La “Brisita” navideña para beneficiarios del subsidio Aliméntate fue distribuida de forma simultánea
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno entregó ayer, vía transferencia electrónica, el Bono Navideño a 1,453,907 personas beneficiarias del subsidio Aliméntate.
Cada hogar recibió RD$1,500.00 adicionales a los RD$1,650 que reciben mensualmente, lo que da un desembolso total de RD$2,180,860,500.
El acto de lanzamiento, encabezado por la titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, empezó con el cliqueo simbólico en una pantalla gigante digital a cargo de ella, gesto que marcó el inicio formal de las transferencias. La actividad se replicó de manera simultánea en Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, con la presencia de funcionarios y autoridades locales. En cada punto, además, se ofreció un almuerzo navideño para 250 beneficiarios y beneficiarias. Durante el evento, realizado en el Club Deportivo y Cultural Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, Reyes explicó que el objetivo es permitir a las familias celebrar la Navidad con alegría, tranquilidad y el espíritu de unión que caracteriza al pueblo dominicano.
“Este lanzamiento del Bono no es más que uno de los elementos especiales de La Brisita. El señor presidente Luis Abinader desea que todos los dominicanos podamos disfrutar en paz, con mucha alegría y rodeados de nuestros seres queridos esta época tan hermosa”, expresó la funcionaria.
Durante la actividad se compartieron los beneficios de La Brisita de Supérate con las familias asistentes, las cuales disfrutaron de un almuerzo navideño amenizado con villancicos y la presencia de Santa Claus.
Otros eventos
En Santiago, el acto estuvo encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, junto al subdirector administrativo y financiero de la Dirección de Desarrollo Social, Elpidio García, y la directora regional, Ylsi Cruz.
En Santo Domingo Este, el alcalde Dio Astacio acompañó a Yasiris Sánchez, subdirectora de Desarrollo Local y Asuntos Comunitarios, y a Australiana Segura, directora regional de Supérate.
En San Pedro de Macorís, la actividad estuvo a cargo de Damelia Zapata, subdirectora de Proyectos Sociales y Asuntos Comunitarios, con participación de la directora regional María Santana, junto a autoridades locales, que anunciaron el inicio del pago del bono navideño.
La Brisita también llegó a las familias de San Cristóbal, donde el anuncio fue realizado por Aurelia Amarante, directora de Acompañamiento Sociofamiliar, y Miguel Peña, director regional para la región de Valdesia.
Gloria Reyes, directora de Supérate.
Comipol apoya operativo navideño
En otro orden, la Comisión Militar y Policial (Comipol) del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y RD-Vial desplegaron hoy unidades y personal de apoyo el operativo preventivo de seguridad ciudadana: “Navidad con Garantía de Paz 2.0”.
En ese sentido, se adicionaron 26 unidades patrulleras, siete ambulancias, dos camiones de extricación, cuatro grúas, dos talleres móviles y seis motocicletas, así como 134 personas entre oficialistas superiores, alistados y médicos y civiles debidamente entrenados.
El operativo, puesto en marcha en el peaje del kilómetro 32 de la Autopista Duarte, fue encabezado por directores de la Comipol, coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD, PhD y de Fideicomiso RD-Vial, Hostos José Rizik Lugo.
El oficial sostuvo que las unidades y personal a utilizarse en el operativo, van de las manos a las labores cotidianas que ejecuta la Comipol en los 3,200 kilómetros que cubre ese Programa de Protección y Asistencia Vial.
Herrera Almonte llamó a los dominicanos a reflexionar durante el asueto, pero al mismo tiempo, tomar precaución previo a salir de sus casas, tras señalar que ante cualquier inconveniente solo tienen que comunicarse de manera rápida con el número único 511 de asistencia.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
Acción penal
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-La coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, Elizabeth Rodríguez Díaz, hizo un llamado a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.