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Mientras busca ampliar cooperacion bilateral Surinam dice que quiere aprender del modelo turístico dominicano.
Santo Domingo, R.D.-La fortaleza de la industria turistica dominicana fue destacada en el marco de la firma de seis acuerdos entre República Dominicana y Surinam, cuya presidenta de ese nación sudamericana, Jennifer Geerlings-Simons, elogió el sector de la industria.
Este lunes, la mandataria suramericana visitó al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde suscribieron alianzas estratégicas en los sectores turístico, agrícola y de inversión privada.
Geerlings-Simons resaltó que Surinam ve en la experiencia de República Dominicana una oportunidad para impulsar el desarrollo de su propia industria turística.
Como resultado de estos encuentros, se anunció la implementación de una disposición que permitirá a los ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios y visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen ingresar a Surinam sin necesidad de solicitar una visa para fines turísticos.
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Durante sus declaraciones, la presidenta manifestó su preocupación por la crisis humanitaria y sociopolítica que enfrenta Haití, la cual definió como un desafío para toda la región.
«La situación en Haití no es solo una crisis nacional para ese país, sino un desafío regional que exige una respuesta coordinada, compasiva y decisiva«, dijo.
La mandataria también se refirió a la situación que atraviesa Cuba, tema que, según indicó, fue abordado durante el encuentro bilateral con Abinader. En ese sentido, reiteró la posición de la Comunidad del Caribe (Caricom) de promover soluciones que respeten los derechos humanos y los principios del derecho internacional.
El presidente Abinader y su homóloga surinamesa reafirmaron este lunes los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones con la firma de acuerdos y alianzas estratégicas en los sectores turístico, agrícola, de seguridad y de apoyo en organismos internacionales.
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- Entre los acuerdos destaca un memorando de entendimiento entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam (SITA) y ProDominicana, destinado a promover la inversión, el comercio, la diversificación económica, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible en ambos países.
- Asimismo, los cancilleres Roberto Álvarez y Melvin W.J. Bouva firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación que establece las bases de la colaboración bilateral a largo plazo en sectores como educación, salud, energías renovables, turismo, agricultura, transformación digital, cultura y fortalecimiento institucional.
- Como parte de este compromiso, también fue suscrita una Hoja de Ruta de Cooperación 2026-2031, que contempla acciones concretas como intercambios técnicos, programas de capacitación, pasantías, talleres y misiones especializadas para impulsar los proyectos acordados por ambas naciones.
- En materia turística, ambos gobiernos firmaron un memorando de entendimiento para promover la cooperación en el sector, mejorar la conectividad entre los dos países e intercambiar información y experiencias que contribuyan al desarrollo de la industria turística.
- Otro de los acuerdos suscritos estuvo dirigido al fortalecimiento de la formación diplomática. El memorando de cooperación académica permitirá el intercambio de estudiantes, profesores y publicaciones entre los institutos diplomáticos de ambos países, además de la realización de cursos conjuntos y actividades de capacitación en diplomacia y relaciones internacionales.
A continuación, se presenta de forma íntegra la Declaración Conjunta, de acuerdo con una nota divulgada por la Presidencia de la República:
La presidenta de la República de Surinam, Su Excelencia Jennifer Simons, realizó una visita oficial a la República Dominicana los días 1 y 2 de junio de 2026, por invitación del presidente de la República Dominicana, Su Excelencia Luis Abinader Corona.
Los presidentes sostuvieron una reunión bilateral en Santo Domingo, durante la cual reafirmaron los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países, así como su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales sobre la base de los principios de igualdad soberana de los Estados, respeto mutuo, cooperación internacional, beneficio recíproco y adhesión al derecho internacional.
Los presidentes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, la integración regional y la consolidación del Gran Caribe como una región de paz, estabilidad, resiliencia y prosperidad compartida.
Los presidentes reconocieron los avances logrados en las relaciones bilaterales en los últimos años y coincidieron en que existe un amplio potencial para profundizar aún más la cooperación entre la República Dominicana y la República de Surinam en beneficio de sus pueblos.
Los presidentes reafirmaron la importancia de mantener un diálogo político permanente y consultas periódicas de alto nivel sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés común, incluidos la seguridad regional, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la resiliencia económica y otros desafíos compartidos.
Asimismo, acordaron elevar la ya sólida cooperación bilateral a una alianza económica estratégica.
Los presidentes destacaron la importancia de la conectividad aérea entre ambos países como un factor fundamental para acercar a sus pueblos y fortalecer los intercambios económicos y turísticos. Celebraron la operación de la ruta aérea establecida por Sky High Dominicana entre Santo Domingo y Paramaribo.
En este sentido, el Gobierno de Surinam anunció la implementación de una disposición que permitirá a los ciudadanos dominicanos con pasaportes ordinarios y visas válidas de Estados Unidos o del Espacio Schengen ingresar a Surinam sin necesidad de solicitar una visa para fines turísticos. Asimismo, acordaron explorar nuevas oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas en el sector turístico.
Los presidentes también expresaron su satisfacción por el progreso alcanzado hacia la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en turismo entre el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y el Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Turismo de la República de Surinam, e instaron a completar los pasos necesarios para su pronta formalización.
Los presidentes reconocieron el papel fundamental de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la resiliencia económica y promover el desarrollo sostenible de sus respectivos países.
En este contexto, los presidentes acordaron fortalecer la cooperación bilateral en el sector agrícola mediante el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías y mejores prácticas, así como a través del desarrollo e implementación de un plan de acción que identifique áreas prioritarias de colaboración.
Los presidentes destacaron el potencial existente para ampliar y diversificar los intercambios comerciales y de inversión entre ambos países. Asimismo, acordaron explorar mecanismos que faciliten el acceso a los mercados, contribuyan a la reducción de las barreras comerciales y promuevan una mayor participación del sector privado.
Los presidentes también destacaron la importancia de fomentar un clima de inversión favorable mediante la promoción de alianzas empresariales y reconocieron el valor de seguir fortaleciendo los mecanismos de colaboración binacional, incluidas las cámaras de comercio.
Los presidentes celebraron la firma del memorando de entendimiento entre la Agencia de Comercio e Inversión de Surinam (SITA) y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), un instrumento que contribuirá a fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones.
Los presidentes reconocieron el papel fundamental del sector privado en la promoción del crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la generación de oportunidades para sus ciudadanos.
En consecuencia, los presidentes acordaron promover una mayor colaboración entre las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales y las agencias de promoción de inversiones de ambos países, así como impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer los lazos económicos bilaterales.
Los presidentes reconocieron la importancia de la educación, la capacitación y el fortalecimiento institucional como pilares fundamentales del desarrollo sostenible.
En este sentido, se firmó el acuerdo marco de cooperación académica entre el Instituto Diplomático de Surinam y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana.
Los presidentes también acordaron promover oportunidades de becas, programas de capacitación, educación especializada e intercambio de conocimientos para estudiantes, profesionales y funcionarios públicos de ambos países.
Los presidentes expresaron su interés en profundizar la cooperación cultural y educativa como mecanismo para fortalecer el entendimiento mutuo y acercar a sus pueblos.
En este sentido, manifestaron su voluntad de promover la firma de acuerdos de cooperación en estas áreas, así como fomentar intercambios académicos, programas de becas, iniciativas culturales y programas de enseñanza de idiomas que contribuyan a fortalecer los lazos entre ambas sociedades.
Los presidentes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación consular y migratoria entre ambos países. En este sentido, coincidieron en que el establecimiento de embajadas residentes en sus respectivas capitales constituiría un paso significativo hacia la profundización de las relaciones bilaterales y facilitaría un diálogo diplomático más directo y permanente.
Asimismo, acogieron con beneplácito la intención de avanzar inicialmente mediante el nombramiento de cónsules honorarios en ambos países.
Los presidentes reconocieron que el apoyo mutuo a las candidaturas en organizaciones internacionales y foros multilaterales es un componente importante de la cooperación bilateral y reiteraron su voluntad de continuar coordinando esfuerzos en este ámbito.
Los presidentes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de la cooperación regional. Asimismo, acordaron continuar coordinando posiciones y trabajando estrechamente en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y otras organizaciones regionales e internacionales.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación para abordar los desafíos comunes relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la resiliencia económica y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en aras de la paz, la seguridad y el bienestar de sus pueblos.
Los presidentes expresaron su preocupación por la situación en Haití, subrayando la importancia de su estabilización para la región. En este contexto, exhortaron a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr una solución integral y sostenible que respete los derechos humanos.
Los presidentes manifestaron su satisfacción con los resultados de esta visita y coincidieron en que constituye un hito importante en el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y la República de Surinam.
Los presidentes reiteraron su firme compromiso de seguir trabajando juntos para ampliar y profundizar la cooperación bilateral en beneficio de sus pueblos y del desarrollo sostenible del Caribe.
Santo Domingo.-Las reformas del Poder Judicial constituyen una exigencia permanente de un Estado Social y Democrático de Derecho. La legitimidad la justicia no se agota en la corrección formal de sentencias. Se construye mediante la calidad del servicio, la previsibilidad de sus actuaciones, la duración razonable de los procesos y la seguridad ciudadana de que la justicia es administrada con solvencia moral, altos criterios técnicos, integridad, independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la dignidad humana. De ahí que las reformas institucionales deban asumirse como un compromiso permanente, dirigido a consolidar un sistema más eficiente, inclusivo y cercano.
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de asegurar que toda persona encuentre en los tribunales una respuesta oportuna pero también jurídicamente fundada. Esta responsabilidad trasciende los períodos de gobierno, las autoridades de turno. Por ello, las reformas judiciales deben ser concebidas como políticas de largo alcance, sustentadas siempre en la planificación, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación objetiva de sus resultados.
La continuidad de las reformas no implica inmovilismo ni resistencia al cambio. Por el contrario, exige la capacidad institucional de preservar los avances alcanzados, corregir las deficiencias advertidas y responder, con prudencia, a las nuevas demandas sociales. Una reforma que no logra consolidarse como política de Estado corre el riesgo de convertirse en una iniciativa transitoria, vulnerable a interrupciones que afectan la eficiencia del servicio judicial y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Mora judicial y control de calidad
Sin duda alguna como institución en los últimos 7 años hemos avanzado muy significativamente en la lucha contra la mora jurisdiccional. Es por ello por lo que estamos obligados preservar las condiciones que nos permiten continuar hasta erradicar la mora por completo, al tiempo de fortalecer los controles de calidad.
En este esfuerzo es indispensable seguir fortaleciendo los sistemas de gestión de expedientes, los mecanismos de asignación y seguimiento de casos y continuar adoptando medidas para identificar y fiscalizar las causas de retraso. Permitir la rendición de cuentas en tiempo real, es decir, contar con indicadores públicos de duración de los procesos: inventario de expedientes, cumplimiento de plazos y productividad, sin convertir a los jueces en simples generadores de números. La calidad de las decisiones debe mantenerse como criterio central.
Naturalmente, la erradicación total de la mora judicial nos debe llevar a la reflexión de si la estructura y organización del Poder Judicial ya ha quedado rezagada, ameritando una mejor concepción. Es tiempo de pensar en la viabilidad, o no, de insertar al sistema, como criterio de calidad, la asignación por especialidad y no solo por demarcación, la distribución nacional de la administración de recursos en un gobierno abierto colaborativo y de buena gestión de cumplimiento, los criterios de competencia prorrogada opcionales y cerrados por disponibilidad para mayor equilibrio en la distribución de la carga laboral, entre otras buenas prácticas de sistemas modelos.
Asegurar la mejora continua de las condiciones económicas y laborales
La independencia judicial requiere jueces bien formados, pero también instituciones que cuiden su salud mental, su seguridad, su dignidad y sus condiciones laborales. La capacitación debe continuar siendo permanente y los beneficios deben ser progresivos y revisables. Todo sistema que exige excelencia debe ofrecer las condiciones necesarias para alcanzarla.
La progresividad implicará tener conciencia de que debemos ampliar los canales de participación y comunicación institucional, sin comprometer la reserva de los casos ni la independencia de las decisiones. Los tribunales no son islas, todo lo que afecte a un tribunal afecta la totalidad del sistema, debemos reflexionar en los temas de gestión crisis como plan nacional.
Acceso a la justica
El acceso a la justicia no se satisface únicamente con la existencia formal de tribunales. Es necesario que las personas puedan comprender los procedimientos, obtener asistencia adecuada y recibir decisiones dentro de un plazo razonable, un plazo que debe poder en algún momento, cuando no es legal, ser estimado. Eso implica que es tiempo también de pensar en ampliar la formación judicial como obligatoria en espacios adicionales a la Escuela Nacional de la Judicatura: tal vez, incluir la educación judicial en secundaria, grado y post grado. La justicia debe ser técnicamente rigurosa, pero también comprensible y cercana. Saber de justicia, no es trasmitir saber de problemas. La justicia es el más alto, digno y noble ideal social.
Transformación digital e inclusión
La tecnología debe ponerse al servicio de las personas. La transformación digital debe seguir el camino de la inclusión. Es arduo sabido que las personas no tienen igual acceso a internet, equipos o conocimientos tecnológicos. Por eso, junto con la justicia digital es sustancial continuar ampliando la cobertura nacional de los servicios de orientación, asistencia presencial y mecanismos que eviten que la brecha tecnológica se convierta en una nueva barrera.
También debe prestarse especial atención a la protección de datos personales, la seguridad de la información y el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Además de reflexionar, holísticamente, en la utilidad y funcionabilidad país de los datos que almacenamos y resguardamos.
Promover una cultura de solución pacífica de conflictos
La jurisdicción debe ser fuerte, pero no todos los conflictos tienen que llegar a juicio. Es importante fortalecer la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos, siempre que respeten los derechos de las partes y no se utilicen para presionar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este punto debemos hacer ejercicios de factibilidad: sincerar la causa por las que los mecanismos alternos no aumentan su utilidad y promoverlos como un ganar-ganar, no solo mirando las partes, sino también a sus representantes.
Construir una
La legitimidad del Poder Judicial depende también de la confianza en sus procesos de selección, evaluación y promoción. Los jueces son el centro de la carrera, debe asegurarse mediante el respeto al mérito y la igualdad de oportunidades, al tiempo de exigir buena gerencia.
La presencia de más mujeres en los espacios de decisión debe ser una política institucional permanente, no una excepción. Es necesario que nuestras juezas sientan que nuestro sistema le hace justicia elevando paridad. Esto asegura el sentido de permanencia e identificación, lo que es sustancial para el desarrollo de un buen clima laboral.
En conclusión, la reforma judicial no puede quedar sometida a la temporalidad de los cargos, a los cambios de administración ni a las prioridades coyunturales. Allí donde las reformas se interrumpen sin evaluación ni justificación institucional, no solo se pierden recursos y esfuerzos: también se debilita la seguridad jurídica, se afecta la confianza pública y se compromete la capacidad del sistema de justicia para responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad.
El Poder Judicial dominicano tiene ante sí el deber histórico de consolidar una justicia que no solo sea formalmente accesible, sino materialmente efectiva; una justicia que reconozca las desigualdades existentes y actúe para superarlas; una justicia capaz de proteger los derechos fundamentales y de ofrecer respuestas oportunas frente a las nuevas realidades sociales. Esa tarea no puede depender de esfuerzos individuales ni de iniciativas aisladas. Requiere compromiso con la continuidad, consenso institucional y una firme voluntad de preservar aquello que contribuya al fortalecimiento del sistema.
El Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación después de que el cuerpo del joven fuera localizado tras 21 días desaparecido; propietarios de un establecimiento permanecen detenidos
SANTIAGO.– La muerte de Albert de Jesús Aracena, cuyo cuerpo fue localizado después de permanecer 21 días desaparecido, continúa rodeada de interrogantes mientras el Ministerio Público de Espaillat espera los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias y causa de su fallecimiento.
El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, informó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de realizar los estudios correspondientes.
Los resultados forenses serán fundamentales para determinar si la muerte se produjo por ahogamiento, como han alegado personas detenidas en relación con el caso, o si existen evidencias compatibles con otra causa.
Una versión que genera dudas
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el representante del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento New York Grill, quienes permanecen detenidos, han sostenido que Aracena habría muerto ahogado en una piscina.
Según esa versión, posteriormente habrían enterrado el cadáver con el propósito de evitar que el establecimiento fuera cerrado.
Sin embargo, esta explicación no ha sido asumida como definitiva por las autoridades.
Rivas manifestó públicamente sus dudas sobre esa hipótesis y dejó claro que la Fiscalía continuará profundizando las pesquisas antes de establecer una conclusión sobre lo sucedido.
“Esa teoría a mí no me resulta, por eso estamos investigando”, expresó el fiscal, según las declaraciones suministradas.
La posición del Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de que las circunstancias del fallecimiento sean distintas de las relatadas inicialmente por los detenidos.
Autopsia será determinante
Uno de los elementos centrales de la investigación será el informe forense.
La autopsia deberá aportar información científica que permita establecer la causa de muerte y determinar si los hallazgos encontrados en el cadáver son compatibles con un fallecimiento por ahogamiento o si, por el contrario, existen indicios que conduzcan la investigación en otra dirección.
Hasta contar con esos resultados y con los demás elementos recolectados durante las pesquisas, las autoridades no han establecido de manera definitiva la calificación jurídica de los hechos.
Este aspecto resulta especialmente relevante debido a las circunstancias posteriores al fallecimiento, particularmente el enterramiento del cadáver, situación que forma parte de las actuaciones que investiga el Ministerio Público.
Investigan a otras personas
Durante las investigaciones también han surgido informaciones relacionadas con un ciudadano haitiano que presuntamente habría trabajado en el establecimiento, según confirmó el fiscal.
No obstante, con la información disponible hasta el momento no se ha establecido públicamente cuál habría sido su participación o conocimiento de los hechos.
Las autoridades deberán determinar quiénes estuvieron presentes, qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Aracena y cuáles personas pudieron intervenir posteriormente.
21 días de incertidumbre
El hallazgo del cuerpo puso fin a 21 días de incertidumbre sobre el paradero del joven, pero abrió una nueva etapa de la investigación: establecer cómo murió y reconstruir lo ocurrido desde el momento de su desaparición hasta la localización del cadáver.
Ahora la investigación descansa en una combinación de evidencias forenses, declaraciones de los involucrados y demás elementos probatorios que pueda reunir el Ministerio Público.
Mientras tanto, la versión de un supuesto ahogamiento continúa siendo solamente una de las hipótesis examinadas.
Será el resultado de la autopsia, acompañado de las demás evidencias obtenidas por los investigadores, el que permitirá determinar si esa explicación encuentra respaldo científico o si la muerte de Albert de Jesús Aracena ocurrió bajo circunstancias diferentes.
Hasta entonces, el caso permanece abierto y cualquier atribución definitiva de responsabilidad deberá esperar los resultados de la investigación.
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ADP prepara acción ante el Tribunal Constitucional contra artículos del nuevo Código Penal
El gremio magisterial advierte que varias disposiciones podrían generar procesos judiciales contra docentes por actuaciones vinculadas con la vigilancia, disciplina y cuidado de los estudiantes
Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que prepara una acción ante el Tribunal Constitucional contra varias disposiciones del nuevo Código Penal que, a juicio del gremio, podrían afectar el ejercicio de la función docente y abrir la posibilidad de judicializar actuaciones propias de las responsabilidades de los maestros en los centros educativos.
El presidente de la organización, Eduardo Hidalgo, informó que la ADP cuestionará los artículos 121, 145, 146, 171, 173, 214, 309, 310 y 313, al considerar que algunas de esas disposiciones requieren una delimitación más precisa cuando sean aplicadas en el ámbito escolar.
Hidalgo ofreció las declaraciones durante el panel “El impacto del Nuevo Código Penal en el ejercicio de la función docente”, celebrado en la sede de la ADP, en Gascue.
Gremio defiende protección de menores, pero pide garantías para docentes
El dirigente sindical aseguró que la organización respalda las disposiciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, pero entiende que esa protección debe armonizarse con las garantías de los educadores y con las responsabilidades que estos asumen diariamente dentro de las escuelas.
La preocupación de la ADP se concentra en la posibilidad de que determinadas actuaciones relacionadas con la disciplina, vigilancia, orientación o cuidado de los estudiantes puedan originar procesos judiciales contra profesores.
Entre las disposiciones cuestionadas por el sindicato, Hidalgo hizo referencia al artículo 121, relacionado con el hostigamiento e intimidación; al 145, relativo al acoso sexual; y al 173, vinculado con la discriminación.
También manifestó preocupación por disposiciones relacionadas con el abandono de niños, niñas y adolescentes cuando existe un deber de vigilancia o cuidado, debido a que los docentes tienen responsabilidades de esa naturaleza durante el desarrollo de la jornada escolar.
Para el gremio, la legislación debe permitir diferenciar claramente una actuación docente legítima de aquellas conductas que efectivamente constituyan una infracción penal.
ADP teme denuncias sin fundamento
Otro de los puntos planteados por Hidalgo fue el riesgo de que acusaciones carentes de fundamento puedan afectar la reputación y la carrera profesional de un maestro antes de que los hechos sean debidamente establecidos.
El presidente de la ADP sostuvo que el sindicato mantiene una posición firme frente a conductas como el acoso sexual y aseguró que los miembros de la organización sometidos a la justicia por acusaciones de esa naturaleza son suspendidos del gremio.
Sin embargo, entiende necesario que existan mecanismos capaces de distinguir entre denuncias sustentadas y acusaciones formuladas con la intención de perjudicar a un educador.
La posición del sindicato, según explicó, no procura disminuir la protección penal de los estudiantes, sino evitar que disposiciones cuya finalidad es proteger derechos puedan interpretarse de manera que obstaculicen injustificadamente el ejercicio de la docencia.
Observaciones fueron presentadas antes de aprobarse el Código
La ADP informó que sus inquietudes sobre la reforma penal no surgieron después de su aprobación.
Hidalgo recordó que el pasado 15 de julio la organización entregó a la comisión que trabajaba el proyecto de Código Penal un documento con observaciones relativas a varios de los artículos que ahora pretende cuestionar constitucionalmente.
Según el dirigente, las preocupaciones del gremio no fueron solucionadas satisfactoriamente durante el proceso legislativo, razón por la cual se encuentran preparando la acción constitucional.
La intención es presentar el recurso a principios de septiembre, según adelantó.
Buscarán respaldo del Colegio de Abogados
La ADP también pretende sumar otros sectores a su iniciativa.
Hidalgo indicó que esperan contar con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuyo presidente, Trajano Vidal Potentini, participó en el panel realizado por el sindicato.
El encuentro contó además con las intervenciones del diputado Wandy Modesto Batista; el maestro y abogado José Vega; y el consultor jurídico de la ADP, John A. Bello. La actividad fue moderada por Nolberto Ortiz, secretario de Finanzas de la organización.
La ADP plantea que el debate sobre el nuevo Código Penal debe encontrar un punto de equilibrio entre dos intereses que considera esenciales: garantizar una protección efectiva de los estudiantes y preservar las condiciones necesarias para que los profesores puedan ejercer legítimamente sus funciones.
Año escolar comienza en medio de otras preocupaciones
Durante el encuentro con periodistas, Hidalgo también se refirió al inicio del año escolar y señaló dificultades relacionadas con infraestructura, sobrepoblación estudiantil, falta de agua y déficit de personal docente y administrativo en algunos centros educativos.
Según afirmó, determinados planteles no pudieron comenzar las clases este martes debido a que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias, por lo que algunos iniciarían sus labores la próxima semana.
De esta manera, el comienzo del nuevo período escolar coincide con un debate jurídico que podría trasladarse próximamente al Tribunal Constitucional y que coloca en discusión hasta dónde llega la responsabilidad penal del docente y cuáles garantías deben acompañar el ejercicio de su autoridad dentro de las aulas.