Santo Domingo, RD.-El uso frecuente de la prisión preventiva ha provocado una sobrepoblación carcelaria y ha desbordado la carga laboral en los tribunales, afirmó el juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional, Rafael Báez.Nacionales
Soto Jiménez: Danilo representa “buenas expectativas” para RD
José Miguel Soto Jiménez, presidente del Partido Quinta República
SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido Quinta República, José Miguel Soto Jiménez, declaró que el electo presidente, Danilo Medina, representa buenas expectativas para el país en el actual momento histórico.
El ex ministro de las Fuerzas Armadas dijo, además, que las expectativas que existen entre los dominicanos con respecto al nuevo presidente son buenas por los mensajes que envía.
Sostuvo que luego de electo Medina, ha tenido un comportamiento que ofrece buenas señales a la colectividad.
“Las expectativas con respecto a Danilo Medina son buenas, porque él se está cuadrando bien en el cajón de bateo con una serie de mensajes que ha enviado; además, hay que figurar lo que es su formación y su manera de pensar, su lógica”, expresó.
Soto Jiménez habló al participar como entrevistado en el programa Encuentro Extra, con Cristhian Jiménez, que se trasmite cada domingo de 7 a 8 de la mañana por el canal 9 de Color Visión y de 7 a 8 de la noche por el 45 de Tele-Radio América.
“Es un hombre que anda sin aparataje”, expresó Soto Jiménez, al tiempo de señalar que el interés de su partido, Quinta República, es el bienestar del país, y si Danilo lo hace bien es válido reconocerlo.
Santo Domingo, RD.-El uso frecuente de la prisión preventiva ha provocado una sobrepoblación carcelaria y ha desbordado la carga laboral en los tribunales, afirmó el juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional, Rafael Báez.El magistrado forma parte del Programa de Optimización del Proceso Penal, puesto en marcha por el Poder Judicial, con el objetivo de eficientizar el servicio judicial. El juez de corte penal puntualizó que la tarea más urgente es buscar solución al elevado número de presos preventivos.
También expuso que están examinando la eficiencia del proceso penal, porque todo está conectado.
“El aumento del uso de la prisión preventiva como medida de coerción ha generado una sobrepoblación carcelaria que repercute como efecto dominó en los tribunales de justicia, aumentando el número de los expedientes.”, precisó.
Las estadísticas del Poder Judicial muestran que la prisión preventiva fue la principal medida de coerción que colocaron los juzgados de instrucción en el 2020 y el 2021, con 19,514, equivalente al 43.41 por ciento de las 44,946 medidas cautelares impuestas durante esos dos años.
“Estamos aumentando la prisión preventiva cuando debe ser todo lo contrario, debemos racionalizar el uso de la prisión preventiva”, planteó. El juez Rafael Báez señaló que la cantidad de prisión preventiva evidencia que la carga laboral de los tribunales penales y la tasa de ocupación carcelaria se han disparado.
“Esto significa que los tribunales están desbordados de casos”, enfatizó el magistrado durante una entrevista concedida a Listín Diario en su oficina.
Plan piloto
El plan piloto inició en la cárcel La Victoria, ubicada en el distrito municipal homónimo, del municipio Santo Domingo Norte. En ese recinto identificaron a unos 70 privados de libertad con enfermedades terminales y gestionaron, con el juez de ejecución de la pena, que concluyan la condena en sus casas.
Determinaron, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, que esos reos padecen de problemas de diabetes tipo 2, cáncer de próstatas, hipertensión, tuberculosis, VIH y obesidad.
Báez informó que en ese recinto funciona un juzgado de ejecución de la pena, que captura los casos.
Dijo que se eligió esa càrcel para el piloto por ser la más hacinada, soprepoblada y con problemas de sanidad.
Dar información para probar la acusación contra Alexis Medina y los otros imputados del caso Pulpo, además de devolver bienes y mostrar arrepentimiento, fue en lo que se basó el Ministerio Público para llegar a acuerdos con otros tres acusados en este proceso judicial.
Contrario a Francisco Pagán, que acordó una pena especial y pagar más de 40 millones de pesos, entre multa, indemnización y devolución, Julián Suriel Suazo, Domingo Santiago Muñoz y Lewin Ariel Castillo, no entregaron tantos bienes ni una alta suma de dinero, pero sí datos útiles.
A favor de estos, el Ministerio Público solicitó al juez Deiby Peguero homologar las negociaciones, cuyos términos varían dependiendo de los datos que ofrecieron y su nivel de responsabilidad en los hechos que se le imputan.
De los tres antes mencionados, Julián Suriel Suazo, acusado de ser testaferro de Alexis Medina, quien habría liderado una red de corrupción para estafar al Estado, fue el que más dinero convino dar, ascendente a más de dos millones de pesos (esto incluye multa e indemnización).
Luego de admitir su culpabilidad, los fiscales anticorrupción solicitaron para él una pena de cinco años de prisión, de los cuales, dos años y un mes estará privado de libertad, y el restante bajo la modalidad de pena suspendida.
Además pidieron al juez ordenar el decomiso de 917 mil dólares, y más de ocho millones de pesos ocupados durante allanamiento realizado al acusado, y otros objetos, como una máquina pesada valorada en tres millones de pesos.
“Cooperar con la investigación del presente proceso y testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados… Su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, precisa el Ministerio Público en el acuerdo de procedimiento penal abreviado que fue firmado el 8 de diciembre pasado y dado a conocer más de un mes después.
De su lado, Domingo Santiago Muñoz, quien también reconoció ser testaferro de Alexis Medina, pactó con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) un criterio de oportunidad, por el que, si el juez lo acogiera, no cumplirá ninguna condena.
Fue sacado del caso Pulpo luego de dar informaciones y “resarcir el daño causado al Estado mediante la devolución de los fondos sustraídos”. La Pepca basó la negociación en lo establecido en el artículo 370 del Código Procesal Penal.
Según lo indicado en el acuerdo, Santiago Muñoz devolverá un inmueble ubicado dentro de un condominio en Cap Cana.
Mientras que para el exfuncionario Lewyn Ariel Castillo, la Pepca le pidió al magistrado Peguero, quien conoce la auidencia de este proceso denomiado Pulpo, ordenar la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de tres años bajo las condiciones de residir en un lugar determinado y abstenerse de viajar al extranjero durante el tiempo acordado.
Castillo era analista de compras de la Gerencia de Abastecimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y se declaró culpable de realizar maniobras para beneficiar a empresas vinculadas a Medina con contrataciones de la entidad.
El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró este martes que en el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas.
«República Dominicana continúa mejorando en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)», dijo
El magistrado expresó en un mensaje colocado en su cuenta de Twitter que el país pasó de 30 a 32 puntos, avanzando cinco posiciones para convertirse en el número 123 de los 180 países estudiados.
Los resultados del estudio tienen una escala de 0 a 100, siendo el primero muy corrupto y el segundo sin corrupción.
«Definitivamente, en el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas», escribió el magistrado.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año revela que los niveles de corrupción están estancados en todo el mundo. La CPI clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.
De acuerdo con la página del estudio, este año, el promedio global se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo, en solo 43 de los 100 puntos posibles.
«A pesar de los múltiples compromisos, 131 países no han logrado avances significativos contra la corrupción en la última década. Dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción, mientras que 27 países se encuentran en la puntuación más baja de su historia», cita la página oficial.