Latinoamericanas
Suspendida audiencia preliminar por la masacre de Curuguaty
El fiscal y el juez de la causa fueron recusados por los abogados de uno de los campesinos acusados. La defensa alegó prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del campo, donde se generó un enfrentamiento entre campesinos y policías.
El hecho fue utilizado para derrocar al presidente Fernando Lugo (Foto:Archivo).
La audiencia preliminar contra 12 de los 14 acusados por la masacre de Curuguaty, Paraguay, quedó suspendida este jueves, luego de que la defensa recusara al juez José Benítez y el fiscal Mario Rachid por prevaricato y parcialidad a favor de la firma que pidió el desalojo del terreno que había sido tomado por los campesinos. La acción policial generó la muerte de 17 personas.
En esta audiencia se debía definir si el caso se eleva a juicio oral, pero con esta recusación, un tribunal de apelaciones debe resolver si acepta o no este pedido.
«Consideramos que no están siendo imparciales y por el bien de la causa deben ser apartados”, remarcó el abogado Vicente Morales, representate legal del dirigente campesino Rúben Villalba, uno de los acusados.
Morales afirmó que «denunciamos varias veces al fiscal pero fue rechazada, la imparcialidad es un componente fundamental y no se puede avanzar en la causa sin la misma».
El dirigente campesino denunció mediante sus abogados, Morales y Guillermo Ferreiro, al fiscal Mario Rachid por persecución y ejecución penal.
También recordó que el fiscal presentó a los 14 acusados como “culpables”, pese a que no existe una condena firma contra ellos. En tanto que los abogados señalaron que no incluyó entre las pruebas presentadas los casquillos de armas automáticas que fueron hallados por el ex diputado colorado, Julio Colman, lo que demostraría que hay elementos que se intentan ocultar.
La audiencia para los dos menores acusados de invasión de inmueble y asociación criminal sí se realizará este jueves.
El juez Benítez debía definir si lleva a juicio oral a los 14 campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de sin tierra y seis policías. La fiscalía los acusa por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.
Sin embargo, por el enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas para que “la sociedad conozca verdaderamente lo que sucedió en Curuguaty” y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. «Los culpables no son los que hoy están presos», remarcó.
El golpe
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria del presidente constitucionalmente electo, Fernando Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
El vicepresidente Federico Franco del partido liberal, asumió la presidencia al usar a la masacre de Curuguaty como pretexto para destituir a Lugo, acción que venía planificando al poco tiempo de entrar al gobierno, según lo que develaron los cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en el país, desclasificados por Wikileaks.
El coordinador de camapaña del Frente Guazú, Ricardo Canale, remarcó a teleSUR que “los poderes de Paraguay están controlados por los terratenientes y sus aliados, y que por eso no se espera que la investigación terminé con los culpables tras las rejas ya que solo se investiga a los campesinos y no a los sicarios utilizados para generar la masacre, como afirman hasta expertos de otros países”.
Por esto es que Canale expresó que la única esperanza de conseguir justicia es agotar “todas las instancias judiciales internas ,donde los terratenientes son favorecidos, para concurrir a tribunales y organizaciones internaciones que puedan castigar a los responsables e instigadores del hecho”.
La desigualdad.
La masacre de Curuguaty es emblemática ya que pone de relieve el enfrentamiento entre campesinos de tierras y terratenientes como Blas Riquelme, acusado de haber comprado esas tierras ilícitamente durante la dictadura de Alfredo Strossner, donde más de ocho millones de hectáreas “fueron regaladas”, según Magui Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales
En Paraguay el 85 por ciento de las tierras, unas 30 millones de hectáreas, están en manos del 2 por ciento de los propietarios, lo que genera que exista una pobreza rural del 53 por ciento.
El estudio Señores de la Soja realizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales afirma que el desalojo de comunidades campesinas en Paraguay forma parte de un proceso de expansión de la producción sojera, que en el país pasó de un millón de hectáreas en 1991 a 2,6 millones en 2010.
Según Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo y ex asesor de la reforma agraria en Nicaragua, en la producción sojera “se utiliza maquinarias de alta potencia para preparar el suelo, sembrar y distribuir fertilizantes de una sola vez, proceso que economiza mano de obra y concentra tierras debido a la cantidad de dinero que se necesita para acceder a este sistema”.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.