Análisis Noticiosos
Tasas de pobreza revelan el fracaso gubernamental
Por Juan Bolívar Díaz
Recientes informes de la CEPAL y del Programa de Población de Naciones Unidas, y la Encuesta Enhogar ratifican el fracaso en el combate a la pobreza, a pesar de altas tasas de crecimiento económico Por Juan Bolívar Díaz Los recientes informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) ratifican altas tasas de pobreza que contrastan con el pregonado crecimiento económico dominicano.
La tasa de pobreza del 42 por ciento, incrementada en el último año, revela el fracaso de la clase gobernante en un país que se aproxima a las seis décadas con uno de los más altos crecimientos económicos del continente, pero sin lograr adecuados servicios de salubridad, educación, energía, agua potable, transporte y seguridad.
Informes CEPAL-UNFPA En medio del debate sobre el déficit fiscal y el nuevo paquete impositivo casi han pasado desapercibidos los últimos informes de organismos internacionales y de la ENHOGAR revelan la prevalencia de altas tasas de pobreza y pésimos servicios básicos en la República Dominicana, que junto a Costa Rica y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos donde aumentó el porcentaje de pobres del 2010 al 2011, según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado al finalizar noviembre.
El retroceso dominicano fue más doloroso puesto que las tasas de pobreza de costarricenses y venezolanos son más bajas, de 18.8 y 29.5 por ciento respectivamente. La pobreza se incrementó del 41.4 al 42.2 por ciento de la población dominicana, aunque la franja de indigencia registró un leve descenso del 20.9 al 20.3 por ciento, quedando como el sexto más pobre de 19 países incluidos en el estudio, bastante por encima del promedio que se redujo del 31 al 29.4 por ciento.
Argentina, con 5.7 por ciento, Uruguay 6.7 y Chile con 11.5 por ciento, son los menos pobres de la región. Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia lograron reducir la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales en el período.
En el informe sobre el Estado Mundial de Población 2012 de la UNFPA publicado este mes, la República Dominicana vuelve a quedar en los peores niveles continentales en mortalidad materno-infantil y en embarazos de adolescentes, capítulos que revelan la pobreza de la educación y baja calidad de servicios. En la tasa de natalidad en adolescentes el país se sitúa en el liderazgo continental con 98 por mil, cuando el promedio mundial es de 49 y el de América Latina y el Caribe se sitúa en 79. La dominicana es mayor incluso que la de Haití que aparece con 69 por mil. Mientras la tasa de mortalidad materna para América Latina y el Caribe es situada en 81 por 100 mil, pero la dominicana aparece casi en el doble con 150.
La Encuesta ENHOGAR La encuesta ENHOGAR 2011, publicada al finalizar octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas sobre una amplia muestra nacional de 18 mil hogares, abunda en indicadores de los niveles de pobreza prevalecientes en el país. Resalta el dato de que apenas el 44 por ciento de las viviendas tienen dentro agua en tuberías. Y es información generalizada que en una buena parte de estas falta con frecuencia y en períodos prolongados.
La investigación revela un buen promedio de electrificación que alcanza al 95.8 por ciento de las viviendas, aunque lamentablemente no establece el promedio de horas en que reciben el servicio, que sigue siendo escaso en los estratos medios y bajos de la población. Todavía el 17 por ciento utiliza leña para cocinar los alimentos.
Se registra que el 95.5 por ciento de las mujeres paren en centros de salud, lo que revela una amplia cobertura y contrasta con la alta tasa de mortalidad registrada por otros estudios. Pero sólo el 79 por ciento de los nacidos en los últimos cinco años fueron registrados. El trabajo infantil se presenta como una verdadera calamidad nacional, con tasa de 15.5 por ciento en los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.
Revelador de la baja calidad de los servicios de seguridad es que en los últimos cinco años el 25 por ciento de las personas ha sido víctima de un robo, atraco, agresión o amenaza y que sólo el 56 por ciento se sienten seguros en sus hogares. La ENHOGAR muestra resultados sorprendentes como que apenas el 14.8 por ciento de las personas están casadas, menos de la mitad del 31.9 por ciento que mantiene unión libre, lo que indica una prevalencia de la informalidad.
Es relevante que aunque sólo 8 por ciento se dice analfabeta, los niveles educativos son bajos. Los profesionales y técnicos medios sólo representan el 12.2 por ciento del empleo. Este es un país netamente de emigrantes, porque aunque el 6.5 por ciento de los hogares tenían al menos un extranjero como residente permanente, en el 9.4 por ciento había al menos uno viviendo permanentemente en otro país, 57.5 por ciento mujeres. El hogar promedio es de 3.5 personas y el 66 por ciento reside en las zonas urbanas.
Baja calidad de vida Si los servicios son indicadores de la calidad de vida, la de los dominicanos puede considerarse baja cuando se comprueba la precariedad del suministro de agua potable, la insuficiencia y carestía de la electricidad, los bajos niveles educativos, con promedio de tres horas diarias de docencia y con la mitad de la población en edad de educación secundaria fuera de las aulas.
El 57 por ciento del empleo es informal y no tiene acceso a la seguridad social.
Un funcionario público reveló recientemente que sólo cinco de unos 28 sistemas de procesamiento de aguas negras están operando, por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras los desechos se van al subsuelo o a las fuentes acuíferas, en un país que tiene el turismo como industria fundamental. Los niveles de contaminación de algunas playas son tan altos que se prefiere no medirlos. Otro indicador de baja calidad de vida es el transporte público tan precario que determina la existencia de millón y medio de motocicletas, que generan alta contaminación sonora, más de la mitad operadas como sistema público de pasajeros.
La inversión en el metro de Santo Domingo es tan ineficiente que la primera línea en operación todavía no transportaba hasta el año pasado 55 mil 333 pasajeros por día, 29 mil 166 personas, en ida y vuelta, ni siquiera el 1 por ciento de la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La pobreza es más que visible en las viviendas urbanas y rurales, más de la mitad en mal estado, con un déficit estimado de alrededor de 900 mil unidades y el 50 por ciento alquilada.
Eso mientras durante años los gobiernos se han dedicado a construir torres de apartamentos bien dotados y hasta de lujos para beneficiar a sus partidarios y relacionados de medianos y alto poder adquisitivo. Fracaso de la gestión Ya en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diagnosticó, y lo ha ratificado en informes posteriores, que la República Dominicana es de los países del continente y del mundo que ha mantenido mayores niveles de crecimiento económico sostenido durante medio siglo, pero al mismo tiempo el que más había fracasado en traducirlo a desarrollo humano.
La misma tendencia se mantuvo en los últimos 7 años, a pesar de una tasa promedio de crecimiento del producto bruto interno sobre el 8 por ciento que ha sido exhibida y ponderada por los gobernantes y reconocida por los organismos internacionales.
El despilfarro, la corrupción y la exclusión social en lo que el país aparece como campeón mundial, explican la pobreza del 42 por ciento. El fracaso de la clase gobernante fue reconocido el 22 de septiembre del 2010 por el presidente Leonel Fernández, al hablar ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio, cuando dijo que la nación no podrá cumplir con las metas establecidas en los mismos para el 2015.
Lo atribuyó a la crisis financiera del 2003, obviando referirse a la calidad de la gestión gubernamental con los altos crecimientos que él mismo pregonaba. Aunque las metas no eran tan altas: universalizar la educación primaria, corregir la desigualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades crónicas y un desarrollo sostenible.
Ya con casi un millón 900 mil beneficiarios de programas “para combatir la pobreza” que en realidad sólo sirven para mantenerla, el fracaso de la gestión política es obvio.
Aunque se puede advertir que ha habido notable progreso en la elevación de los niveles de vida de la clase gobernante, donde los salarios y compensaciones compiten y superan los del sector privado, aunque más de las dos terceras partes de los asalariados no reciben suficiente para cubrir su canasta básica de bienes.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.