Latinoamericanas
Supremo abre un proceso a fiscal
EL TRIBUNAL INDICÓ QUE LA SALA ADMITIÓ UNA SOLICITUD
Informe. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofrece declaraciones el lunes pasado, en Caracas. Ayer hubo manifestaciones de opositores y de grupos de oficialistas, por las posiciones políticas de Ortega.
CARACAS.- Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó ayer la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno.
El máximo tribunal indicó en un comunicado que la Sala Plena admitió una solicitud de antejuicio de mérito de la fiscal, proceso que determinaría si se le puede enjuiciar por presuntas «faltas graves en el ejercicio de su cargo», tales como «negligencia en el ejercicio de sus atribuciones», «atentar contra la dignidad del Poder Ciudadano», «grave error» en decisiones administrativas y contar hechos que no sucedieron.
El procesamiento de Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, podría llevar a su destitución, aunque la decisión final sobre el tema correspondería a la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- que ha manifestado su respaldo a las acciones que ha realizado la funcionaria en defensa de la constitución y contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
La solicitud de enjuiciamiento de Ortega Díaz fue hecha este mes por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien pidió al Tribunal Supremo la congelación de sus activos y la prohibición de salida del país.
Carreño también solicitó al máximo tribunal designar una junta médica para evaluar a la fiscal por supuesta «insania mental».
«A todas luces se nota que la señora no está en sus cabales», dijo el congresista al fustigar a Ortega Díaz, a la que acusó de «encubrir graves delitos» ocurridos durante las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado al menos 70 muertos y más de 1.300 heridos.
El Tribunal Supremo señaló que las medidas solicitadas por Carreño se encuentran en estudio. A
hora, la Sala Plena convocará a una audiencia pública a la fiscal, el diputado Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo, para que expongan sus alegatos sobre el caso.
«Trabajaré hasta mi último aliento por la defensa de esta Constitución», dijo la víspera Ortega Díaz en un encuentro que sostuvo con empleados del Ministerio Público, quienes realizaron una pequeña concentración para respaldar a la funcionaria mientras a las afueras de esa dependencia se aglomeraron decenas de oficialistas para protestar contra la fiscal.
El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien calificó a la fiscal como «traidora», dijo recientemente que una de las primeras acciones que tomaría la Asamblea Constituyente sería la remoción de Ortega.
«Esta decisión es una consolidación de la tiranía en Venezuela», afirmó la exmagistrada del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León, quien aseguró que el oficialismo decidió adelantar sus acciones para destituir a la fiscal ante las dificultades que está enfrentando Maduro para consolidar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros elegirá a finales del próximo mes.
Mármol de León dijo a The Associated Press que el Tribunal Supremo puede declarar con lugar el antejuicio de mérito e iniciar el procedimiento para su remoción, pero sostuvo que la destitución de Ortega Díaz sólo puede acordarla la Asamblea Nacional.
El presidente del Congreso, diputado Julio Borges, expresó su respaldo a Ortega y dijo a la prensa que la funcionaria es «asediada por la dictadura».
El proceso contra la fiscal ocurre casi tres meses después de que la funcionaria iniciara un progresivo distanciamiento del gobierno al objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad durante la contención de las protestas.
Durante las últimas semanas, la fiscal introdujo al menos tres acciones contra el proceso de reforma de la constitución: la primera para anular el proceso constituyente, la segunda para pedir la anulación de los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes y la tercera para pedir el antejuicio de mérito contra seis miembros de la Sala Constitucional.
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
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Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
Latinoamericanas
Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.