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Suman nueve muertos por COVID-19 en San Francisco de Macorís
RD supera a países de AL en casos confirmados; el Distrito, Santiago, Santo Domingo, Duarte y San Pedro de Macorís concentran la mayoría
Con la muerte del periodista Pedro Fernández se elevó a nueve los francomacorisanos que han fallecidos en las últimas horas a consecuencia del COVID-19.
En la rueda de prensa de ayer, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que solo en el municipio había cuatro fallecidos, pero una hora después de esa información murió el comunicador Pedro Fernández elevándose así a nueve los fallecidos en total.
Pedro Fernández había sido ingresado en el hospital Metropolitano de Santiago (Homs), con dificultades respiratorias, pero luego resultó positivo a coronavirus.
El cuerpo sin vida de Fernández, fue entregado ayer a sus familiares para darle sepultura el panteón de los periodistas en el cementerio Getsemaní de la carretera San Francisco- Villa Tapia.
Ayer también se reportó la muerte del ingeniero agrónomo Marcelino Peña, quien era funcionario del Idecoop, y de José Ariel Arias, quien habría dado positivo del COVID-19.
Los nombres de las demás personas que han fallecidos no han sido dados a conocer por el Ministerio de Salud Pública, pero los familiares de estos se han encargado de dar la información.
Temores
Con la muerte de estas personas la población vive en un estado de recogimiento y temor, pues la gente comenta por doquier que se le murió un pariente o amigo y no sabe si fue de COVID-19.
El problema con el coronavirus se ha tornado difícil para los francomacorisanos, pues en las clínicas privadas ya no aceptan a los pacientes con síntomas de la enfermedad. Solo el hospital público San Vicente de Paul recibe enfermos.
En el hospital San Vicente de Paúl habilitaron un área para tratar a los pacientes que presenta síntomas de la enfermedad, y no están aceptando dar consulta a otros tipos de necesidades clínica, lo que hace más difícil la situación para los pobres. Entre las personas que han dado positivo encuentran el obispo Fausto Ramón Mejía Vallejo, el alcalde electo Siquió Ng de la Rosa; el gobernador de la provincia Luis Núñez Pantaleón, el doctor Ramón Morisette, y en la tarde de ayer en los comunicadores Vladimir Paula y su esposa Idalmi Arias. Ambos laboran en la empresa de televisión Telenord.
Casos en RD van en aumento
Con 96 nuevos casos positivos de coronavirus en 24 horas, que alcanzan un total de 488, la República Dominicana continuó ayer en la escala ascendente de la pandemia, colocándose entre los países con mayor número de casos en la región de Las Américas.
Según las últimas estadísticas de infección, el país supera a naciones como México, Perú, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, entre otros.
A nivel territorial, el Distrito Nacional, Santiago, la provincia Santo Domingo, Duarte y San Pedro de Macorís, concentran en este momento la mayor cantidad de casos registrados, según informó ayer el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien destacó que en el caso específico del municipio de San Francisco de Macorís, se dispuso junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la realización de una jornada de limpieza y desinfección en las viviendas de las personas que han resultado positivo al virus, que al día de ayer ascendía a 49, con fines de contener su expansión.
“Para San Francisco de Macorís, queremos pedir la colaboración de toda la ciudadanía en función del alto nivel de contaminación que hemos detectado en circulación comunitaria. Eso va a exigir que toda la sociedad colabore con las autoridades en el conjunto de medidas de prevención y contención”, dijo el galeno, tras pedir la colaboración de los munícipes para la notificación de viajeros que estén manifestando sintomatología ante las autoridades de salud y policiales de esa demarcación para que sean evaluados.
El funcionario informó que unas 425 personas permanecen en seguimiento por tener historia de viaje a países con transmisión comunitaria o haber estado en contacto con casos confirmados y que, las provincias Bahoruco, Dajabón, Elías Piña, Montecristi, El Seibo, Pedernales, Peravia y Santiago Rodríguez, son las únicas que, a la fecha, no tienen registros de casos positivos. También aseguró que todos los pacientes ingresados en el hospital Militar Ramón de Lara, en la Base Aérea de San Isidro, se mantienen en condiciones estables y de buen ánimo, incluyendo el paciente italiano que ingresó hace 26 días y a quien se le realizará una prueba de confirmación para verificar si aún permanece con el virus.
Aislarán personas
Asimismo, el funcionario reveló que a partir de ahora las personas que hayan mantenido contacto estrecho con otra que haya resultado positiva al virus, serán aisladas en centros habilitados por el Gobierno, que de momento están disponibles en San Francisco de Macorís, Salcedo, Higüey y la provincia de Santo Domingo, para evitar la posible infección de sus familias y de otras personas en la comunidad.
Prueban con éxito medicamento
Resaltó que, hasta el momento, unas 108 personas están ingresadas en centros de salud, incluido el doctor Antonio Cruz Jiminián y el ex gobernador de Santiago, José Izquierdo, ambos en estado de gravedad y a quienes se les ha aplicado Toxilisumab, un fármaco de alto costo usado para el tratamiento de lupus y artritis reumatoide y gracias al cual, ambos han presentado una mejoría significativa.
El funcionario precisó que por su eficacia, se ha decidido que este medicamento será utilizado en el tratamiento de aquellos pacientes que estén en condición crítica por el colapso o inflamación profusa pulmonar, sin distinción alguna.
Advirtió que este fármaco no es de venta libre y está dentro del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, por lo que su uso está restringido a una serie de requisitos.
Asimismo, dijo que las evidencias han mostrado que la aplicación de hidroxicloroquina también es efectiva para el tratamiento de la enfermedad, por lo que están adquiriendo mayores cantidades en el mercado internacional para reforzar las medidas de manejo clínico en estos casos.
Destacó que ayer no había evidencias de que el dirigente sindical Virgilio Lebrón muriera a consecuencia del coronavirus. Afirmó que éste tenía otros procesos crónicos previos. No obstante, dijo que se ordenó que tanto a su hija como a su nieta se les hicieran las pruebas para descartar una posible infección.
Mantener higiene y aislamiento
El funcionario exhortó a la población a respetar el toque de queda decretado por el Gobierno durante el estado de emergencia y que desde ayer, inicia a las 5:00 de la tarde, y a mantener las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar la propagación del virus en el territorio nacional.
Igualmente recomendó a las personas con sintomatología respiratoria activa, como tos, fiebre, cansancio, entre otros, a acudir al centro de salud más cercano cubiertos con mascarillas, en procura de atención y la indicación de las pruebas de coronavirus en caso de necesitarlo.
Instó, además a cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelo al toser o estornudar y no asistir a lugares concurridos
425
425 personas permanecen en seguimiento por tener historia de viaje a países con transmisión comunitaria.
400
El país dispone de unos 400 ventiladores y que con las compras realizadas recientemente llegarán a los 700
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.