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Supremo EEUU le otorga victoria parcial a Trump con fallo sobre su veto migratorio
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
Washington, (EFE/Beatriz Pascual Macías).- El Tribunal Supremo de EE.UU. concedió hoy una victoria al presidente, Donald Trump, al admitir a trámite el caso de su veto migratorio y permitir la entrada en vigor de algunas partes de su iniciativa, destinada a prohibir la entrada de refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.
“La decisión unánime de hoy del Tribunal Supremo es una victoria clara para nuestra seguridad nacional”, dijo Trump en un comunicado, difundido por la Casa Blanca.
“Como presidente, no puedo permitir que entre en nuestro país gente que quiere hacernos daño. Quiero a gente que pueda amar a Estados Unidos y a todos sus ciudadanos, y que vayan a trabajar duro y ser productivos”, subrayó Trump, que emitió su veto supuestamente para frenar el terrorismo yihadista.
La decisión de hoy del Tribunal Supremo implica que el Gobierno de Trump podrá negar la entrada al país a cualquier individuo que no pueda probar que tiene familiares en territorio estadounidense o que tiene planes ya establecidos para trabajar o estudiar en organizaciones de Estados Unidos.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
En concreto, en un escrito de 13 páginas y que no está firmado por ningún magistrado, el Tribunal Supremo determinó que Trump podrá prohibir el ingreso de los “extranjeros que no tengan ninguna relación genuina con una persona o una entidad de Estados Unidos”.
Por tanto, la decisión de los jueces afecta sobre todo a los refugiados, que por definición están huyendo de sus países de origen y, en teoría, no tienen por qué tener ninguna relación con EE.UU.
La orden ejecutiva de Trump buscaba anular durante 120 días el programa de acogida de refugiados, así como prohibir durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De esa forma, solo podrán entrar los refugiados y los nacionales de los seis países musulmanes que puedan demostrar que tienen una relación familiar o profesional con Estados Unidos.
La semana pasada, Trump afirmó que la orden podría entrar en vigor en 72 horas si las cortes levantaban el bloqueo que había impedido su implementación.
Por el momento, el Gobierno de EE.UU. no ha especificado cuándo ejecutará la parte del veto autorizada y el Departamento de Seguridad Nacional se limitó a decir en un comunicado que “dará detalles adicionales sobre su implementación” después de hacer las consultas pertinentes con los departamento de Justicia y de Estado.
“La implementación de la orden ejecutiva se hará profesionalmente, con una notificación clara y hecha con suficiente tiempo, en particular para los viajeros potencialmente afectados y en coordinación con los socios en la industria de viajes”, añadió el Departamento de Seguridad Nacional.
Trump trató de imponer su veto por primera vez el 27 de enero, cuando firmó una orden ejecutiva que entró en vigor de manera inmediata y sembró el caos en aeropuertos de todo el mundo.
Ese veto fue bloqueado por la Justicia y, entonces, el 6 de marzo, Trump firmó una nueva orden que, a diferencia de la anterior, dejaba fuera a los ciudadanos de Irak y modificaba la provisión sobre refugiados sirios al prohibir su entrada al país durante 120 días y no de manera indefinida, como establecía el veto original.
Esa segunda orden nunca llegó a entrar en vigor porque fue bloqueada primero por jueces en Hawai y Maryland y, luego, por el Tribunal de Apelaciones del Distrito Cuarto, en Richmond (Virginia), y el Tribunal del Distrito Noveno, con sede en San Francisco (California).
Estos tribunales de apelaciones, instancia inferior al Supremo, bloquearon la implementación de la orden porque consideraron que podría suponer un abuso de poder del presidente y porque supuestamente discrimina a los musulmanes como minoría religiosa, lo que viola la Constitución de EE.UU.
Frente a esos argumentos, el Gobierno ha defendido en todo momento que el veto fue proclamado dentro de la capacidad que la Constitución otorga al presidente para decidir sobre asuntos de seguridad nacional.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para imponer su veto fue que países como Siria, Sudán y Yemen no tienen los mecanismos adecuados para examinar a las personas que viajan a EE.UU. y determinar si representan o no una amenaza para el pueblo estadounidense.
El Tribunal Supremo estudiará la legalidad del veto durante su próximo período judicial, que comienza el primer lunes de octubre de 2017 y terminará en junio de 2018. EFE
Agencia Efe
Ginebra.– Cuba se presentó este lunes en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde le transmitió a Estados Unidos el mensaje de que «defenderá con vigor y coraje su derecho a la libre determinación», pero a la vez le tendió una oferta para mantener un diálogo en base al respeto mutuo.
En una alocución en ese foro, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, prometió que se impedirá una crisis humanitaria en Cuba como consecuencia de lo que su gobierno denomina «el cerco energético«, resultado de la decisión de Washington de amenazar con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla.
«¿Puede permitirse a una gran potencia intentar destruir a una pequeña nación, provocar una tragedia humanitaria, destrozar su cultura nacional (…) Todo ello con el burdo pretexto de la seguridad nacional?» se preguntó el canciller.
En ese punto, reconoció que la situación en la que ha puesto Estados Unidos a Cuba provocará «privaciones y sufrimientos«, aunque confió en que se encontrarán «soluciones creativas» para mitigar el daño humanitario.
No obstante, en la misma intervención, el canciller aseguró que «también hay disposición para un diálogo con Estados Unidos», pero enfatizó que éste tendría que estar basado en «el derecho internacional, el respeto mutuo, el beneficio recíproco, sin precondiciones ni injerencia en los asuntos internos».
Rodríguez señaló que el objetivo de ello debería ser «alcanzar una relación civilizada dentro de nuestras diferencias, e incluso promover la cooperación».
Una resistencia comunitaria
En un pasaje de su discurso, el ministro cubano saludó la «resistencia comunitaria del pueblo de Minnesota«, en referencia a las manifestaciones con la política de inmigración del gobierno federal estadounidense y las acciones de la policía de la inmigración, conocida como ICE.
Agencia Efe
Washington.– El sospechoso que fue abatido por el Servicio Secreto la madrugada del domingo tras entrar de manera «ilegal» y armado con una escopeta a la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago (Florida) fue identificado como un joven de 21 años, según confirmó la cadena Fox News.
Detalles confirmados
Austin Tucker Martin, originario de Carolina del Norte, había sido reportado como perdido por su familia hace unos días, de acuerdo con la cadena de televisión.
El Servicio Secreto de EE.UU. y las autoridades locales informaron este mañana del suceso en una rueda de prensa. De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).
El joven falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.
¿Cómo ocurrió el incidente?
Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre «levantó el arma» y los agentes decidieron disparar.
Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.
El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando «todos los recursos necesarios» y trabajarán junto con las autoridades locales.
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi indicó que habló con el presidente Trump esta mañana y que el Departamento de Justicia también está «coordinando con las agencias federales» sobre la «intrusión y el tiroteo» en Mar-a-Lago.
Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.
Agencia EFE
LOS ÁNGELES.– El exjuez haitiano que firmó la orden de arresto contra el presidente Jovenel Moïse, que derivó en su asesinato en 2021, dijo en un tribunal federal de EE.UU. que el documento no era legal y que él no tenía autoridad para destituir al jefe de Estado, según informó el Miami Herald.
Jean Roger Noelcius declaró este viernes por video en un tribunal federal de Miami sobre su participación en el magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021.
«No tengo nada que ver con esta situación (el asesinato)», declaró Noelcius, según información citada este sábado por el rotativo miamense.
Contexto y consecuencias del asesinato de Jovenel Moïse
Sin embargo, el hombre afirmó que no tenía autoridad para «firmar una orden judicial contra un presidente en funciones«.
El documento fue usado como pretexto para ejecutar un intento de arresto contra el mandatario haitiano el 7 de febrero de 2021 y en su posterior asesinato cinco meses después.
Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos estadounidenses.
Los acusados de asesinar al presidente Moïse han citado la orden firmada por Noelcius como parte de las razones de su intervención en Haití para arrestar al mandatario, acción que terminó en su asesinato.
El cargo de Noelcius como magistrado investigador en Haití le permitía emitir acusaciones formales y ordenes de arresto, basadas en los hallazgos de sus indagaciones.
El exjuez dijo en la indagatoria realizada por video que firmó y selló el documento de acusación contra el presidente en enero de 2021, pero le puso la fecha de 18 de febrero de 2019. Nunca explicó cuáles fueron sus motivos para emitir el documento.
Si bien Noelcius admitió haber firmado la orden, rechazó cualquier sugerencia de que fuera responsable del asesinato de Moïse y dijo que es una «víctima de la situación«, según el Miami Herald.
Aseguró que fue «engañado» por el exfiscal haitiano Mario Beauvoir, quien, según Noelcius, estaba en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.
La declaración bajo juramento de Noelcius se da como parte del caso contra cinco hombres del sur de Florida y Haití, acusados de conspiración para asesinar a Moïse, que enfrentarán un juicio programado para el próximo 9 de marzo.