Nacionales
Suprema Corte inicia transición institucional para dar paso a nuevo presidente
Henry Molina y Justiniano Montero sostuvieron su primer encuentro de coordinación para garantizar un traspaso ordenado de la dirección del máximo tribunal. La juramentación del nuevo presidente y de seis jueces está prevista para el próximo 10 de noviembre.
Santo Domingo, República Dominicana. – La Suprema Corte de Justicia inició formalmente el proceso de transición de sus autoridades, luego de una reunión sostenida entre su presidente saliente, Henry Molina, y el recién electo titular del alto tribunal, Justiniano Montero Montero, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios judiciales y administrativos.El encuentro, celebrado este miércoles 4 de noviembre, constituye el primer paso hacia el relevo institucional que se producirá tras la elección de Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Durante la reunión, ambos magistrados intercambiaron impresiones sobre la situación actual del Poder Judicial, los avances alcanzados durante la gestión saliente y los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administración.
La coordinación entre las autoridades busca asegurar que el cambio de dirección se desarrolle sin afectar el funcionamiento de los tribunales ni la prestación de los servicios de justicia a la ciudadanía.
Justiniano Montero asumirá la presidencia el 10 de noviembre
La juramentación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia está programada para el martes 10 de noviembre en el Palacio Nacional, junto a los seis magistrados seleccionados recientemente para integrar el máximo tribunal.
Posteriormente, se realizará la ceremonia de traspaso de mando en la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde Montero asumirá formalmente las responsabilidades correspondientes a su nueva posición.
El magistrado fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura durante la sesión celebrada el pasado lunes 2 de noviembre.
Su designación reviste especial importancia institucional, debido a que se trata de un juez de carrera que ha desarrollado una extensa trayectoria dentro del sistema judicial dominicano.
Un magistrado con experiencia en materia civil y comercial
Justiniano Montero forma parte de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y, antes de su elección como presidente, se desempeñaba como titular de la Primera Sala, especializada en asuntos civiles y comerciales.
Su experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional constituye uno de los aspectos destacados de su trayectoria profesional.
Con su elección, el Consejo Nacional de la Magistratura apuesta por una dirección surgida de la propia carrera judicial, en un momento en que el sistema de justicia enfrenta importantes demandas relacionadas con la eficiencia, la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Continuidad de la justicia y desafíos pendientes
El proceso de transición también permitirá evaluar los proyectos institucionales actualmente en ejecución, así como las iniciativas administrativas y jurisdiccionales que requieren seguimiento.
Entre los desafíos generales del sistema judicial dominicano se encuentran la reducción de la mora judicial, la agilización de los procesos, la modernización tecnológica y la necesidad de garantizar una justicia más accesible y oportuna.
La nueva presidencia tendrá además el reto de continuar fortaleciendo la independencia judicial, la seguridad jurídica y la calidad de las decisiones emanadas de los tribunales.
La disposición mostrada por Henry Molina y Justiniano Montero para desarrollar una transición coordinada representa una señal de continuidad institucional dentro del Poder Judicial.
El relevo en la Suprema Corte de Justicia abre una nueva etapa para el máximo tribunal dominicano, en la que las expectativas estarán centradas en la consolidación de los avances institucionales y en la capacidad de la nueva gestión para responder a las necesidades de justicia de la población.
Nacionales
Roberto Rosario denuncia supuesto intento de amnistía encubierta para extranjeros mediante proyecto de ley sobre identidad
El expresidente de la Junta Central Electoral cuestionó la iniciativa presentada por una diputada del PRM y advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas, migratorias y electorales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, denunció este jueves que un proyecto de ley presentado por la diputada oficialista Maribel Almánzar de Ogando podría constituir una amnistía encubierta para extranjeros que obtuvieron documentación dominicana mediante procedimientos irregulares.
Rosario sostuvo que la iniciativa, promovida por una legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pretende establecer mecanismos especiales de regularización de identidad que, a su juicio, podrían entrar en conflicto con la Constitución dominicana, la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14.
El exfuncionario afirmó que, aunque la propuesta se presenta como una solución humanitaria para personas con dificultades documentales, considera que podría abrir nuevas vías para regularizar situaciones migratorias y registrales contrarias a la legislación vigente.
Cuestiona alcance jurídico de la iniciativa
Rosario argumentó que el Estado dominicano ya dispone de instrumentos legales para atender los casos de personas afectadas por irregularidades en el Registro Civil.
En ese sentido, defendió que las situaciones particulares deben examinarse mediante los procedimientos establecidos y, cuando corresponda, ser resueltas por los tribunales competentes.
También manifestó preocupación por la posibilidad de que personas que hayan obtenido documentos mediante falsedades o irregularidades puedan beneficiarse del nuevo mecanismo de identificación.
Proyecto contempla una cédula especial sin derecho al voto
La iniciativa legislativa busca establecer un procedimiento para determinar o reconstruir la identidad de personas que durante años han utilizado documentación dominicana, pero que posteriormente enfrentaron obstáculos para renovarla debido a inconsistencias, duplicidades o suplantaciones.
Entre sus disposiciones figura la creación de una cédula especial para personas cuya nacionalidad dominicana no pueda acreditarse jurídicamente.
Ese documento tendría la inscripción visible «NO VOTA» y permitiría realizar determinados trámites civiles, laborales, bancarios y administrativos, sin conferir por sí mismo la nacionalidad dominicana, el derecho al sufragio ni el acceso al pasaporte dominicano.
Asimismo, la propuesta establece que las eventuales responsabilidades por falsedades documentales no quedarían automáticamente extinguidas mediante el procedimiento de regularización.
Rosario advierte sobre posibles implicaciones electorales
El expresidente de la JCE también relacionó la presentación del proyecto con la proximidad de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2028.
A su entender, la iniciativa podría responder a intereses políticos y no exclusivamente a razones humanitarias.
Rosario advirtió que una eventual aprobación podría generar controversias sobre la política migratoria, la seguridad jurídica del Registro Civil y la confianza en el sistema electoral dominicano.
Sin embargo, esas consideraciones constituyen señalamientos del exfuncionario y no conclusiones judiciales sobre el contenido o las motivaciones de la propuesta.
Reclama cumplimiento de la legislación migratoria
El exfuncionario exhortó al Gobierno a garantizar la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas.
Insistió en que cualquier mecanismo para resolver irregularidades documentales debe ajustarse al ordenamiento constitucional y a las disposiciones que regulan el reconocimiento de la nacionalidad dominicana.
La controversia abre un nuevo debate sobre la necesidad de garantizar el derecho a la identidad de las personas que enfrentan dificultades registrales, sin desconocer los requisitos constitucionales y legales relativos a la nacionalidad.
El proyecto permanece como una iniciativa legislativa cuya eventual aprobación dependerá del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.
Tribunal concede arresto domiciliario a Rafael Luis Martínez Hazim, con garantía económica de RD$15 millones, impedimento de salida y localizador electrónico.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el proceso judicial por presuntas irregularidades y desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mientras dispuso la variación de la medida de coerción impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim.
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, al considerar que persisten las circunstancias que justificaron la privación de libertad de cinco de los procesados.
Además de Santiago Hazim, permanecerán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo.
El magistrado fundamentó su decisión en la persistencia de riesgos procesales, la gravedad de los hechos investigados y la magnitud del presunto perjuicio económico, así como en la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso judicial.
Conceden arresto domiciliario a Martínez Hazim
En cuanto a Rafael Luis Martínez Hazim, el tribunal acogió los nuevos elementos presentados por su defensa y ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, acompañado de una garantía económica de 15 millones de pesos mediante contrato de fianza.
La decisión también contempla impedimento de salida del país sin autorización judicial y la colocación de un dispositivo de localización electrónica.
La defensa argumentó que su representado no posee participación accionaria en las empresas investigadas y que no existen riesgos procesales suficientes para justificar su permanencia en prisión.
Tras evaluar los planteamientos, el juez consideró necesario aplicar un criterio de proporcionalidad, tomando en cuenta las circunstancias particulares del imputado.
Ministerio Público solicitó mantener las medidas
Durante la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó rechazar las peticiones de variación formuladas por las defensas.
Camacho sostuvo que los documentos aportados no constituían elementos nuevos, debido a que, según su posición, ya habían sido presentados anteriormente ante el tribunal.
Por su parte, Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, informó que no presentó nuevos presupuestos para solicitar la modificación de la medida de coerción y que no se oponía a su mantenimiento.
En igual sentido se pronunciaron los representantes legales de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
Defensa de Hazim espera acusación formal
Al concluir la audiencia, Valerio expresó que su equipo legal espera la presentación de la acusación formal del Ministerio Público para responder a los señalamientos contra su representado.
El abogado indicó que, conforme al calendario procesal, la investigación podría concluir dentro de aproximadamente un mes.
Asimismo, señaló que el actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, podría desempeñar un papel importante como testigo para esclarecer la situación financiera de la institución y el déficit denunciado.
Valerio sostuvo que, pese a las condiciones de salud de Santiago Hazim, la defensa no ha solicitado modificar la prisión preventiva.
Lectura íntegra será el 26 de noviembre
El tribunal fijó para el próximo 26 de noviembre de 2026 la lectura íntegra de la resolución, a partir de la cual comenzarán a computarse los plazos legales para la interposición de los recursos correspondientes.
El proceso judicial continúa en fase de investigación, mientras el Ministerio Público reúne los elementos probatorios destinados a sustentar las acusaciones relacionadas con el presunto manejo irregular de recursos del Seguro Nacional de Salud.
Las imputaciones permanecen sujetas al conocimiento de los tribunales, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.
Los estudiantes también denunciaron que la disposición además limita los grupos de tesis a dos integrantes como máximo y aumenta un 600% más del pago anterior.
SANTO DOMINGO, R.D.-El Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) rechazó el incremento de RD$8,000 a RD$55,000 del pago de derecho a tesis en la Facultad de Ciencias de la Salud.
De acuerdo a un comunicado de la FED, la disposición fue aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud el pasado 2 de noviembre de este año, mediante la Resolución FCS 1334-2026.
Los estudiantes también denunciaron que la disposición además limita los grupos de tesis a dos integrantes como máximo y aumenta un 600% más del pago anterior.
“Al señor decano le advertimos que con decisiones como esta pone en juego la paz y la estabilidad que hoy vive nuestra universidad. Lo único que ha conseguido es indignación, incertidumbre y malestar entre los estudiantes. Que lo tengan claro: la paz universitaria no es silencio, ni es aguantar abusos callados”, agregaron.
Ante la medida, exigieron que la misma quede sin efecto en la mayor brevedad posible para que la graduación de los estudiantes no esté amenazada por estos cobros.