Opinión
Suave que me estás matando
Por Andrés L. Mateo
Después que Danilo Medina tomó el poder, somos más pobres
Cómo leer la práctica del poder con la que Danilo Medina se ha desplegado en los últimos ocho meses en el país? ¿Si miramos la sociedad como un sistema de fuerzas y poderes, valdría la pena preguntarse para quién ha gobernado este hombre taciturno y sereno? Y si la percepción es el dato sobre el que se va a sostener el lenguaje, ¿cómo podríamos definir con palabras este gobierno? ¿No es lo más digno de dudas su renuncia a la audacia, la muerte dulce de la rutina, el camino fácil de los impuestos y los préstamos, golpeando como un puño invisible a la desvalijada pequeña burguesía dominicana, y a las clases más desposeídas de la fortuna?Lo del “Puño invisible” no es una metáfora. Danilo Medina anda saltando charquitos y cruzando alambradas, y es en verdad, su imagen todos los fines de semana, una preciosa noción del alma; pero en los supermercados, y los colmados de los barrios, los precios se han duplicado, en algunos casos casi triplicados; las farmacias son escenarios que te abollan la razón porque el costo de las medicinas te retumba en los tímpanos, y uno sabe si pagar lo que cuesta la receta o dejarse morir, porque la opción de ir a los hospitales públicos es como arrojarse a uno de los anillos mitológicos del Infierno de Dante. Soy hipertenso, la medicina que compraba costaba ochocientos doce pesos, después del paquetazo de Danilo pago mil treinta y tres, dos veces por mes.
La leche en polvo que consumía costaba doscientos sesenta y nueve pesos, su valor ahora es de cuatrocientos sesenta y tres pesos, cuatro veces al mes. Y esto toca a todos los productos de consumo masivo, a los nueve incrementos de la gasolina, y a todo lo que entra en el circuito de la circulación del mercado. He consultado a seis economistas preguntándoles qué cantidad de dinero adicional hay que sumar al presupuesto familiar después de la Reforma, y dependiendo de lo que perciba el núcleo familiar, el monto se eleva de cuatro a seis mil pesos por familia. Ese “puño invisible” es concreto, y desmonta el precario estado de bienestar que la pequeña burguesía había levantado, y arroja sobre el asistencialismo a los sectores más empobrecidos.
Lo cierto es que, después que Danilo Medina tomó el poder, somos más pobres. Y todo tenemos que vivirlo en clave épica. Por ejemplo, la colocación de mil millones de dólares en bonos en el mercado financiero se ha anunciado como un éxito del país, cuando es una derrota y un compromiso que ata a una deuda cuyo origen es obsceno, a generaciones de dominicanos que no han nacido todavía.
Y si no separáramos el pensar del sentir, pudiéramos afirmar que todo ese sacrificio del paquetazo, los empréstitos que empeñan el futuro de los dominicanos, y la incertidumbre existencial en la que nos hundimos; son más dolorosos porque en rigor se han impuesto para escapar a la realidad del desfalco y la corrupción más burda de toda la historia dominicana, perpetrados por el gobierno anterior de su propio partido.
Es indiscutible que el ejercicio de gobierno de Danilo Medina ha demostrado que el poder real escapa a las reglas del derecho, y que el sistema mismo es una manera de ejercer la violencia, de demostrar las asimetrías de la injusticia de una dominación. De lo contrario, ahora tuviéramos juzgando a los culpables del déficit fiscal, a los corruptos, a los canallas que todavía están con rango de ministros; y observaríamos a las normas jurídicas absorber a las normas morales.
Danilo Medina gobierna sin pretensiones de mirar más atrás (recuérdese: “no tirar piedras hacia atrás”), ni más adentro ni más allá. Su gobierno es una negación de la audacia, ama el glamour del poder, pero rehúye el sueño de una sociedad perfectible. E incluso niega en la práctica de la permisibilidad a la corrupción, el postulado de que el poder debe, por esencia, e idealmente, ejercerse con arreglo a un derecho fundamental (De Carlos Marx a Georges Canguilem, pasando por Habermas, Foucault, Deleuze, Chomsky, y muchos otros, este juicio es un lugar común). Este gobierno es el limbo, mientras golpea.
La pequeña burguesía se ahoga, el pueblo llano se abisma en el asistencialismo; tanto, que se le podría cantar al presidente aquel tierno bolero que decía: “Suave que me estás matando…”.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!