Nacionales
Gobierno advierte aumentos en tarifa eléctrica, transporte y alimentos.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno anunció aumentos en las tarifas eléctricas, transporte y comida, por lo que la población dominicana deberá asumir “sacrificios inevitables” debido a la guerra en Irán y sus efectos en los precios internacionales del petróleo, los combustibles y los alimentos.
En un mensaje a la nación, el mandatario explicó que el conflicto ha provocado una fuerte tensión en los mercados globales, especialmente por la situación en el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas natural del mundo.
“Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables”, afirmó Abinader.
“Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos”, reconoció.
Abinader recordó que República Dominicana es una economía abierta y dependiente de las importaciones de combustibles.
El mensaje se produce días después de que el Gobierno aumentara por segunda vez los precios de las gasolinas y el gasoil. Según explicó, estos ajustes —de entre 5.2 % y 6.7 %— buscan reducir el subsidio estatal en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año.
Abinader sugirió que las empresas opten por esquemas de trabajo remoto para que los ciudadanos “puedan optimizar el uso de combustible”.
El mandatario advirtió que el alza del petróleo, que pasó de un estimado de 65 dólares por barril en el presupuesto de 2026 a cerca de 100 dólares, representa un costo fiscal creciente que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se realizan ajustes.
“El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida”, dijo.
También informó que se implementará un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, con el objetivo de evitar que el alza internacional se traduzca en mayores precios de los alimentos.
En paralelo, aseguró que se sostendrá la inversión pública como motor del crecimiento económico, pese al contexto internacional adverso.
Abinader recordó que en 2025 el Gobierno destinó 11,500 millones de pesos para subsidiar combustibles y 105,000 millones para el sector eléctrico. En lo que va de 2026, el subsidio a los combustibles ya asciende a unos 4,000 millones de pesos.
Pese al escenario, el presidente afirmó que el país cuenta con condiciones para enfrentar la crisis, al señalar que dispone de liquidez, acceso a financiamiento internacional y reservas superiores a los 16,000 millones de dólares.
“El país está preparado para enfrentar este tipo de situaciones”, aseguró.
El Gobierno continuará tomando decisiones para proteger la estabilidad económica y el poder adquisitivo de las familias dominicanas, dijo Abinader, aunque insistió en que el contexto internacional obligará a realizar ajustes.
Nacionales
Ministerio Público pide tribunal rechace solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Estrategia dilatoria de la defensa
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Nacionales
Procuradora dice que memes, caricaturas y parodias no constituyen delito bajo nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que el Ministerio Público entiende que el caso de la tragedia ocurrida en el
Jet Set corresponde a un homicidio involuntario, de acuerdo con la legislación vigente.
Ramos sostuvo que, aunque la pena contemplada para este tipo de delito es de dos años, considera que ese tiempo resulta insuficiente debido a la magnitud de la tragedia, en la que fallecieron 236 personas.
Además, señaló que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitirá establecer sanciones mucho más severas para casos que se asemejan a este.
Indicó que una pena de hasta diez años habría sido más adecuada, aunque reconoció que el proceso debe regirse por la legislación aplicable al momento en que ocurrieron los hechos.