Latinoamericanas
Supremo abre un proceso a fiscal
EL TRIBUNAL INDICÓ QUE LA SALA ADMITIÓ UNA SOLICITUD
Informe. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ofrece declaraciones el lunes pasado, en Caracas. Ayer hubo manifestaciones de opositores y de grupos de oficialistas, por las posiciones políticas de Ortega.
CARACAS.- Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó ayer la apertura de un proceso para enjuiciar por supuestas faltas graves a la fiscal general Luisa Ortega, quien recientemente ha mostrado posiciones opuestas al gobierno.
El máximo tribunal indicó en un comunicado que la Sala Plena admitió una solicitud de antejuicio de mérito de la fiscal, proceso que determinaría si se le puede enjuiciar por presuntas «faltas graves en el ejercicio de su cargo», tales como «negligencia en el ejercicio de sus atribuciones», «atentar contra la dignidad del Poder Ciudadano», «grave error» en decisiones administrativas y contar hechos que no sucedieron.
El procesamiento de Ortega, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al gobierno, podría llevar a su destitución, aunque la decisión final sobre el tema correspondería a la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- que ha manifestado su respaldo a las acciones que ha realizado la funcionaria en defensa de la constitución y contra la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente Nicolás Maduro.
La solicitud de enjuiciamiento de Ortega Díaz fue hecha este mes por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien pidió al Tribunal Supremo la congelación de sus activos y la prohibición de salida del país.
Carreño también solicitó al máximo tribunal designar una junta médica para evaluar a la fiscal por supuesta «insania mental».
«A todas luces se nota que la señora no está en sus cabales», dijo el congresista al fustigar a Ortega Díaz, a la que acusó de «encubrir graves delitos» ocurridos durante las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado al menos 70 muertos y más de 1.300 heridos.
El Tribunal Supremo señaló que las medidas solicitadas por Carreño se encuentran en estudio. A
hora, la Sala Plena convocará a una audiencia pública a la fiscal, el diputado Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo, para que expongan sus alegatos sobre el caso.
«Trabajaré hasta mi último aliento por la defensa de esta Constitución», dijo la víspera Ortega Díaz en un encuentro que sostuvo con empleados del Ministerio Público, quienes realizaron una pequeña concentración para respaldar a la funcionaria mientras a las afueras de esa dependencia se aglomeraron decenas de oficialistas para protestar contra la fiscal.
El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien calificó a la fiscal como «traidora», dijo recientemente que una de las primeras acciones que tomaría la Asamblea Constituyente sería la remoción de Ortega.
«Esta decisión es una consolidación de la tiranía en Venezuela», afirmó la exmagistrada del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León, quien aseguró que el oficialismo decidió adelantar sus acciones para destituir a la fiscal ante las dificultades que está enfrentando Maduro para consolidar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros elegirá a finales del próximo mes.
Mármol de León dijo a The Associated Press que el Tribunal Supremo puede declarar con lugar el antejuicio de mérito e iniciar el procedimiento para su remoción, pero sostuvo que la destitución de Ortega Díaz sólo puede acordarla la Asamblea Nacional.
El presidente del Congreso, diputado Julio Borges, expresó su respaldo a Ortega y dijo a la prensa que la funcionaria es «asediada por la dictadura».
El proceso contra la fiscal ocurre casi tres meses después de que la funcionaria iniciara un progresivo distanciamiento del gobierno al objetar dos sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional y cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad durante la contención de las protestas.
Durante las últimas semanas, la fiscal introdujo al menos tres acciones contra el proceso de reforma de la constitución: la primera para anular el proceso constituyente, la segunda para pedir la anulación de los nombramientos de 13 magistrados principales y 21 suplentes y la tercera para pedir el antejuicio de mérito contra seis miembros de la Sala Constitucional.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.