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Suspendida audiencia preliminar por la masacre de Curuguaty

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El fiscal y el juez de la causa fueron recusados por los abogados de uno de los campesinos acusados. La defensa alegó prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del campo, donde se generó un enfrentamiento entre campesinos y policías.

El hecho fue utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo (Foto:Archivo).

La audiencia preliminar contra 12 de los 14 acusados por la masacre de Curuguaty, Paraguay, quedó suspendida este jueves, luego de que la defensa recusara al juez José Benítez y el fiscal Mario Rachid por prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del terreno que había sido tomado por los campesinos. La acción policial generó la muerte de 17 personas.

En esta audiencia se debía definir si el caso se eleva a juicio oral, pero con esta recusación, un tribunal de apelaciones debe resolver si acepta o no este pedido.

«Consideramos que no están siendo imparciales y por el bien de la causa deben ser apartados”, remarcó el abogado Vicente Morales, representate legal del dirigente campesino Rúben Villalba, uno de los acusados.

Morales afirmó que «denunciamos varias veces al fiscal pero fue rechazada, la imparcialidad es un componente fundamental y no se puede avanzar en la causa sin la misma».

El dirigente campesino denunció mediante sus abogados, Morales y Guillermo Ferreiro, al fiscal Mario Rachid por persecución y ejecución penal.

También recordó que el fiscal presentó a los 14 acusados como “culpables”, pese a que no existe una condena firma contra ellos. En tanto que los abogados señalaron que no incluyó entre las pruebas presentadas los casquillos de armas automáticas que fueron hallados por el ex diputado colorado, Julio Colman, lo que demostraría que hay elementos que se intentan ocultar.

La audiencia para los dos menores acusados de invasión de inmueble y asociación criminal sí se realizará este jueves.

El juez Benítez debía definir si lleva a juicio oral a los 14 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de sin tierra y seis policías. La fiscalía los acusa por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.

Sin embargo, por el enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas para que “la sociedad conozca verdaderamente lo que sucedió en Curuguaty” y una huelga de hambre por parte de los acusados.

El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.

El golpe

El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria del presidente constitucionalmente electo, Fernando Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.

La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.

El vicepresidente Federico Franco del partido liberal, asumió la presidencia al usar a la masacre de Curuguaty como pretexto para destituir a Lugo, acción que venía planificando al poco tiempo de entrar al gobierno, según lo que develaron los cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en el país, desclasificados por Wikileaks.

El coordinador de camapaña del Frente Guazú, Ricardo Canale, remarcó a teleSUR que “los poderes de Paraguay están controlados por los terratenientes y sus aliados, y que por eso no se espera que la investigación terminé con los culpables tras las rejas ya que solo se investiga a los campesinos y no a los sicarios utilizados para generar la masacre, como afirman hasta expertos de otros países”.

Por esto es que Canale expresó que la única esperanza de conseguir justicia es agotar “todas las instancias judiciales internas ,donde los terratenientes son favorecidos, para concurrir a tribunales y organizaciones internaciones que puedan castigar a los responsables e instigadores del hecho”.

La desigualdad.

La masacre de Curuguaty es emblemática ya que pone de relieve el enfrentamiento entre campesinos de tierras y terratenientes como Blas Riquelme, acusado de haber comprado esas tierras ilícitamente durante la dictadura de Alfredo Strossner, donde más de ocho millones de hectáreas “fueron regaladas”, según Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales

En Paraguay el 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2 por ciento de los propietarios, lo que genera que exista una pobreza rural del 53 por ciento.

El estudio Señores de la Soja realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales afirma que el desalojo de comunidades campesinas en Paraguay forma parte de un proceso de expansión de la producción sojera, que en el país pasó de un millón de hectáreas en 1991 a 2,6 millones en 2010.

Según Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo y ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua, en la producción sojera “se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.

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El juicio de Maradona continúa con testimonios de agente inmobiliaria y dueño de la casa

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Buenos Aires, (EFE).- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue este martes con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.

Flavia Jordan, quien testificará ante el Tribunal Oral de lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, habló con la fiscalía en 2021, en declaraciones a las que tuvo acceso EFE, que “la casa la eligieron Diego y Gianinna” y que el contrato fue firmado por Jana Maradona.

Gianinna y Jana son hijas de Maradona.

Otro de los testigos confirmados es Santiago Giorello, propietario de la vivienda, quien en diciembre de 2020 declaró que cuando fue trasladado allí el astro del fútbol había manifestado sus dudas sobre si la vivienda era adecuada “porque abajo había baño pero sin ducha”.

“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. Yo, cuando fui ese jueves (19 de noviembre), no la vi por ningún lado”, afirmó.

Lo que dijeron los médicos

Este martes podrían sumarse otros testimonios si los querellantes repiten la estrategia de la audiencia anterior, cuando se llamó a declarar a Cristian Méndez (director de la Policía Científica cuando murió Maradona), el personal policial Valeria Stingo y Guadalupe Guillen y Juan Alberto Soto, encargado de la guardia del barrio cercado el día del fallecimiento, testigos que no habían sido anunciados de antemano.

Ante la queja de la defensa por la falta de previsibilidad, los jueces determinaron que no hay “obligación de avisar a los testigos citados”.

El guardia Juan Alberto Soto aportó las anotaciones realizadas el 25 de noviembre en su libro de actas, donde dejó constancia que a las “12:15 (del mediodía) llamó Maxi, secretario de Maradona, pidiendo que un médico entrara en el barrio. Se llamó al propietario Colin (Campbell Yrigoyen) del lote 36 para que se presente”.

Yrigoyen, médico y vecino del barrio de San Andrés, dijo que cuando acudió a reanimar al astro argentino no tenía signos vitales desde hacía “una o dos horas” e indicó que solo hubo ambulancias estacionadas en la puerta del domicilio durante los primeros dos días de la estancia de Maradona en el lugar, a diferencia de lo que se había anunciado previamente.

También declaró Carlos Pinto, doctor de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, quien constató la muerte tras llegar en una ambulancia con equipación médica.

Pinto dijo que, cuando llegó, hacía “más de dos horas” que Maradona estaba muerto, “por los signos de rigidez cadavérica”, que se manifiestan.

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y al momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la fiscalía.

Son juzgados en este proceso el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE

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La mayoría de la población cubana sigue en apagón 24 horas después del colapso energético

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Por Efe

Cuba.-Los trabajos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba tras el apagón total de la víspera avanzaron el pasado sábado de forma lenta y laboriosa, mientras la mayoría de la población de la isla permanece sin corriente cuando se cumplen 24 horas del colapso.

La grave crisis energética cubana -que se retroalimenta con la crisis económica que lastra al país desde hace cinco años- se evidenció con el cuarto apagón nacional en menos de seis meses, fruto de la desestabilización del sistema por una avería en una subestación de La Habana.

Hasta el momento, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la estatal Unión Eléctrica (UNE), se ha conseguido restablecer la corriente en zonas muy puntuales de casi todas las provincias del país, principalmente en torno a lo que las autoridades han denominado «centros vitales», como hospitales y centros de producción de alimentos.

En La Habana, donde el flujo había llegado durante la tarde a algunos barrios, un nuevo fallo durante las tareas de recuperación volvió a dejar sin corriente a toda la capital.

Sobre el horizonte temporal del apagón, Guerra evitó dar fechas concretas y reconoció que, aunque se han producido avances durante la jornada, y que siempre puede suceder algún imprevisto que retrase el restablecimiento del SEN.

A este respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agregó que «durante esta noche y el día de mañana se estima la entrada progresiva del resto de las unidades».

En los últimos tres apagones nacionales, registrados en octubre, noviembre y diciembre de 2024, la UNE comenzó reactivando microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diésel) y luego procedió a interconectarlos y a llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.

Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos- se prolongó durante varios días en los tres casos. El Gobierno llegó a suspender la actividad laboral y escolar en todo el país, algo sobre lo que las autoridades no se han pronunciado por el momento.

De acuerdo con el Minem y la UNE, la «desconexión» del SEN ocurrió sobre las 20.15 hora local (0:15 GMT) de este viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.

Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica con una «pérdida importante de generación en el occidente de Cuba» y, posteriormente, la «caída total» del sistema.

El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y fueloil para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias para importar suficiente.

Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.

Según diversos cálculos independientes, el Gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el SEN, una inversión fuera de su alcance. Y cualquier solución sería posible tan sólo a largo plazo.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo a esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes también generan un fuerte descontento social y han sido detonante en los últimos años de inusuales protestas en la isla, como las masivas del 11 de julio de 2021, las del verano de 2022 en La Habana y Nuevitas (este) o las del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.

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Latinoamericanas

Nueva masacre en México deja al menos 7 muertos y 4 heridos

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Agencias

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Siete personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque armado la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza, en el municipio de Salamanca (Guanajuato, México), cuando una camioneta se detuvo cerca de la cancha de usos múltiples de la localidad y hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes, informaron medios locales.

Entre las víctimas hay jóvenes, adolescentes e incluso al menos un menor de edad. Los servicios de emergencia, entre ellos la Guardia Nacional y la Cruz Roja, acudieron inmediatamente al lugar, donde se encontraron alrededor de 50 casquillos de rifles. Las autoridades locales restringieron el acceso a la comunidad e iniciaron operaciones de búsqueda de los atacantes, que huyeron en el mismo vehículo.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó el ataque y reiteró el compromiso de restablecer la paz en la región, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad. «No daremos un paso atrás en nuestra lucha por recuperar la paz en Salamanca. El atroz hecho que le arrebató la vida a personas inocentes en la comunidad de San José de Mendoza no quedará impune», escribió en sus redes sociales.

Salamanca se ha visto envuelta en una ola de violencia y este 2025 puede ser uno de los años más violentos en los tiempos recientes.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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