La “Brisita” navideña para beneficiarios del subsidio Aliméntate fue distribuida de forma simultánea
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno entregó ayer, vía transferencia electrónica, el Bono Navideño a 1,453,907 personas beneficiarias del subsidio Aliméntate.
Cada hogar recibió RD$1,500.00 adicionales a los RD$1,650 que reciben mensualmente, lo que da un desembolso total de RD$2,180,860,500.
El acto de lanzamiento, encabezado por la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, empezó con el cliqueo simbólico en una pantalla gigante digital a cargo de ella, gesto que marcó el inicio formal de las transferencias. La actividad se replicó de manera simultánea en Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, con la presencia de funcionarios y autoridades locales. En cada punto, además, se ofreció un almuerzo navideño para 250 beneficiarios y beneficiarias. Durante el evento, realizado en el Club Deportivo y Cultural Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, Reyes explicó que el objetivo es permitir a las familias celebrar la Navidad con alegría, tranquilidad y el espíritu de unión que caracteriza al pueblo dominicano.
“Este lanzamiento del Bono no es más que uno de los elementos especiales de La Brisita. El señor presidente Luis Abinader desea que todos los dominicanos podamos disfrutar en paz, con mucha alegría y rodeados de nuestros seres queridos esta época tan hermosa”, expresó la funcionaria.
Durante la actividad se compartieron los beneficios de La Brisita de Supérate con las familias asistentes, las cuales disfrutaron de un almuerzo navideño amenizado con villancicos y la presencia de Santa Claus.
Otros eventos
En Santiago, el acto estuvo encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, junto al subdirector administrativo y financiero de la Dirección de Desarrollo Social, Elpidio García, y la directora regional, Ylsi Cruz.
En Santo Domingo Este, el alcalde Dio Astacio acompañó a Yasiris Sánchez, subdirectora de Desarrollo Local y Asuntos Comunitarios, y a Australiana Segura, directora regional de Supérate.
En San Pedro de Macorís, la actividad estuvo a cargo de Damelia Zapata, subdirectora de Proyectos Sociales y Asuntos Comunitarios, con participación de la directora regional María Santana, junto a autoridades locales, que anunciaron el inicio del pago del bono navideño.
La Brisita también llegó a las familias de San Cristóbal, donde el anuncio fue realizado por Aurelia Amarante, directora de Acompañamiento Sociofamiliar, y Miguel Peña, director regional para la región de Valdesia.
Gloria Reyes, directora de Supérate.
Comipol apoya operativo navideño
En otro orden, la Comisión Militar y Policial (Comipol) del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y RD-Vial desplegaron hoy unidades y personal de apoyo el operativo preventivo de seguridad ciudadana: “Navidad con Garantía de Paz 2.0”.
En ese sentido, se adicionaron 26 unidades patrulleras, siete ambulancias, dos camiones de extricación, cuatro grúas, dos talleres móviles y seis motocicletas, así como 134 personas entre oficialistas superiores, alistados y médicos y civiles debidamente entrenados.
El operativo, puesto en marcha en el peaje del kilómetro 32 de la Autopista Duarte, fue encabezado por directores de la Comipol, coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD, PhD y de Fideicomiso RD-Vial, Hostos José Rizik Lugo.
El oficial sostuvo que las unidades y personal a utilizarse en el operativo, van de las manos a las labores cotidianas que ejecuta la Comipol en los 3,200 kilómetros que cubre ese Programa de Protección y Asistencia Vial.
Herrera Almonte llamó a los dominicanos a reflexionar durante el asueto, pero al mismo tiempo, tomar precaución previo a salir de sus casas, tras señalar que ante cualquier inconveniente solo tienen que comunicarse de manera rápida con el número único 511 de asistencia.
Santo Domingo, R.D.-Fue revocada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion de La Vega la decision que declaró la extincion penal del proceso seguido contra Miguel Arturo Lopez Florencio (Micky Lopez), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Fiscalía de La Vega, representada por su titular Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de fecha nueve de abril de 2025, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.
La sentencia revocada favorecía a “Micky López”, José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, y a Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de ocho mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. De acuerdo al órgano acusador, la red también servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, sostuvo que “la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores”.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
Santiago, R.D.-Los familiares de Angélica Geraldín Hernández, quien falleció mientras se sometía a un procedimiento en el centro de estética Diosa, en Santiago, anunciaron que presentarán una querella contra al menos cuatro personas involucradas.
Así lo informó el abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, quien dijo que entre los «responsables del hecho» hay tres médicos.
Señaló que, aunque por el momento no revelarán los nombres de los implicados, estos profesionales de la salud están estrechamente vinculados al centro donde se realizó el procedimiento.
El abogado manifestóque uno de los doctores vinculados al caso ha sido sometido a la justicia en al menos tres ocasiones por presunta mala práctica médica.
Domínguez Brito explicó que ese médico, cuyo nombre será ofrecido más adelante, fue procesado en los años 2011, 2015 y 2016.
Refirió que esos antecedentes forman parte de la documentación depositada ante el Ministerio Público como parte de la investigación.
Asimismo, aseguró que han recibido múltiples testimonios de mujeres que alegan haber sido afectadas por presuntas malas prácticas de los médicos involucrados.
El abogado afirmó que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables y que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.
SANTO DOMINGO. – Tres meses de prision preventiva dictó el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra Dileisy García Sepúlveda, de 21 años, acusada de maltrato infantil, tras un caso que salió a la luz por la difusión de un video en redes sociales.
Por disposición de la jueza Stephanie Santiago Reyes, la imputada, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
El caso se hizo público luego de circular un video en el que, presuntamente, se observan agresiones físicas y verbales contra un menor de edad durante una transmisión en vivo.
De acuerdo con la defensa, el tribunal también dispuso que la imputada reciba charlas para el manejo de la ira, al considerar que requiere intervención especializada en conducta.
En tanto, el menor permanece bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), mientras se determina su situación familiar y legal.