Análisis Noticiosos
Tasas de pobreza revelan el fracaso gubernamental
Por Juan Bolívar Díaz
Recientes informes de la CEPAL y del Programa de Población de Naciones Unidas, y la Encuesta Enhogar ratifican el fracaso en el combate a la pobreza, a pesar de altas tasas de crecimiento económico Por Juan Bolívar Díaz Los recientes informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR) ratifican altas tasas de pobreza que contrastan con el pregonado crecimiento económico dominicano.
La tasa de pobreza del 42 por ciento, incrementada en el último año, revela el fracaso de la clase gobernante en un país que se aproxima a las seis décadas con uno de los más altos crecimientos económicos del continente, pero sin lograr adecuados servicios de salubridad, educación, energía, agua potable, transporte y seguridad.
Informes CEPAL-UNFPA En medio del debate sobre el déficit fiscal y el nuevo paquete impositivo casi han pasado desapercibidos los últimos informes de organismos internacionales y de la ENHOGAR revelan la prevalencia de altas tasas de pobreza y pésimos servicios básicos en la República Dominicana, que junto a Costa Rica y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos donde aumentó el porcentaje de pobres del 2010 al 2011, según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado al finalizar noviembre.
El retroceso dominicano fue más doloroso puesto que las tasas de pobreza de costarricenses y venezolanos son más bajas, de 18.8 y 29.5 por ciento respectivamente. La pobreza se incrementó del 41.4 al 42.2 por ciento de la población dominicana, aunque la franja de indigencia registró un leve descenso del 20.9 al 20.3 por ciento, quedando como el sexto más pobre de 19 países incluidos en el estudio, bastante por encima del promedio que se redujo del 31 al 29.4 por ciento.
Argentina, con 5.7 por ciento, Uruguay 6.7 y Chile con 11.5 por ciento, son los menos pobres de la región. Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia lograron reducir la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales en el período.
En el informe sobre el Estado Mundial de Población 2012 de la UNFPA publicado este mes, la República Dominicana vuelve a quedar en los peores niveles continentales en mortalidad materno-infantil y en embarazos de adolescentes, capítulos que revelan la pobreza de la educación y baja calidad de servicios. En la tasa de natalidad en adolescentes el país se sitúa en el liderazgo continental con 98 por mil, cuando el promedio mundial es de 49 y el de América Latina y el Caribe se sitúa en 79. La dominicana es mayor incluso que la de Haití que aparece con 69 por mil. Mientras la tasa de mortalidad materna para América Latina y el Caribe es situada en 81 por 100 mil, pero la dominicana aparece casi en el doble con 150.
La Encuesta ENHOGAR La encuesta ENHOGAR 2011, publicada al finalizar octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas sobre una amplia muestra nacional de 18 mil hogares, abunda en indicadores de los niveles de pobreza prevalecientes en el país. Resalta el dato de que apenas el 44 por ciento de las viviendas tienen dentro agua en tuberías. Y es información generalizada que en una buena parte de estas falta con frecuencia y en períodos prolongados.
La investigación revela un buen promedio de electrificación que alcanza al 95.8 por ciento de las viviendas, aunque lamentablemente no establece el promedio de horas en que reciben el servicio, que sigue siendo escaso en los estratos medios y bajos de la población. Todavía el 17 por ciento utiliza leña para cocinar los alimentos.
Se registra que el 95.5 por ciento de las mujeres paren en centros de salud, lo que revela una amplia cobertura y contrasta con la alta tasa de mortalidad registrada por otros estudios. Pero sólo el 79 por ciento de los nacidos en los últimos cinco años fueron registrados. El trabajo infantil se presenta como una verdadera calamidad nacional, con tasa de 15.5 por ciento en los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.
Revelador de la baja calidad de los servicios de seguridad es que en los últimos cinco años el 25 por ciento de las personas ha sido víctima de un robo, atraco, agresión o amenaza y que sólo el 56 por ciento se sienten seguros en sus hogares. La ENHOGAR muestra resultados sorprendentes como que apenas el 14.8 por ciento de las personas están casadas, menos de la mitad del 31.9 por ciento que mantiene unión libre, lo que indica una prevalencia de la informalidad.
Es relevante que aunque sólo 8 por ciento se dice analfabeta, los niveles educativos son bajos. Los profesionales y técnicos medios sólo representan el 12.2 por ciento del empleo. Este es un país netamente de emigrantes, porque aunque el 6.5 por ciento de los hogares tenían al menos un extranjero como residente permanente, en el 9.4 por ciento había al menos uno viviendo permanentemente en otro país, 57.5 por ciento mujeres. El hogar promedio es de 3.5 personas y el 66 por ciento reside en las zonas urbanas.
Baja calidad de vida Si los servicios son indicadores de la calidad de vida, la de los dominicanos puede considerarse baja cuando se comprueba la precariedad del suministro de agua potable, la insuficiencia y carestía de la electricidad, los bajos niveles educativos, con promedio de tres horas diarias de docencia y con la mitad de la población en edad de educación secundaria fuera de las aulas.
El 57 por ciento del empleo es informal y no tiene acceso a la seguridad social.
Un funcionario público reveló recientemente que sólo cinco de unos 28 sistemas de procesamiento de aguas negras están operando, por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras los desechos se van al subsuelo o a las fuentes acuíferas, en un país que tiene el turismo como industria fundamental. Los niveles de contaminación de algunas playas son tan altos que se prefiere no medirlos. Otro indicador de baja calidad de vida es el transporte público tan precario que determina la existencia de millón y medio de motocicletas, que generan alta contaminación sonora, más de la mitad operadas como sistema público de pasajeros.
La inversión en el metro de Santo Domingo es tan ineficiente que la primera línea en operación todavía no transportaba hasta el año pasado 55 mil 333 pasajeros por día, 29 mil 166 personas, en ida y vuelta, ni siquiera el 1 por ciento de la población del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La pobreza es más que visible en las viviendas urbanas y rurales, más de la mitad en mal estado, con un déficit estimado de alrededor de 900 mil unidades y el 50 por ciento alquilada.
Eso mientras durante años los gobiernos se han dedicado a construir torres de apartamentos bien dotados y hasta de lujos para beneficiar a sus partidarios y relacionados de medianos y alto poder adquisitivo. Fracaso de la gestión Ya en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diagnosticó, y lo ha ratificado en informes posteriores, que la República Dominicana es de los países del continente y del mundo que ha mantenido mayores niveles de crecimiento económico sostenido durante medio siglo, pero al mismo tiempo el que más había fracasado en traducirlo a desarrollo humano.
La misma tendencia se mantuvo en los últimos 7 años, a pesar de una tasa promedio de crecimiento del producto bruto interno sobre el 8 por ciento que ha sido exhibida y ponderada por los gobernantes y reconocida por los organismos internacionales.
El despilfarro, la corrupción y la exclusión social en lo que el país aparece como campeón mundial, explican la pobreza del 42 por ciento. El fracaso de la clase gobernante fue reconocido el 22 de septiembre del 2010 por el presidente Leonel Fernández, al hablar ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio, cuando dijo que la nación no podrá cumplir con las metas establecidas en los mismos para el 2015.
Lo atribuyó a la crisis financiera del 2003, obviando referirse a la calidad de la gestión gubernamental con los altos crecimientos que él mismo pregonaba. Aunque las metas no eran tan altas: universalizar la educación primaria, corregir la desigualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades crónicas y un desarrollo sostenible.
Ya con casi un millón 900 mil beneficiarios de programas “para combatir la pobreza” que en realidad sólo sirven para mantenerla, el fracaso de la gestión política es obvio.
Aunque se puede advertir que ha habido notable progreso en la elevación de los niveles de vida de la clase gobernante, donde los salarios y compensaciones compiten y superan los del sector privado, aunque más de las dos terceras partes de los asalariados no reciben suficiente para cubrir su canasta básica de bienes.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.