Análisis Noticiosos
Sudán: radiografía de la peor crisis humanitaria del mundo
Cientos de miles de víctimas, entre muertos y heridos, malnutrición extrema y hambruna en algunas regiones han dejado el país al borde del cataclismo tras más de un año y medio de guerra. Mientras, algunas organizaciones se afanan en incrementar la ayuda
El Cairo.-La devastadora guerra en la que llevan inmersos desde hace más de un año y medio el ejército regular de Sudán, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y grupos armados aliados de uno y otro bando ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. Y la tragedia todavía sigue agravándose, hundida en un abismo que no parece tener final a pesar de los desesperados intentos de la sociedad civil local y de contadas organizaciones internacionales para tratar de poner freno al cataclismo.
Desde septiembre, con el fin de la época de lluvias en el país, la guerra se ha vuelto a acelerar, alimentada por injerencias extranjeras cada vez más evidentes, y el ejército ha comenzado a recuperar territorios perdidos previamente en medio de una bacanal de abusos, destrucción y muerte. Actualmente, la guerra se concentra en tres frentes: la zona de la capital, Jartum; el Estado de Gezira, en el centro; y la capital del Estado de Darfur Norte, El Fasher, en el oeste.
Si hay un aumento de la ayuda en Sudán, por supuesto que es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océanoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
La situación humanitaria en Sudán es catastrófica por la magnitud y por la complejidad de la crisis. La guerra está causando cientos de miles de bajas, entre muertos y heridos. Pero a estas se suman víctimas de abusos generalizados, como la violencia sexual y las torturas. Y unas condiciones incompatibles con la vida, como la malnutrición extrema, la ruina del sistema de salud y el bloqueo de la ayuda, que están disparando la mortalidad por causas que se pueden prevenir.
Pese a las dificultades, en los últimos meses algunas organizaciones humanitarias han tratado de aprovechar el mismo final de las lluvias que ha agilizado los combates para expandir sus operaciones en Sudán, según fuentes y datos consultados por este diario. Pero esta mejora es todavía exigua frente a las necesidades. “Si hay un aumento de la ayuda en Sudán es bienvenido, pero debe ser mucho más que una simple gota adicional en el océano”, apunta Christopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Mar de crisis
Sudán es hoy la mayor crisis de desplazados del mundo. Desde el inicio de la guerra, más de 8,7 millones de personas han huido de sus hogares en busca de lugares más seguros, y más de 3 millones han cruzado a países vecinos como Egipto, Chad, Sudán del Sur y Libia. Antes de la contienda actual, además, ya había más de 3,8 millones de desplazados en Sudán, sobre todo por conflictos anteriores en regiones periféricas del país como Darfur y Kordofán.
En los últimos meses, uno de los principales motivos del aumento del número de desplazados ha sido el incremento de la violencia en los Estados de Gezira y de Darfur Norte, donde la guerra ha ido acompañada de una siembra del terror por parte de los paramilitares y de bombardeos indiscriminados de ambos bandos en zonas civiles.
En este contexto, más de 24 millones de personas —la mitad de la población— se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria. Y el último informe al respecto del principal comité internacional de expertos en esta materia, del 24 de diciembre, detectó hambruna en al menos cinco zonas del oeste y el sur, y avanzó que otras cinco la sufrirán en los próximos meses. Una hambruna no es solo fruto de la falta de alimentos, sino del colapso de sistemas de salud, medios de subsistencia, economías locales y estructuras sociales de comunidades enteras.
Desde el mayor campo de desplazados de Sudán, en Darfur Norte, Zamzam, donde se declaró una hambruna ya en agosto, Saddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local, explica por teléfono que la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos meses: “Se está volviendo muy difícil, sobre todo en Zamzam y en [la vecina capital de región] de El Fasher, debido al asedio que se nos ha impuesto. En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un día”, señala.
En Zamzam muchas personas desplazadas no tienen la capacidad para comprar lo necesario para subsistir en un díaSaddam Abkar Safi, miembro de un grupo de voluntarios local
A esta multiplicidad de crisis le está teniendo que hacer frente un sistema nacional de salud superado. En las zonas del país más afectadas por los combates, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre el 70% y 80% de centros sanitarios están cerrados o funcionan parcialmente, mientras que en otras partes del país son alrededor de la mitad. Desde el inicio de la guerra, la OMS ha podido documentar más de 120 ataques contra instalaciones, servicios y personal médico, aunque la cifra real se considera que es mucho mayor.
Esta descomposición del sistema de salud nacional, sumado a graves afectaciones en otros servicios básicos como el agua potable y la electricidad, abre la puerta a la proliferación de crisis sanitarias que en condiciones normales serían fácilmente prevenibles. Desde el verano, Sudán enfrenta un alarmante brote de casos de cólera desatado por una intensa temporada de lluvias y grandes inundaciones, que en gran medida golpearon regiones poco afectadas por los combates, como el este del país, pero con una alta densidad de población y desplazados.
Respuesta limitada
A pesar de la magnitud de la crisis, las organizaciones humanitarias han tenido que afrontar multitud de reveses y de obstáculos desde el estallido de la guerra, incluidos una inseguridad generalizada e intentos de las partes en conflicto de instrumentalizar la ayuda. También lidian con constantes trabas burocráticas y logísticas, sobre todo de las autoridades militares, que han demostrado ser especialmente rígidas cuando se han hallado a la defensiva en el frente.
Ahora, la llegada de la época seca ha vuelto a facilitar el transporte por carretera, la principal vía para mover suministros, lo que ha permitido que agencias humanitarias aumenten desde octubre el envío de ayuda a distintas zonas del país a través de rutas transfronterizas y, en menor medida, a través de las que cruzan territorios controlados por diferentes partes del conflicto, según muestran datos de la oficina de la ONU para asuntos humanitarios (OCHA).
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000
Buena parte de este aumento ha ido a cargo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que a finales de noviembre anunció que había recibido autorización del Gobierno castrense para enviar más de 700 camiones a zonas que padecen o están en riesgo de sufrir hambruna. Leni Kinzli, responsable de comunicación del PMA, señala que se trata de “un plan más amplio” para acceder a zonas aisladas del país y seguir aumentando el flujo regular de ayuda mensual.
Kinzli afirma que el fin de la época de lluvias ha facilitado un mayor movimiento de suministros por carretera, pero asegura que también han empezado a recibir más autorizaciones por parte de las autoridades sudanesas para desplazar y entregar ayuda, coincidiendo con el cambio en la dinámica del conflicto desde septiembre y los primeros avances significativos del ejército. “Este aumento [permitirá] que lleguemos a más gente, especialmente a personas en riesgo de hambruna a las que ha sido tan difícil llegar, [incluido] en Darfur, Jartum y Gezira”, explica.
En los cuatro meses entre agosto y noviembre, el número de camiones que entregaron ayuda transfronteriza y a través de líneas de frente en Sudán no llegó ni a 1.000. En comparación, solo en octubre, el mes en el que menos ayuda entró en Gaza, llegaron 1.166 camiones humanitarios, según datos de la ONU.
Los convoyes transfronterizos a Sudán se realizan a través de dos cruces entre Chad y Darfur: Adré, que es el principal, y Tine. Su futuro, sin embargo, pende constantemente de un hilo, dado que, hasta la fecha, y en una decisión muy cuestionada, la ONU solo ha realizado envíos desde Chad con la aprobación del Gobierno castrense para respetar la soberanía del país. Pero las autoridades militares son reacias a enviar ayuda a zonas que escapan a su control, como la mayoría de Darfur, y niegan la existencia y el riesgo de hambruna pese a toda la evidencia.
“En Sudán nos hemos encontrado con una situación en la que la supervivencia de la población se ha visto sacrificada bajo pretextos de soberanía”, considera Lockyear, de MSF, una de las organizaciones más activas en Sudán y de las únicas que sigue operando en zonas asediadas. “Para desafiar estas restricciones práctica y políticamente, se podría haber hecho mucho más, y se puede hacer mucho más, y se debería hacer mucho más a partir de ahora”, desliza.
En un reconocimiento implícito de la magnitud de la crisis, y probablemente influido por el temor a medidas más drásticas de la comunidad internacional, la agencia del Gobierno militar que controla todo lo relativo a operaciones humanitarias, la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC, por las siglas en inglés) anunció el 24 de diciembre la distribución de cientos toneladas de ayuda humanitaria por el país. Estos suministros, sin embargo, se dirigirán a priori a localidades que controla el ejército. La HAC no ha respondido a preguntas de EL PAÍS.
Incluso con el repunte actual de entregas, lo que llega a muchas de las zonas más necesitadas siguen siendo solo suministros suficientes para lograr objetivos como no morirse de hambre, y no siempre se consigue. En este sentido, el PMA estima que con los más de 700 camiones anunciados en noviembre podrían alimentar en torno a 1,5 millones de personas por un mes. Pero solo en Zamzam, MSF ya calcula que, para suplir un mes de raciones alimentarias de emergencia, de apenas unas 500 calorías al día, se necesitarían unos 100 camiones cada mes.
La respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones. Necesitamos personal humanitario en el terrenoChristopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras
Las dificultades para operar de actores humanitarios han elevado la importancia de iniciativas locales de ayuda mutua, que dependen sobre todo de la diáspora sudanesa y han demostrado ser muy efectivos en zonas aisladas por la guerra. “Mientras hablo contigo, tengo una entrega del PMA que espero que salga mañana del almacén. Intentamos distribuir ayuda, aunque se interrumpa, no sea continuada y no abunde”, expresa Abdallah, de la unidad de respuesta de emergencia del cinturón sur de Jartum, que también asisten en un centro médico gratuito.
Estos grupos, sin embargo, también son los más expuestos a la violencia, han sido objetivo de ataques y el futuro de sus actividades nunca está garantizado. “Nos enfrentamos a grandes retos y dificultades por los bombardeos indiscriminados que se producen ahora y la dificultad para prestar asistencia”, apunta Safi, de la unidad de respuesta de emergencia de Zamzam. “Pedimos que se preste ayuda humanitaria en todas las circunstancias posibles”, agrega.
Para muchos, lo que falta es un compromiso político mucho mayor. “Estamos asistiendo a un fracaso humanitario global en términos de respuesta colectiva”, considera Lockyear, de MSF. “La presencia de la ONU y de ONG internacionales es muy escasa, incluso en zonas de acceso relativamente fácil”, lamenta.
En esta línea, Lockyear señala que se debe “aumentar el suministro de ayuda humanitaria por todos los medios posibles”, pero recuerda que “la respuesta humanitaria es algo más que contar camiones y aviones”. “Necesitamos personal humanitario en el terreno; me sorprendió la falta de presencia de agentes humanitarios en los lugares por los que viajé en Darfur”, indica.
Kinzli, del PMA, coincide con ello. “Seguimos buscando diferentes maneras de hacer llegar ayuda o asistencia a la gente, incluso si no podemos hacer llegar camiones [en determinadas zonas del país]”, señala. “[Porque] las necesidades en Sudán son tan inmensas, que una de cada dos personas se enfrenta a niveles de hambre aguda”, enfatiza, “y esto significa que, básicamente, todo el mundo necesita algún tipo de ayuda”.
elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.