Por Narciso Isa Conde
El tablazo fiscal fue sometido a un congreso degradado, depositado por un gobernante evasor de impuestos en paraísos fiscales, en un país impactado en cuatro décadas por contrarreformas neoliberales generadoras de desigualdades brutales y penurias dramáticas; montadas sobre la ominosa colonización y recolonización.
Esto ha disparado a niveles sin precedentes la concentración de riquezas y poder en unas pocas familias y grupos económicos, el predominio de la usura financiera y la gansterización extrema del capital, el estado y su sistema de partidos.
El crecimiento alcanzado -vía endeudamientos, remesas, narco-economía, pasivos ambientales, robo al estado y degradación moral y cultural- ha sido manipulado para favorecer el control del mercado por grandes corporaciones y el enriquecimiento de minorías a base de la apropiación y deterioro del patrimonio natural.
Todo esto converge con salarios miserables, presupuestos deficitarios, significativamente disminuidos por deudas públicas onerosas; con una bajísima inversión de capital y elevados gastos corrientes; acompañado de un sistema impositivo regresivo, sustentado en un 70% por impuestos al consumo (ITBIS), aportados por los más pobres, con bajas cargas a la gran propiedad y las mega-ganancias y muchas evasiones de las elites capitalistas asociadas a la cleptocracia.
Reformar en situaciones así, no es simplemente modernizar. Es modificar significativamente esta realidad a favor de los pobres y sectores medios de bajos y moderados ingresos… necesariamente a costa de los mega-ricos, sin favorecerlo a nombre de una falsa neutralidad
Eso exige erradicar el latifundio, recuperar terrenos urbanos usurpados, propiedades y bienes del estado privatizados en forma onerosa o usurpados. Impuestos progresivos a las altas ganancias y a propiedades inmobiliarias suntuosas. Salarios y pensiones dignas. Participación de los trabajadores en los beneficios de las grandes empresas. Cobrar pasivos y daños ambientales a las empresas mineras, turísticas, granceras, aserraderos e industrias contaminantes, gravar el capital natural del país explotado por corporaciones privadas. Renegociar deudas. Reformar el gasto público a favor de la ampliación de servicios sociales de calidad y aprobar presupuestos con más inversión de capital y menos gastos corrientes y dispendios.
Hay que reducir impuestos al consumo (ITBIS), no aumentarlos (IVA)-Incrementar y especificar prioridades de presupuestos de salud, educación, medio ambiente, mujer, justicia y cultura. Reducir los de Presidencia, defensa, PN, botellas, JCE-partidos, Congreso (barrilito, exoneraciones, privilegios).
La propuesta de generalizar los impuestos al consumo, con solo 7 excepciones, y el conjunto de medidas que golpean las capas medias de bajos y medianos ingresos (placas, viviendas, son criminales y han provocado indignación justificada. Decir que aumentar el salario mínimo del sector público de la miserable suma de 10 mil pesos a 15 mil mensuales y la tarjeta de alimentos en 350 pesos, es una gran burla. Solo nos queda tomar las calles para derrotar ese tablazo y crear una propuesta político-social que dispute el poder.