Latinoamericanas
Supremo se retracta de decisión en asamblea
Protestas. Convocados por la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores se reunieron desde horas de la mañana para rechazar las últimas acciones del Supremo que, afirman, son coordinadas junto al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y en detrimento de la democracia.
PERO… PODRÁ VOLVER A EJERCER SUS FUNCIONES, “SI PONE FIN AL DESACATO”
Caracas.-La Justicia venezolana dio ayer marcha atrás en su controvertida decisión que delimitaba la inmunidad parlamentaria y se arrogaba las atribuciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y anunció que el ente legislativo podrá volver a ejercer sus funciones, aunque solo si pone fin al desacato.
La oposición consideró, sin embargo, en boca del presidente del Parlamento, Julio Borges, que el “golpe de Estado” no se puede “corregir” suprimiendo una sentencia y anunció que seguirá llamando a protestas en la calle.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano informó a primera hora de la mañana través de un comunicado que “suprime” algunas partes de la polémica sentencia, dejando sin efecto la decisión de asumir las competencias del Parlamento.
El máximo tribunal del país canceló además la medida cautelar con la que facultaba al presidente Nicolás Maduro con poderes para evitar un “estado de conmoción”.
Esta última medida facultaba al jefe de Estado a ejercer “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.
El objetivo era atender la situación económica del país, con una norma que facultaba al presidente para “revisar” las normas y solicitar al Supremo su sanción y aprobación, ante el desacato y omisión legislativa del Parlamento.
La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Defensa de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.
Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó de “impasse” que, a su juicio, surgió entre el Supremo y el Ministerio Público, derivado de la posición de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo que las dos últimas sentencias del TSJ constituían una “ruptura del orden constitucional”.
La decisión del Supremo venezolano de asumir las competencias de la AN originó en la oposición venezolana y en América Latina una fuerte reacción por parte de distintos países que condenaron de este dictamen, como en el caso de Perú que retiró a su embajador “definitivamente” y Colombia que lo llamó a consultas.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, se pronunció ayer por primera vez tras la sentencia y el comunicado en el que se enmendaba aquella y dirigió un mensaje al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela.
“Tengan la plena seguridad, señores embajadores, que nosotros no haremos nunca nada que atente contra la estabilidad de este país, siempre van a ser las decisiones que tenga a bien indicar este TSJ (…) en beneficio de la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro país”, dijo.
Moreno tildó de “ataques al Estado” las reacciones en contra de las sentencias y afirmó que es solo responsabilidad del Parlamento “reasumir” sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial.
PRESIDENTE DEL SUPREMO NIEGA ACCIONES
En su pronunciamiento de ayer, el presidente del TSJ, Maikel Moreno aseguró que el Supremo “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado”.
Además, destacó que “reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional”. Señaló, asimismo, que las decisiones tomadas en resguardo del orden constitucional “implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado y la protección del Estado”.
Tras la decisión del Supremo de dar marcha atrás a sus dos últimas sentencias, la fiscal general no se ha pronunciado aunque Maduro aseguró que el choque institucional había sido superado “exitosamente” gracias a su “rápida” actuación.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am