local y generan ingresos en comunidades rurales, así como el compromiso con los adultos mayores, promoviendo su bienestar y protección social.

Al concluir, reiteró que el Gobierno seguirá fortaleciendo los programas sociales como Supérate, enfocados en la realidad de las personas.

En las palabras de apertura, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que la política social es más efectiva cuando toma en cuenta la realidad de las personas.

Expresó que la protección social en República Dominicana no es una ayuda ni un favor, sino un derecho de la población vulnerable y parte del compromiso del Estado de garantizar mejores condiciones de vida.

Asimismo, destacó que la ampliación de programas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz ha contribuido a la reducción de la pobreza en República Dominicana, que pasó de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025, una disminución de 8.5 puntos porcentuales.

Durante el diálogo se presentaron testimonios que evidencian historias de superación, donde los programas sociales han generado oportunidades y desarrollo económico en las familias.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar a las familias para una toma de decisiones más focalizada, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia un modelo de protección social inclusivo y efectivo.