Análisis Noticiosos
Tasas de pobreza revelan el fracaso gubernamental
Por Juan Bolívar Díaz
Recientes informes de la CEPAL y del Programa de Población de Naciones Unidas, y la Encuesta Enhogar ratifican el fracaso en el combate a la pobreza, a pesar de altas tasas de crecimiento económico Por Juan Bolívar Díaz Los recientes informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) ratifican altas tasas de pobreza que contrastan con el pregonado crecimiento económico dominicano.
La tasa de pobreza del 42 por ciento, incrementada en el último año, revela el fracaso de la clase gobernante en un país que se aproxima a las seis décadas con uno de los más altos crecimientos económicos del continente, pero sin lograr adecuados servicios de salubridad, educación, energía, agua potable, transporte y seguridad.
Informes CEPAL-UNFPA En medio del debate sobre el déficit fiscal y el nuevo paquete impositivo casi han pasado desapercibidos los últimos informes de organismos internacionales y de la ENHOGAR revelan la prevalencia de altas tasas de pobreza y pésimos servicios básicos en la República Dominicana, que junto a Costa Rica y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos donde aumentó el porcentaje de pobres del 2010 al 2011, según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado al finalizar noviembre.
El retroceso dominicano fue más doloroso puesto que las tasas de pobreza de costarricenses y venezolanos son más bajas, de 18.8 y 29.5 por ciento respectivamente. La pobreza se incrementó del 41.4 al 42.2 por ciento de la población dominicana, aunque la franja de indigencia registró un leve descenso del 20.9 al 20.3 por ciento, quedando como el sexto más pobre de 19 países incluidos en el estudio, bastante por encima del promedio que se redujo del 31 al 29.4 por ciento.
Argentina, con 5.7 por ciento, Uruguay 6.7 y Chile con 11.5 por ciento, son los menos pobres de la región. Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia lograron reducir la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales en el período.
En el informe sobre el Estado Mundial de Población 2012 de la UNFPA publicado este mes, la República Dominicana vuelve a quedar en los peores niveles continentales en mortalidad materno-infantil y en embarazos de adolescentes, capítulos que revelan la pobreza de la educación y baja calidad de servicios. En la tasa de natalidad en adolescentes el país se sitúa en el liderazgo continental con 98 por mil, cuando el promedio mundial es de 49 y el de América Latina y el Caribe se sitúa en 79. La dominicana es mayor incluso que la de Haití que aparece con 69 por mil. Mientras la tasa de mortalidad materna para América Latina y el Caribe es situada en 81 por 100 mil, pero la dominicana aparece casi en el doble con 150.
La Encuesta ENHOGAR La encuesta ENHOGAR 2011, publicada al finalizar octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas sobre una amplia muestra nacional de 18 mil hogares, abunda en indicadores de los niveles de pobreza prevalecientes en el país. Resalta el dato de que apenas el 44 por ciento de las viviendas tienen dentro agua en tuberías. Y es información generalizada que en una buena parte de estas falta con frecuencia y en períodos prolongados.
La investigación revela un buen promedio de electrificación que alcanza al 95.8 por ciento de las viviendas, aunque lamentablemente no establece el promedio de horas en que reciben el servicio, que sigue siendo escaso en los estratos medios y bajos de la población. Todavía el 17 por ciento utiliza leña para cocinar los alimentos.
Se registra que el 95.5 por ciento de las mujeres paren en centros de salud, lo que revela una amplia cobertura y contrasta con la alta tasa de mortalidad registrada por otros estudios. Pero sólo el 79 por ciento de los nacidos en los últimos cinco años fueron registrados. El trabajo infantil se presenta como una verdadera calamidad nacional, con tasa de 15.5 por ciento en los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.
Revelador de la baja calidad de los servicios de seguridad es que en los últimos cinco años el 25 por ciento de las personas ha sido víctima de un robo, atraco, agresión o amenaza y que sólo el 56 por ciento se sienten seguros en sus hogares. La ENHOGAR muestra resultados sorprendentes como que apenas el 14.8 por ciento de las personas están casadas, menos de la mitad del 31.9 por ciento que mantiene unión libre, lo que indica una prevalencia de la informalidad.
Es relevante que aunque sólo 8 por ciento se dice analfabeta, los niveles educativos son bajos. Los profesionales y técnicos medios sólo representan el 12.2 por ciento del empleo. Este es un país netamente de emigrantes, porque aunque el 6.5 por ciento de los hogares tenían al menos un extranjero como residente permanente, en el 9.4 por ciento había al menos uno viviendo permanentemente en otro país, 57.5 por ciento mujeres. El hogar promedio es de 3.5 personas y el 66 por ciento reside en las zonas urbanas.
Baja calidad de vida Si los servicios son indicadores de la calidad de vida, la de los dominicanos puede considerarse baja cuando se comprueba la precariedad del suministro de agua potable, la insuficiencia y carestía de la electricidad, los bajos niveles educativos, con promedio de tres horas diarias de docencia y con la mitad de la población en edad de educación secundaria fuera de las aulas.
El 57 por ciento del empleo es informal y no tiene acceso a la seguridad social.
Un funcionario público reveló recientemente que sólo cinco de unos 28 sistemas de procesamiento de aguas negras están operando, por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras los desechos se van al subsuelo o a las fuentes acuíferas, en un país que tiene el turismo como industria fundamental. Los niveles de contaminación de algunas playas son tan altos que se prefiere no medirlos. Otro indicador de baja calidad de vida es el transporte público tan precario que determina la existencia de millón y medio de motocicletas, que generan alta contaminación sonora, más de la mitad operadas como sistema público de pasajeros.
La inversión en el metro de Santo Domingo es tan ineficiente que la primera línea en operación todavía no transportaba hasta el año pasado 55 mil 333 pasajeros por día, 29 mil 166 personas, en ida y vuelta, ni siquiera el 1 por ciento de la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La pobreza es más que visible en las viviendas urbanas y rurales, más de la mitad en mal estado, con un déficit estimado de alrededor de 900 mil unidades y el 50 por ciento alquilada.
Eso mientras durante años los gobiernos se han dedicado a construir torres de apartamentos bien dotados y hasta de lujos para beneficiar a sus partidarios y relacionados de medianos y alto poder adquisitivo. Fracaso de la gestión Ya en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diagnosticó, y lo ha ratificado en informes posteriores, que la República Dominicana es de los países del continente y del mundo que ha mantenido mayores niveles de crecimiento económico sostenido durante medio siglo, pero al mismo tiempo el que más había fracasado en traducirlo a desarrollo humano.
La misma tendencia se mantuvo en los últimos 7 años, a pesar de una tasa promedio de crecimiento del producto bruto interno sobre el 8 por ciento que ha sido exhibida y ponderada por los gobernantes y reconocida por los organismos internacionales.
El despilfarro, la corrupción y la exclusión social en lo que el país aparece como campeón mundial, explican la pobreza del 42 por ciento. El fracaso de la clase gobernante fue reconocido el 22 de septiembre del 2010 por el presidente Leonel Fernández, al hablar ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio, cuando dijo que la nación no podrá cumplir con las metas establecidas en los mismos para el 2015.
Lo atribuyó a la crisis financiera del 2003, obviando referirse a la calidad de la gestión gubernamental con los altos crecimientos que él mismo pregonaba. Aunque las metas no eran tan altas: universalizar la educación primaria, corregir la desigualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades crónicas y un desarrollo sostenible.
Ya con casi un millón 900 mil beneficiarios de programas “para combatir la pobreza” que en realidad sólo sirven para mantenerla, el fracaso de la gestión política es obvio.
Aunque se puede advertir que ha habido notable progreso en la elevación de los niveles de vida de la clase gobernante, donde los salarios y compensaciones compiten y superan los del sector privado, aunque más de las dos terceras partes de los asalariados no reciben suficiente para cubrir su canasta básica de bienes.-
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).