Análisis Noticiosos
“Ta bien que sí, pero que no”
Por Juan Bolívar Díaz
Que se envíe al Congreso el proyecto de reforma de la Policía
En octubre del 2011 Amnistía Internacional publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana con el impactante título de “Cállate si no quieres que te matemos”, donde una vez más documentó los atropellos policiales a los derechos humanos de los más pobres de la sociedad dominicana, especialmente las ejecuciones extrajudiciales que aquí se ha bautizado un tanto deportivamente como “muertos en intercambios de disparos”.
No es un invento que muchos delincuentes resisten el arresto, disparando a la policía, en cuyo caso nadie puede esperar que los agentes se dejen matar. Pero es que todos sabemos y se ha documentado de sobra incluso en vídeos que dan la vuelta al mundo, algunos de los cuales han quedado permanentemente en la Internet, que en la mayoría de los casos se trata de auténticas ejecuciones, asesinatos a mansalva a menudo con abundancia de testigos, hasta en las camas de los perseguidos.
Más allá del primitivismo de esa política, que deja en manos de cualquier policía disponer quién vive y quién no en los barrios policiales, y más allá de la sensibilidad de quienes no se callan ante esas ignominias, está el hecho de que muchas veces los fusilamientos policiales persiguen cerrar y silenciar casos de múltiples implicaciones criminales, como del narcotráfico, que de esa forma quedan como definitivamente juzgados por una nota de prensa de la Policía Nacional, protegiendo a los mayores responsables.
Es que además resulta absurdo otorgar el derecho a matar a una policía plagada de delincuentes, como queda evidenciado en la alta proporción de crímenes y delitos comunes en que se envuelven sus propios miembros y en los miles que han tenido que ser despedidos por violaciones que no dilucidan los tribunales ni la opinión pública.
En las últimas semanas se han producido acontecimientos conmovedores que seguro figurarán en el próximo informe de Amnistía Internacional, como en los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Departamento de Estado norteamericano. Para mayor descrédito y vergüenza de los dominicanos.
Diputados que instruyen al jefe de la Policía Nacional para que le “den pa’ abajo” a los delincuentes, cardenal que pide que “les aprieten la tuerca”, jefe policial que decreta la muerte anticipada de perseguido, y se le ejecuta, informes de un comando especial de aniquilamiento y un alarmante incremento de los muertos por la Policía, más de tres mil en la última década, pese a lo cual la delincuencia sigue en incremento.
Esta semana se produjo un acontecimiento realmente insólito, cuando el joven Johancel Martínez Cabrera dijo lo siguiente ante el Juez de Atención Permanente del Distrito Nacional: “La Policía me ha pegado a mi muchísimos muertos. Yo me entregué por medio de la televisión, porque lo que quieren es matarme. No participé en eso que me están acusando, pero si usted me manda para la calle, la Policía me va a matar. Mándeme a La Victoria (la cárcel), déjeme preso para que no me maten”.
La ocurrencia no tiene precedente. Pero resalta hasta dónde ha llegado la política del Estado, que eso es, de ejecuciones al margen de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahora que el gobierno del presidente Danilo Medina parece empeñado en enmendar obscenidades, cualquiera alberga la esperanza de que disponga punto final a esa política. Que envíe cuanto antes al Congreso el proyecto de reforma de la Policía Nacional que ya tiene listo, y que proclame una forma civilizada de combatir la delincuencia. Que no sigamos indiferentes ante tantos crímenes a nombre del combate al crimen. Como dice la sabiduría popular “ta bien que sí, pero que no”.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.