Opinión
Sucumbíos: genocidio impune
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9 años agoon
Por Narciso Isa conde
El paso de los años no borra el dolor ni las culpas, menos las enseñanzas de las luchas libradas.
Al inicio de este mes de marzo, diez años atrás, se perpetró la masacre de Sucumbíos en la frontera colombo-ecuatoriana, en el cayeron abatidos casi todos los integrantes del campamento de Raúl Reyes, comandante de las FARC, incluido una delegación de cinco estudiantes universitarios de nacionalidad mexicana.
Un sacrificio, como muchos otros, digno de un desenlace distinto para las heroicas FARC-EP al que está resultando de los llamados Acuerdos de Paz de la Habana, luego de desarme unilateral, de su renuncia a la Constituyente y de la prolongación del Estado Terrorista de los Uribe y Santos, tutelado por el Pentágono y la CÍA.
- Recuerdos de esa masacre.
Mi corazón se sitúa hoy al lado del tierno recuerdo de los valiosos y valiosas jóvenes mexicanos/as masacrados y de sus familiares desgarrados por ese acontecimiento, consecuencia del bombardeo artero y asalto bestial al campamento diplomático de las FARC-EP, en la Provincia de Sucumbíos-Ecuador, ubicado en una de sus áreas boscosa en las proximidades de la frontera colombo-ecuatoriana.
Al lado de su Comandante Raúl Reyes, entonces “Canciller de las FARC”, y de su heroica guerrillerada, destrozada por igual por bombas de alto poder lanzadas desde aviones de alta tecnología.
Al lado y abrazado a quienes sobrevivieron a ese genocidio “fríamente calculado”.
Genocidio perversamente ordenado por los principales jefes del todavía incólume Estado Terrorista colombiano, entonces y ahora bajo el protectorado de la superpotencia militar que ha instalado descaradamente en territorio colombiano SIETE BASE MILITARES con tecnología militar de punta.
Cobarde masacre dirigida por Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de Colombia, y su Ministro de Guerra, Juan Manuel Santos, presidente actual, cínicamente galardonado con el Premio Nobel de la Paz; fraguada “técnicamente” con la siniestra participación de la cúpula militar de turno, de la Agencia Central de Inteligencia (CÍA), el PENTAGONO de EEUU y el MOSAAD de Israel.
Una operación de factura imperial, trasnacional, violatoria de la soberanía ecuatoriana, destinada a exterminar un campamento en plena faena pro-paz, sin reparar en sus graves implicaciones en tanto acción de guerra contra el Ecuador, y sin importarle la vida de sus visitantes no involucrados directamente en acciones de guerra. Iniciativa propia de verdugos impenitentes, de terroristas de Estado sin fronteras, despojados de todo principio ético.
- El entorno de una noticia estremecedora.
Recibí esa estremecedora noticia recién llegado el 2 de marzo del 2008 a la ciudad de Guayaquil, inmediatamente después de clausurado el II CONGRESO de la Coordinadora Continental Bolivariana-CCB (denominada posteriormente Movimiento Continental Bolivariano-MCB), realizado pocos días antes en Quito, Capital de Ecuador.
Un Congreso en el que participaron muy activamente los/as estudiantes universitarios que formaban parte del Capitulo Mexicano de la CCB y del núcleo mexicano de solidaridad con las FARC-EP y la insurgencia colombiana.
Fue un Congreso muy concurrido y trascendente en materia de solidaridad continental y mundial, de importantes definiciones políticas en el marco de un gran esfuerzo de recuperación del latino-americanismo y el internacionalismo revolucionario, que abarcaba el respaldo a un gran abanico de causas, formas de lucha y temas con fuerte tono antiimperialista y anticapitalista, incluidas las insurgencias populares.
Un Congreso acosado por las derechas colombianas y ecuatorianas, amenazado por el paramilitarismo, denigrado por los grandes medios de comunicación de ambos países.
El día de su inauguración las calles de Quito amanecieron pintadas de consignas agresivas: ¡CCB TERRORISTA!, ¡FUERA LOS TERRORISTAS!, ¡ISA CONDE-TERRORISTA!, ¡ISA CONDE IGUAL MARULANDA!, ¡MUERTE A LOS TERRORISTAS!, ¡MUERTE A LAS FARC!
La prensa, la radio y la TV ecuatoriana destilaban peste contra el Congreso, las izquierdas y Chávez; presentando a la CCB como el “brazo político” del “narcoterrorismo” continental, concentrando en mi persona un odio muy especial por mis conocidas visitas a diversos campamentos de las FARC y las entrevistas correspondiente que hice pública en mi país.
Era la repetición del teatro siniestro montado en esos mismos medios en ocasión de una visita anterior a Quito realizada por mí y el camarada Amílcar Figueroa (diputado al PARLATINO por Venezuela y el PSUV), centrada en la obtención de la sede y la preparación de dicho evento.
En llamada telefónica que nos hiciera a Guayaquil una camarada ecuatoriana de la CCB residente en Quito, nos comunicó la muerte de Raúl Reyes y de casi todos los combatientes integrantes del campamento.
Todavía no sabíamos nada de la presencia juvenil mexicana en Sucumbíos, ni de ninguno otro de los/as participantes en el Congreso de la CCB, dado que esas invitaciones y visitas no eran responsabilidad de un espacio tan diverso, sino que se solicitaban y concertaban bilateralmente por sus implicaciones en términos de seguridad.
Ya de regreso a Quito nos enteramos de la muerte de cinco de nuestros jóvenes mexicanos y de la delicada situación que afectaba a otros/as afectados/as por los bombardeos, quienes previamente habían decidido aprovechar el viaje a Quito para visitar ese campamento y solicitaron los recibieran; lo que, terminado el evento, se concretó.
Anhelaban conocer esa formidable experiencia guerrillera más directamente y contemplaban estudiarla más a fondo para preparar un ensayo sobre la misma, que le serviría para cumplir compromisos académicos universitarios.
Jamás imaginaron tan fatal coincidencia.
Sus inquietudes fueron aplastadas por un ataque artero precisamente a un campamento instalado para favorecer intercambios de prisioneros y negociaciones de paz.
Valor no les faltaba, aunque no iban en son de guerra y me parece que nunca pensaron que esa iniciativa podría tener un desenlace tan cruel.
Yo los conocí con anterioridad en México, compartí con ellos/as en varias oportunidades, y aprecié su talento y su compromiso revolucionario.
En su patria mexicana tuvieron el mérito de perforar el muro de mentiras y tergiversaciones que ocultaba la realidad colombiana a un alto costo represivo.
Estos hechos enlazados (el bombardeo brutal, la caída de Raúl y sus camaradas del Bloque Martín Caballero-FARC y la muerte de esos jóvenes llenos de ilusiones) nos conmovieron e indignaron todavía más.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
