El fiscal y el juez de la causa fueron recusados por los abogados de uno de los campesinos acusados. La defensa alegó prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del campo, donde se generó un enfrentamiento entre campesinos y policías.

El hecho fue utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo (Foto:Archivo).

La audiencia preliminar contra 12 de los 14 acusados por la masacre de Curuguaty, Paraguay, quedó suspendida este jueves, luego de que la defensa recusara al juez José Benítez y el fiscal Mario Rachid por prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del terreno que había sido tomado por los campesinos. La acción policial generó la muerte de 17 personas.

En esta audiencia se debía definir si el caso se eleva a juicio oral, pero con esta recusación, un tribunal de apelaciones debe resolver si acepta o no este pedido.

«Consideramos que no están siendo imparciales y por el bien de la causa deben ser apartados”, remarcó el abogado Vicente Morales, representate legal del dirigente campesino Rúben Villalba, uno de los acusados.

Morales afirmó que «denunciamos varias veces al fiscal pero fue rechazada, la imparcialidad es un componente fundamental y no se puede avanzar en la causa sin la misma».

El dirigente campesino denunció mediante sus abogados, Morales y Guillermo Ferreiro, al fiscal Mario Rachid por persecución y ejecución penal.

También recordó que el fiscal presentó a los 14 acusados como “culpables”, pese a que no existe una condena firma contra ellos. En tanto que los abogados señalaron que no incluyó entre las pruebas presentadas los casquillos de armas automáticas que fueron hallados por el ex diputado colorado, Julio Colman, lo que demostraría que hay elementos que se intentan ocultar.

La audiencia para los dos menores acusados de invasión de inmueble y asociación criminal sí se realizará este jueves.

El juez Benítez debía definir si lleva a juicio oral a los 14 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de sin tierra y seis policías. La fiscalía los acusa por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.

Sin embargo, por el enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas para que “la sociedad conozca verdaderamente lo que sucedió en Curuguaty” y una huelga de hambre por parte de los acusados.

El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.

El golpe

El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria del presidente constitucionalmente electo, Fernando Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.

La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.

El vicepresidente Federico Franco del partido liberal, asumió la presidencia al usar a la masacre de Curuguaty como pretexto para destituir a Lugo, acción que venía planificando al poco tiempo de entrar al gobierno, según lo que develaron los cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en el país, desclasificados por Wikileaks.

El coordinador de camapaña del Frente Guazú, Ricardo Canale, remarcó a teleSUR que “los poderes de Paraguay están controlados por los terratenientes y sus aliados, y que por eso no se espera que la investigación terminé con los culpables tras las rejas ya que solo se investiga a los campesinos y no a los sicarios utilizados para generar la masacre, como afirman hasta expertos de otros países”.

Por esto es que Canale expresó que la única esperanza de conseguir justicia es agotar “todas las instancias judiciales internas ,donde los terratenientes son favorecidos, para concurrir a tribunales y organizaciones internaciones que puedan castigar a los responsables e instigadores del hecho”.

La desigualdad.

La masacre de Curuguaty es emblemática ya que pone de relieve el enfrentamiento entre campesinos de tierras y terratenientes como Blas Riquelme, acusado de haber comprado esas tierras ilícitamente durante la dictadura de Alfredo Strossner, donde más de ocho millones de hectáreas “fueron regaladas”, según Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales

En Paraguay el 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2 por ciento de los propietarios, lo que genera que exista una pobreza rural del 53 por ciento.

El estudio Señores de la Soja realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales afirma que el desalojo de comunidades campesinas en Paraguay forma parte de un proceso de expansión de la producción sojera, que en el país pasó de un millón de hectáreas en 1991 a 2,6 millones en 2010.

Según Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo y ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua, en la producción sojera “se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.