Santo Domingo, RD.-El nuevo horario de toque de queda decretado por el Gobierno son las restricciones más fuertes hasta la fecha desde la aparición en el país de la pandemia del Covid-19 para evitar el aumento del contagio durante este nuevo año 2021.Más Noticias
Nuevo toque de queda con tapones y arrestos.
Santo Domingo, RD.-El nuevo horario de toque de queda decretado por el Gobierno son las restricciones más fuertes hasta la fecha desde la aparición en el país de la pandemia del Covid-19 para evitar el aumento del contagio durante este nuevo año 2021.Estas medidas prohíben el libre tránsito de las personas, salvo algunas excepciones, durante los sábados y domingos a partir de las 12:00 del mediodía hasta la 5:00 de la mañana del día siguiente, hasta por lo menos el 10 de enero.
Como consecuencia de esta reducida ventana para desplazarse, ciudadanos se han encontrado atrapados en prolongados embotellamientos cerca del inicio del toque de queda, principalmente en los retenes policiales.
Casos como este se han visto durante este fin de semana en las principales avenidas y calles del Distrito Nacional, y el resto de Santo Domingo, aunque el ejemplo más prominente se produjo al Sur del país.
Las carreteras que comunican la referida región con el Gran Santo Domingo fueron protagonistas de kilométricos taponamientos, los cuales fueron registrados en videos virales encontrados en redes sociales.
El tapón se mostró principalmente difícil en el tramo entre las provincias Azua y Peravia, que por su estrechez, es propenso a ralentizar el flujo de vehículos.
La ciudad
Según reportes realizados por periodistas de este medio, el comportamiento de las personas tras iniciar el toque de queda sigue el mismo patrón: mucho movimiento vehicular minutos después de iniciar el horario restrictivo, para luego ir disminuyendo paulatinamente hasta prácticamente detenerse.
Así ocurrió durante el primer día del toque de queda iniciando a las 12:00 del mediodía en el Distrito Nacional y Santo Domingo, donde se constató que en avenidas usualmente concurridas como la Máximo Gómez, 27 de Febrero y John F. Kennedy seguir este modelo.
Pero mientras avanzaba las horas se observó otra variante, empleados y contratistas de diversos establecimientos con servicio a domicilio componían la mayor parte de los vehículos que recorrían las vías.
Santiago
En la ciudad de Santiago de los Caballeros existía un ambiente ligeramente diferente ese mismo día, ya que desde las 12:30 de la tarde se podía apreciar un ambiente solitario en sus principales calles, que usualmente se mantenían congestionadas minutos después de comenzar el horario del toque de queda.
De acuerdo con un recorrido realizado por la mencionada comunidad un equipo de reporteros del LISTÍN DIARIO, se comprobó que los establecimientos comerciales estaban cerrados en su totalidad y pocas personas y vehículos circulaban, por calles que ya desde las 11:00 de la mañana eran recorridas por agentes de la Policía Nacional.
Comportamiento
Otro de los factores que compartieron los recorridos realizados por este medio fue la presencia de algunas personas en las calles tras el inicio del toque de queda.
Se pudo observar algunos niños jugando en las calles y jóvenes reunidos en esquinas de los barrios como Los Girasoles, La Puya de Arroyo Hondo, Cristo Rey, Villas Agrícolas y Villa Juan, a pesar del cierre de los negocios circundantes a sus zonas.
Estos se encontraban correteando en las calles, montando bicicletas, o practicando algún tipo de deporte.
En Los Girasoles los jóvenes se reunían en esquinas a conversar y tomar bebidas alcohólicas. En calles secundarias se atisbó aglomeraciones de personas conversando o bailando, aunque no se escuchaba música alta.
Además, en La Puya de Arroyo Hondo habían adolescentes practicando basquetbol en una cancha, a pesar de estar clausurado espacios públicos abiertos al aire libre como gimnasios y lugares dedicados a prácticas deportivas.
En algunas vías de Cristo Rey, Villas Agrícolas y Villa Juana igualmente había personas sentadas en sus galerías o en las aceras.
En Santiago la situación era parecida con comunitarios de diversos sectores consumiendo bebidas alcohólicas en grupo, y al percatarse de algún agente del orden público, escapaban por callejones y se encerraban en casas cercanas al lugar donde se encontraban.
Quejas
Las críticas de los ciudadanos sobre el nuevo toque de queda no se hicieron esperar, y durante el sábado los ciudadanos dejaron mostrar su descontento con la medida.
Entre los más afectados estuvieron los usuarios de los transportes públicos que salieron a laborar durante la mañana, saliendo demasiado tarde de sus trabajos como para alcanzar los últimos autobuses o carritos públicos de la jornada.
“Tenían que ponerlo aunque sea a las 2:00 de la tarde, pero no a las 12:00 del mediodía. Voy para Los Guaricanos y no hay transporte”, afirmó un joven que pretendía trasladarse a su hogar.
Otros simplemente se resignaron a irse caminando vociferando que las imposiciones de las autoridades “los habían dejado a pies”.
En Santiago las quejas se centraron en el cierre temprano de los establecimientos de venta de alimentos.
La situación creó dificultades para las familias que todavía no contaban con el capital para cocinar el almuerzo del día antes de iniciar las restricciones, por lo que las tiendas a las que iban ya estaban cerradas cuando ya tenían el dinero.
“Mi esposo salió temprano a vender algunas frutas, las ventas están lentas, pero regresó faltando 10 minutos para las 12:00 del mediodía para comprar la comida, visité varios colmados, pero tenían sus puertas cerradas, ahora qué comeremos”, manifestó Georgina García, residente en el sector El Semillero, del Distrito Municipal de Santiago Oeste.
Domingo
Ayer residentes del Gran Santo Domingo siguieron el mismo libreto. En las vías principales había un tránsito limitado alrededor de la 1:00 p.m., con incluso algunas instancias donde no circulaba ningún vehículo.
Pero en populosos sectores visitados, como en La Zurza, La Ciénega, Capotillo, Ensanche Luperón, La Duarte y Guachupita, se comprobó una mayor actividad, aunque no precisamente vehicular.
Conforme reporteros de este periódico, algunos ciudadanos de estos sectores se encontraban fuera de sus hogares, compartiendo, sin distanciamiento físico o cubrebocas. Por igual se confirmó que dentro de estas localidades que la presencia de agentes policiales y militares era casi nula.
Arrestos
En total la Policía Nacional (PN) reportó que, desde el inicio de las festividades de nochevieja hasta el pasado sábado 2 de enero, apresaron a 3,918 personas por violar la disposición del toque de queda. Los operativos durante la Víspera de Año Nuevo y el primer día del 2021 resultaron en el apresamiento de 2,776 personas.
De esta cifra, 1,269 se encontraban aglomeradas, compartiendo en calles y negocios, mientras que 1,286 transitaban en motocicletas y 221 en vehículos, siendo sus respectivos medios de transporte retenidos.
Asimismo, informaron que nueve personas fueron sometidas a la justicia por rebelión contra las autoridades, mientras que 595 le impusieron sanciones administrativas por ignorar el uso de mascarillas.
En tanto, el 2 de enero la Policía detuvo a unas 1,142 personas por esta misma razón, siendo el Distrito Nacional la localidad con mayor número de ciudadanos apresados, con 113.
Sin embargo, la parte norte del país fue la demarcación con mayor cantidad de detenciones (377), mientras que el Gran Santo Domingo contó con 353 apresados.
En la zona sur del país fueron notificados 275 arrestados, y en el este 137, con la provincia de Hato Mayor la de menor incidencia por incumplimiento de las normas establecidas, con 3 personas detenidas.
Decreto
El Gobierno emitió el decreto 740-20, el cual estableció el nuevo horario de toque de queda entre el 1 y el 10 enero, de 5:00 p.m. a 5 a.m, con dos horas de libre tránsito, de lunes a viernes. Durante sábados y domingos esta medida se endurece y pasa a iniciar a las 12:00 p.m. a 5:00 a.m.
Sin embargo se permite la circulación de personas dedicadas a los servicios de salud como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico.
EMERGENCIAS
Permisos para circular
Quienes tengan una emergencia médica que necesiten dirigirse a algún centro de salud o farmacia; los dedicados a labores de seguridad privada; miembros de la prensa y demás medios de comunicación y operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y combustible debidamente identificados.
También están los pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que estén trasladando a estos, así como empleados del sector de transporte marítimo y aéreo debidamente identificados en tránsito hacia o desde puertos y aeropuertos.
Las autoridades enfrentan una creciente demanda de intervenciones por riñas, violencia de género, contaminación acústica y desacuerdos entre vecinos, situaciones que representan un desafío para la prevención de homicidios y la seguridad ciudadana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Policía Nacional enfrenta importantes desafíos operativos debido a la frecuencia de conflictos familiares, enfrentamientos entre ciudadanos y alteraciones de la convivencia comunitaria, que obligan a movilizar personal y recursos para impedir que situaciones cotidianas terminen en hechos de violencia.
Las discusiones por estacionamientos, el volumen excesivo de la música, los problemas de pareja y las diferencias personales figuran entre los incidentes que requieren intervenciones policiales constantes en distintos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con estadísticas oficiales reseñadas este domingo, aproximadamente el 59 % de los homicidios registrados en República Dominicana está relacionado con conflictos de convivencia y problemas interpersonales, lo que evidencia que una proporción significativa de las muertes violentas se produce fuera del ámbito de los atracos y de las actividades atribuidas a organizaciones criminales.
Conflictos sociales concentran gran parte de los hechos violentos
Los datos citados indican que durante los últimos dos meses más del 70 % de los hechos violentos registrados estuvo vinculado con situaciones de conflictividad social, una proporción superior al comportamiento tradicional, situado entre el 58 % y el 60 %.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución pacífica de controversias en las comunidades.
Los enfrentamientos pueden comenzar con desacuerdos aparentemente menores, pero adquirir mayor gravedad cuando intervienen otras personas, existe consumo de alcohol o alguno de los involucrados utiliza armas.
En esas circunstancias, las patrullas policiales deben desplazarse hasta el lugar de los acontecimientos, identificar a los participantes y adoptar las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad.
Violencia de género representa otro desafío para las autoridades
La localización de personas requeridas por la justicia por delitos relacionados con violencia de género constituye otra de las responsabilidades que demandan esfuerzos de la institución policial.
Según datos ofrecidos por la Policía Nacional el mes pasado, 53,877 personas figuraban con órdenes pendientes de localización por distintas infracciones penales.
De ese universo, 17,635, equivalentes al 32.7 %, estaban vinculadas a imputaciones por violencia de género.
La cantidad de requerimientos pendientes evidencia la magnitud de las labores de búsqueda y localización, así como la necesidad de garantizar respuestas oportunas para proteger a las víctimas.
En los casos de violencia intrafamiliar, las intervenciones requieren especial atención por la posibilidad de amenazas reiteradas, agresiones y situaciones que pueden poner en peligro la integridad física o la vida de las personas afectadas.
No obstante, el número de órdenes pendientes no representa necesariamente la cantidad de casos activos atendidos diariamente ni permite establecer por sí solo el volumen de personal policial asignado a esas actuaciones.
Ruido y fiestas callejeras generan conflictos entre residentes
La contaminación acústica también constituye una fuente recurrente de enfrentamientos comunitarios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR-MICS 2025, citados en el informe, el 40.4 % de los hogares manifestó estar expuesto a música elevada procedente de bares, colmados o viviendas vecinas.
Otro 38 % reportó afectaciones por ruidos originados en vehículos, talleres mecánicos y plantas eléctricas.
Estos problemas ocasionan denuncias constantes y pueden provocar disputas cuando los responsables de las emisiones sonoras desatienden los reclamos de quienes se consideran perjudicados.
Los operativos contra las fiestas callejeras conocidas como teteos y los equipos de sonido utilizados a volúmenes excesivos forman parte de las acciones dirigidas a preservar la tranquilidad pública.
Dependiendo de las circunstancias, estas actuaciones requieren coordinación con el Ministerio Público y las autoridades responsables de la protección ambiental.
Disputas por estacionamientos pueden terminar en agresiones
Los desacuerdos relacionados con el uso de parqueos y espacios comunes también representan un motivo de intervención policial.
Un conflicto reciente en el residencial El Sembrador, ubicado en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, puso de relieve cómo las diferencias entre residentes pueden agravarse y provocar situaciones de peligro.
Según versiones ofrecidas por vecinos, el enfrentamiento se produjo en medio de desacuerdos sobre la utilización de estacionamientos asignados a los apartamentos.
Durante el incidente, un hombre fue captado en video portando una escopeta y un cinturón con municiones, circunstancia que generó preocupación entre los residentes.
Este tipo de acontecimientos evidencia la importancia de disponer de mecanismos de administración y resolución de controversias en complejos residenciales, especialmente cuando existen diferencias sobre derechos de uso de áreas compartidas.
Manifestaciones también requieren despliegue policial
Las protestas comunitarias y las movilizaciones ciudadanas representan otra responsabilidad para los organismos encargados de mantener la seguridad pública.
Las manifestaciones motivadas por deficiencias en los servicios de agua potable, electricidad, asfaltado y otras demandas sociales requieren medidas de organización del tránsito y protección de los participantes.
La presencia policial en estos escenarios debe orientarse a garantizar tanto la seguridad ciudadana como el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Cuando existe riesgo de enfrentamientos, corresponde a las unidades especializadas actuar bajo criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Prevención y mediación como alternativas
El volumen de incidentes derivados de problemas de convivencia plantea la necesidad de complementar las actuaciones policiales con mecanismos institucionales de prevención.
La mediación comunitaria, la educación ciudadana, la intervención temprana y la coordinación con organizaciones sociales pueden contribuir a evitar que determinados desacuerdos terminen en agresiones.
Sin embargo, en situaciones de violencia intrafamiliar o de género, la mediación no debe sustituir las medidas de protección ni los procedimientos legales que correspondan, especialmente cuando existe riesgo para las víctimas.
Los especialistas en seguridad ciudadana consideran fundamental diferenciar los conflictos susceptibles de soluciones dialogadas de aquellos que requieren una intervención policial y judicial inmediata.
Seguridad ciudadana más allá de la delincuencia organizada
Las estadísticas expuestas revelan que los desafíos de seguridad no se limitan al combate contra estructuras criminales, narcotráfico y delitos patrimoniales.
Una parte importante de la violencia surge de relaciones familiares, diferencias personales y dificultades de convivencia que pueden intensificarse cuando no existen mecanismos eficaces de prevención.
Esta realidad obliga a desarrollar estrategias de seguridad que incorporen la educación para la convivencia, la protección de personas vulnerables y una mayor capacidad de respuesta institucional.
El principal desafío consiste en evitar que las diferencias cotidianas se conviertan en acontecimientos violentos, al tiempo que se garantiza que la Policía Nacional disponga de recursos suficientes para atender las emergencias y cumplir sus demás responsabilidades de seguridad ciudadana.
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Reportan posible secuestro de cinco soldados de El Salvador por bandas armadas en Haití
Los militares habrían desaparecido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, mientras persiste la incertidumbre sobre su paradero. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el incidente.
SANTO DOMINGO.– La presunta desaparición de cinco militares salvadoreños desplegados en Haití ha generado preocupación en medio del deterioro de la seguridad que afecta a ese país, luego de que trascendieran informaciones sobre un posible secuestro perpetrado por organizaciones criminales que operan en la capital haitiana.
Según informaciones divulgadas este domingo por el periódico dominicano El Día, citando fuentes relacionadas con la crisis haitiana, los integrantes del contingente internacional habrían quedado aislados en una zona situada al norte del aeropuerto de Puerto Príncipe, donde posteriormente se habría perdido contacto con ellos.
Las versiones preliminares señalan que, cuando unidades de apoyo llegaron al lugar donde presuntamente se encontraban los soldados, estos ya no estaban presentes.
También se teme que dos de los cinco efectivos hayan resultado heridos, aunque esa información tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Sin confirmación de las autoridades
Hasta el momento de la publicación de las informaciones, ni el Gobierno de El Salvador ni las autoridades haitianas o los responsables de la misión internacional de seguridad habían ofrecido una declaración pública que permitiera confirmar el supuesto secuestro.
El medio que difundió la noticia indicó que intentó obtener una versión del Gobierno salvadoreño, sin conseguir una respuesta oficial.
La ausencia de confirmación mantiene abiertas las interrogantes sobre las circunstancias de la desaparición denunciada, la condición física de los militares y la posible participación de grupos armados.
El Salvador participa en operaciones internacionales contra las pandillas
El personal salvadoreño forma parte de los esfuerzos internacionales desplegados para apoyar a las instituciones haitianas en el enfrentamiento de las organizaciones criminales que mantienen bajo su influencia importantes sectores de Puerto Príncipe.
La participación de El Salvador comenzó con labores relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y posteriormente fue ampliada para incorporar otras capacidades de apoyo operativo.
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó la continuidad de la participación de efectivos, aeronaves y recursos militares en las operaciones internacionales desarrolladas en territorio haitiano.
En abril de 2026, el Ministerio de Defensa de ese país había informado sobre el despliegue de la denominada Fuerza de Tarea Libertad, destinada a realizar operaciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, patrullaje aéreo y apoyo a las autoridades de seguridad de Haití.
Un informe de Naciones Unidas había documentado anteriormente la presencia de 77 efectivos salvadoreños asignados a funciones de asistencia y evacuación médica.
Grupos criminales mantienen influencia sobre zonas estratégicas
El supuesto incidente ocurre en un contexto de persistente violencia, caracterizado por el control o influencia que ejercen las pandillas sobre numerosos sectores de la capital haitiana y corredores de comunicación estratégicos.
Las organizaciones armadas han logrado mantener capacidad de movilización y operación pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales y de los contingentes internacionales desplegados para contenerlas.
Un informe correspondiente al período abril-agosto de 2026 advirtió sobre la influencia de estos grupos en rutas de acceso a Puerto Príncipe y otras áreas consideradas esenciales para la movilidad y el funcionamiento de servicios.
De acuerdo con los datos reseñados, al 31 de agosto la fuerza internacional contaba con 1,213 efectivos uniformados provenientes de seis países, incluido El Salvador.
Posible impacto sobre la misión internacional
De confirmarse el secuestro, el incidente representaría un nuevo desafío para las operaciones internacionales de seguridad en Haití, particularmente por haberse producido presuntamente en las proximidades de una infraestructura estratégica como el aeropuerto de la capital.
También pondría de relieve los riesgos que enfrentan los contingentes extranjeros encargados de colaborar con las fuerzas haitianas en un territorio donde las organizaciones criminales mantienen una considerable capacidad de acción.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés GSF, dispone de un mandato para desarrollar operaciones contra estructuras criminales, proteger instalaciones estratégicas y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones de seguridad haitianas.
Sin embargo, las dificultades para recuperar el control de zonas dominadas por grupos armados continúan representando un importante obstáculo para la estabilización del país.
Mientras se espera una declaración de las autoridades correspondientes, persiste la incertidumbre sobre la situación de los cinco militares salvadoreños.
Hasta que exista una confirmación oficial o evidencia independiente suficiente, el supuesto secuestro debe considerarse una información preliminar y no un hecho comprobado.
Fuente de la información inicial: periódico El Día, 18 de octubre de 2026.
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Tribunal descarta prisión preventiva contra psiquiatra investigada por internamiento involuntario de ingeniero
La doctora Ylsa Emperatriz Quero Cabrera deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y cumplir una garantía económica de RD$50,000. Su defensa sostiene que la imputación carece de pruebas suficientes y cuestiona la actuación del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso medidas de coerción no privativas de libertad contra la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, investigada por su presunta participación en el internamiento involuntario de un ingeniero en un centro de salud mental.
El magistrado Leomar Cruz Quezada ordenó que la profesional cumpla con presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000, rechazando la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos de la defensa sobre los elementos probatorios utilizados para vincular a la médica con los acontecimientos investigados.
Defensa rechaza imputaciones contra la especialista
El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Quero Cabrera, afirmó que el órgano acusador no ha presentado evidencias suficientes para establecer la presunta participación de su defendida en los hechos.
El jurista argumentó que la psiquiatra ni siquiera aparece mencionada en una acusación presentada anteriormente dentro del mismo expediente, circunstancia que, a su entender, debilita los fundamentos de la nueva imputación.
Asimismo, cuestionó que la investigación contra su representada se apoye en declaraciones atribuidas a otra persona involucrada en el proceso.
Según explicó, una de las imputadas habría manifestado que actuó siguiendo instrucciones de la profesional de la salud mental, versión cuya credibilidad y circunstancias deben ser examinadas por las autoridades judiciales.
Pérez también objetó la calificación jurídica relacionada con una presunta complicidad en violencia intrafamiliar, al considerar que el Ministerio Público no ha explicado adecuadamente los fundamentos de esa atribución.
Investigación por traslado e internamiento contra la voluntad del paciente
El caso se relaciona con el traslado de un ingeniero desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, hacia un establecimiento dedicado a la atención de pacientes con condiciones de salud mental.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre habría sido trasladado e ingresado al centro sin su consentimiento.
Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el procedimiento y la posible intervención de distintas personas en su ejecución.
Entre las involucradas figura Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero, quien también enfrenta imputaciones relacionadas con los hechos.
Según la versión atribuida a esta última por los investigadores, el ingreso del paciente se habría realizado siguiendo indicaciones de Quero Cabrera.
La defensa de la especialista rechaza esa interpretación y asegura que sus actuaciones se desarrollaron dentro de un protocolo de atención médica.
Profesionales de la salud expresan preocupación
La audiencia estuvo acompañada de manifestaciones de respaldo a la psiquiatra por parte de médicos y especialistas en salud mental, quienes acudieron a las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
Los profesionales expresaron inquietud por las posibles consecuencias que procesos de esta naturaleza podrían tener sobre la atención de personas que atraviesan situaciones de emergencia psiquiátrica.
El abogado Pérez advirtió que la judicialización de determinadas actuaciones médicas podría generar temor entre especialistas al momento de intervenir en casos que requieran decisiones urgentes.
No obstante, la controversia también plantea la necesidad de garantizar que cualquier internamiento involuntario se realice bajo los requisitos legales, las evaluaciones clínicas correspondientes y el respeto a los derechos fundamentales del paciente.
Debate sobre responsabilidad médica y derechos de los pacientes
El proceso judicial ha puesto de relieve la importancia de establecer una diferenciación entre las intervenciones médicas justificadas por razones clínicas y aquellas actuaciones que pudieran constituir restricciones ilegales a la libertad individual.
En situaciones de emergencia psiquiátrica, la protección de la salud del paciente debe armonizarse con su dignidad, autonomía y las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
La existencia de una indicación profesional no elimina automáticamente la necesidad de comprobar las condiciones en que se produjo un traslado o internamiento.
De igual manera, la apertura de una investigación penal contra un especialista no constituye por sí misma una demostración de culpabilidad.
En el caso de Quero Cabrera, corresponderá a las autoridades determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley y establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a las pruebas.
Con la imposición de presentación periódica y garantía económica, la psiquiatra continuará vinculada al proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del internamiento cuestionado.
La decisión sobre las medidas de coerción no representa una sentencia sobre el fondo del expediente ni determina la inocencia o culpabilidad de la investigada, quien mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia.