Latinoamericanas
Supremo se retracta de decisión en asamblea
Protestas. Convocados por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores se reunieron desde horas de la mañana para rechazar las últimas acciones del Supremo que, afirman, son coordinadas junto al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y en detrimento de la democracia.
PERO… PODRÁ VOLVER A EJERCER SUS FUNCIONES, “SI PONE FIN AL DESACATO”
Caracas.-La Justicia venezolana dio ayer marcha atrás en su controvertida decisión que delimitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y anunció que el ente legislativo podrá volver a ejercer sus funciones, aunque solo si pone fin al desacato.
La oposición consideró, sin embargo, en boca del presidente del Parlamento, Julio Borges, que el “golpe de Estado” no se puede “corregir” suprimiendo una sentencia y anunció que seguirá llamando a protestas en la calle.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó a primera hora de la mañana través de un comunicado que “suprime” algunas partes de la polémica sentencia, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.
El máximo tribunal del país canceló además la medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes para evitar un “estado de conmoción”.
Esta última medida facultaba al jefe de Estado a ejercer “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.
El objetivo era atender la situación económica del país, con una norma que facultaba al presidente para “revisar” las normas y solicitar al Supremo su sanción y aprobación, ante el desacato y omisión legislativa del Parlamento.
La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.
Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” que, a su juicio, surgió entre el Supremo y el Ministerio Público, derivado de la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las dos últimas sentencias del TSJ constituían una “ruptura del orden constitucional”.
La decisión del Supremo venezolano de asumir las competencias de la AN originó en la oposición venezolana y en América Latina una fuerte reacción por parte de distintos países que condenaron de este dictamen, como en el caso de Perú que retiró a su embajador “definitivamente” y Colombia que lo llamó a consultas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, se pronunció ayer por primera vez tras la sentencia y el comunicado en el que se enmendaba aquella y dirigió un mensaje al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.
“Tengan la plena seguridad, señores embajadores, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de este país, siempre van a ser las decisiones que tenga a bien indicar este TSJ (…) en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país”, dijo.
Moreno tildó de “ataques al Estado” las reacciones en contra de las sentencias y afirmó que es solo responsabilidad del Parlamento “reasumir” sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial.
PRESIDENTE DEL SUPREMO NIEGA ACCIONES
En su pronunciamiento de ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno aseguró que el Supremo “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.
Además, destacó que “reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional”. Señaló, asimismo, que las decisiones tomadas en resguardo del orden constitucional “implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado y la protección del Estado”.
Tras la decisión del Supremo de dar marcha atrás a sus dos últimas sentencias, la fiscal general no se ha pronunciado aunque Maduro aseguró que el choque institucional había sido superado “exitosamente” gracias a su “rápida” actuación.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.
Latinoamericanas
Nicaragua responde a RD tras condena a Daniel Ortega por afirmaciones sobre comicios
Agencia EFE
San José.-El Gobierno de Nicaragua arremetió este miércoles contra la República Dominicana por condenar en los términos «más enérgicos» las recientes declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.
«Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad», señaló la cancillería nicaragüense.
«Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz», añadió Managua.
La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
República Dominicana consideró que «ningún gobierno» puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
«El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas», indicó la Cancillería del país caribeño.
Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.
«Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», subrayó Porras.
Latinoamericanas
Crisis demográfica: Cuba cierra 2025 con 68.051 nacimientos y 9,4 millones de habitantes
La Habana (EFE).- Cuba cerró el 2025 con apenas 68.051 nacimientos, la cifra más baja en décadas, y una población de 9,4 millones de personas, informaron este lunes medios estatales.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) de la isla, difundidos por el diario oficial Granma, la tendencia a la baja “es clara”, con 99.000 nacimientos en 2021; en 2022, fueron reportados unos 95.000; mientras que en 2024 la cifra cayó a poco más de 71.000; finalmente el pasado año cerró con 68.051 nacimientos.
Esa es “la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural”, señala el artículo que cita a varios investigadores del Cedem.
Puntualiza, además, que el país caribeño abrió el año 2026 con 9.436.440 personas y la isla “enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas”.
Al respecto, la investigadora del Cedem, Arelis Mora, señaló que la población menor de 35 años representa un 38,4% del total, y detalló que el grupo de cero a cuatro años es el que menos representatividad tiene, “consecuencia directa de la baja fecundidad” en el país.
Además, indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que se movieron fuera de la isla eran jóvenes menores de 35 años.
Las cifras confirman la tendencia al envejecimiento y decrecimiento poblacional en la isla debido a la migración y un mayor número de muertes que nacimientos.
El Gobierno calcula que más de tres millones de cubanos viven en el extranjero, la mitad de los cuales tienen residencia en el país; mientras que 1,1 millón no poseen residencia efectiva en la isla.
Por su parte, la subdirectora del Cedem, Matilde Molina, resaltó que “uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente”, una situación que calificó de un “problema social que va más allá de la salud”.
Molina puntualizó que, en 2024, la tasa fue de 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes y pese a que “hubo una disminución, el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó”.
Según estima el demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de la isla estaría cifrada en los 8,6 millones, lejos de los 9,4 que han anunciado las cifras oficiales.