Análisis Noticiosos
Tasas de pobreza revelan el fracaso gubernamental
Por Juan Bolívar Díaz
Recientes informes de la CEPAL y del Programa de Población de Naciones Unidas, y la Encuesta Enhogar ratifican el fracaso en el combate a la pobreza, a pesar de altas tasas de crecimiento económico Por Juan Bolívar Díaz Los recientes informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) ratifican altas tasas de pobreza que contrastan con el pregonado crecimiento económico dominicano.
La tasa de pobreza del 42 por ciento, incrementada en el último año, revela el fracaso de la clase gobernante en un país que se aproxima a las seis décadas con uno de los más altos crecimientos económicos del continente, pero sin lograr adecuados servicios de salubridad, educación, energía, agua potable, transporte y seguridad.
Informes CEPAL-UNFPA En medio del debate sobre el déficit fiscal y el nuevo paquete impositivo casi han pasado desapercibidos los últimos informes de organismos internacionales y de la ENHOGAR revelan la prevalencia de altas tasas de pobreza y pésimos servicios básicos en la República Dominicana, que junto a Costa Rica y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos donde aumentó el porcentaje de pobres del 2010 al 2011, según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado al finalizar noviembre.
El retroceso dominicano fue más doloroso puesto que las tasas de pobreza de costarricenses y venezolanos son más bajas, de 18.8 y 29.5 por ciento respectivamente. La pobreza se incrementó del 41.4 al 42.2 por ciento de la población dominicana, aunque la franja de indigencia registró un leve descenso del 20.9 al 20.3 por ciento, quedando como el sexto más pobre de 19 países incluidos en el estudio, bastante por encima del promedio que se redujo del 31 al 29.4 por ciento.
Argentina, con 5.7 por ciento, Uruguay 6.7 y Chile con 11.5 por ciento, son los menos pobres de la región. Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia lograron reducir la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales en el período.
En el informe sobre el Estado Mundial de Población 2012 de la UNFPA publicado este mes, la República Dominicana vuelve a quedar en los peores niveles continentales en mortalidad materno-infantil y en embarazos de adolescentes, capítulos que revelan la pobreza de la educación y baja calidad de servicios. En la tasa de natalidad en adolescentes el país se sitúa en el liderazgo continental con 98 por mil, cuando el promedio mundial es de 49 y el de América Latina y el Caribe se sitúa en 79. La dominicana es mayor incluso que la de Haití que aparece con 69 por mil. Mientras la tasa de mortalidad materna para América Latina y el Caribe es situada en 81 por 100 mil, pero la dominicana aparece casi en el doble con 150.
La Encuesta ENHOGAR La encuesta ENHOGAR 2011, publicada al finalizar octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas sobre una amplia muestra nacional de 18 mil hogares, abunda en indicadores de los niveles de pobreza prevalecientes en el país. Resalta el dato de que apenas el 44 por ciento de las viviendas tienen dentro agua en tuberías. Y es información generalizada que en una buena parte de estas falta con frecuencia y en períodos prolongados.
La investigación revela un buen promedio de electrificación que alcanza al 95.8 por ciento de las viviendas, aunque lamentablemente no establece el promedio de horas en que reciben el servicio, que sigue siendo escaso en los estratos medios y bajos de la población. Todavía el 17 por ciento utiliza leña para cocinar los alimentos.
Se registra que el 95.5 por ciento de las mujeres paren en centros de salud, lo que revela una amplia cobertura y contrasta con la alta tasa de mortalidad registrada por otros estudios. Pero sólo el 79 por ciento de los nacidos en los últimos cinco años fueron registrados. El trabajo infantil se presenta como una verdadera calamidad nacional, con tasa de 15.5 por ciento en los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.
Revelador de la baja calidad de los servicios de seguridad es que en los últimos cinco años el 25 por ciento de las personas ha sido víctima de un robo, atraco, agresión o amenaza y que sólo el 56 por ciento se sienten seguros en sus hogares. La ENHOGAR muestra resultados sorprendentes como que apenas el 14.8 por ciento de las personas están casadas, menos de la mitad del 31.9 por ciento que mantiene unión libre, lo que indica una prevalencia de la informalidad.
Es relevante que aunque sólo 8 por ciento se dice analfabeta, los niveles educativos son bajos. Los profesionales y técnicos medios sólo representan el 12.2 por ciento del empleo. Este es un país netamente de emigrantes, porque aunque el 6.5 por ciento de los hogares tenían al menos un extranjero como residente permanente, en el 9.4 por ciento había al menos uno viviendo permanentemente en otro país, 57.5 por ciento mujeres. El hogar promedio es de 3.5 personas y el 66 por ciento reside en las zonas urbanas.
Baja calidad de vida Si los servicios son indicadores de la calidad de vida, la de los dominicanos puede considerarse baja cuando se comprueba la precariedad del suministro de agua potable, la insuficiencia y carestía de la electricidad, los bajos niveles educativos, con promedio de tres horas diarias de docencia y con la mitad de la población en edad de educación secundaria fuera de las aulas.
El 57 por ciento del empleo es informal y no tiene acceso a la seguridad social.
Un funcionario público reveló recientemente que sólo cinco de unos 28 sistemas de procesamiento de aguas negras están operando, por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras los desechos se van al subsuelo o a las fuentes acuíferas, en un país que tiene el turismo como industria fundamental. Los niveles de contaminación de algunas playas son tan altos que se prefiere no medirlos. Otro indicador de baja calidad de vida es el transporte público tan precario que determina la existencia de millón y medio de motocicletas, que generan alta contaminación sonora, más de la mitad operadas como sistema público de pasajeros.
La inversión en el metro de Santo Domingo es tan ineficiente que la primera línea en operación todavía no transportaba hasta el año pasado 55 mil 333 pasajeros por día, 29 mil 166 personas, en ida y vuelta, ni siquiera el 1 por ciento de la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La pobreza es más que visible en las viviendas urbanas y rurales, más de la mitad en mal estado, con un déficit estimado de alrededor de 900 mil unidades y el 50 por ciento alquilada.
Eso mientras durante años los gobiernos se han dedicado a construir torres de apartamentos bien dotados y hasta de lujos para beneficiar a sus partidarios y relacionados de medianos y alto poder adquisitivo. Fracaso de la gestión Ya en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diagnosticó, y lo ha ratificado en informes posteriores, que la República Dominicana es de los países del continente y del mundo que ha mantenido mayores niveles de crecimiento económico sostenido durante medio siglo, pero al mismo tiempo el que más había fracasado en traducirlo a desarrollo humano.
La misma tendencia se mantuvo en los últimos 7 años, a pesar de una tasa promedio de crecimiento del producto bruto interno sobre el 8 por ciento que ha sido exhibida y ponderada por los gobernantes y reconocida por los organismos internacionales.
El despilfarro, la corrupción y la exclusión social en lo que el país aparece como campeón mundial, explican la pobreza del 42 por ciento. El fracaso de la clase gobernante fue reconocido el 22 de septiembre del 2010 por el presidente Leonel Fernández, al hablar ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio, cuando dijo que la nación no podrá cumplir con las metas establecidas en los mismos para el 2015.
Lo atribuyó a la crisis financiera del 2003, obviando referirse a la calidad de la gestión gubernamental con los altos crecimientos que él mismo pregonaba. Aunque las metas no eran tan altas: universalizar la educación primaria, corregir la desigualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades crónicas y un desarrollo sostenible.
Ya con casi un millón 900 mil beneficiarios de programas “para combatir la pobreza” que en realidad sólo sirven para mantenerla, el fracaso de la gestión política es obvio.
Aunque se puede advertir que ha habido notable progreso en la elevación de los niveles de vida de la clase gobernante, donde los salarios y compensaciones compiten y superan los del sector privado, aunque más de las dos terceras partes de los asalariados no reciben suficiente para cubrir su canasta básica de bienes.-
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
elpaos.com
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
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