Santo Domingo, RD.-La llegada de cuatro nuevos jueces se sumó a la celebración del noveno aniversario de la creación en el año 2010 del Tribunal Constitucional, el cual ha sentado una serie de jurisprudencia que fortalecen la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.Nacionales
Con nuevas caras Tribunal Constitucional celebra su noveno aniversario.
Santo Domingo, RD.-La llegada de cuatro nuevos jueces se sumó a la celebración del noveno aniversario de la creación en el año 2010 del Tribunal Constitucional, el cual ha sentado una serie de jurisprudencia que fortalecen la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.El día antes de que el Tribunal Constitucional tiene previsto celebrar una audiencia solemne con motivo de su noveno aniversario, este miercóles 27 de enero, también estará despidiendo a los cuatro jueces que trabajaron desde su fundación y recibiendo a los sustitutos, seleccionados hace apenas 72 horas.
Este aniversario y el estreno de jueces se producirá justo en la fecha en que República Dominicana conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, declarado por el Tribunal Constitucional en el 2013 como el “Primer Constitucionalista Dominicano”.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), escogió el pasado 22 de enero como jueces del TC a José Alejandro Vargas, María del Carmen Santana de Cabrera, Eunisis Vásquez Acosta y Manuel Ulises Bonelly Vega.
Los cuatro designados tienen dominio del sistema de justicia dominicano, pues Vargas y Santana de Cabrera se desempeñaban como jueces al momento de su selección, mientras Vásquez Acosta y Bonelly Vega son exmagistrados que hicieron carrera en el Poder Judicial.
Estos sustituyen a los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez, Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez, quienes también acumularon una vasta experiencia y contribuyeron a la formación del Tribunal, pues han trabajado durante los nueve años que tiene la corte.
El TC ha emitido alrededor de 5,000 sentencias sobre diversas materias, algunas contando con el voto favorable de los jueces salientes, pero en ocasiones en contra, por lo cual dejaron sentado su criterio particular mediante votos disidentes y salvados. El 8 de enero, el TC realizó un acto para reconocer la labor de esos magistrados que concluyeron su gestión, el cual fue encabezado por el presidente de la corte, Milton Ray Guevara, quien destacó los valores de los jueces y los aportes hechos para la elaboración de la jurisprudencia del constitucional.
Renovación
La primera renovación gradual del Tribunal Constitucional se produjo en el 2017, al cumplir su sexto año, cuando salieron los magistrados que agotaron su gestión de seis años: Leyda Piña, Jottin Cury, Idelfonso Reyes y Víctor Gómez Bergés.
En su lugar, el CNM nombró a José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Domingo Antonio Gil y Miguel Valera Montero.
En esa oportunidad, el CNM lo encabezó el presidente Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tenía el control de ese órgano responsable de la designación de los jueces de las altas cortes, que son el TC, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De los primeros 13 jueces designados en el 2011, solo cinco no han sido cambiados, debido a que fueron designados por 12 años, que concluyen en el 2023.
Se trata de Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos.
La reforma constitucional del 2010 contempló, en una disposición transitoria, la renovación gradual de los primeros 13 miembros del TC en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, al cumplirse los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente.
Solo los primeros cuatro podían optar por reelegirse, pero no lo hicieron. Los jueces del TC son designados por nueve años y la Constitución establece que la matrícula será renovada de manera gradual cada tres años.
SEPA MÁS
Pandemia
El noveno aniversario del TC también llega en momentos en que el país se encuentra en un estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Esto obligó a la Corte a adoptar medidas para evitar la propagación del virus. Las acciones de inconstitucionalidad son conocidas en audiencias públicas virtuales.
Lema
El TC adoptó este año el lema institucional “Constitución y escuela”, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la enseñanza de la Carta Magna en los centros educativos.
Trabajo
El TC ha emitido alrededor de 5,000 sentencias en estos nueve años, creando un amplio precedente constitucional.
Nacionales
Se repite el discurso de Luis Henry Molina de que se han eliminado más de 40 años de mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina dijo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) exhibe como logro haber eliminado más de 40 años de mora judicial estructural, quien agregó que en la actualidad el 90 % de los casos se resuelve en un año o menos.
Dijo que detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, por lo que el principal objetivo era erradicar la mora. “Una obligación cívica impostergable. Porque detrás de cada expediente hay personas en incertidumbre, inversiones paralizadas, víctimas sin respuestas o inocentes privados de libertad”.
Luis Henry Molina y el presidente Luis Abinader encabezan misa solemne por el Día del Poder JudicialJosé Alberto Maldonado
Molina citó que el 87% de las salas a nivel nacional están al día y la información judicial se mantiene actualizada en línea.
“Se redujeron los asuntos administrativos (que no implican conflictos entre partes) del 49% al 36%, permitiendo a los jueces centrarse en su función constitucional”, destacó en su discurso por el Día del Poder Judicial.
Destacó las reformas legales: y dijo que ese avance fue respaldado por leyes clave como la Ley de uso de medios digitales, la Ley sobre Recurso de Casación y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La justicia debe llegar a tiempo y a todos, especialmente a los más vulnerables, por lo que abrieron seis nuevos Centros de Entrevista Forense, con lo que cubren todos los departamentos judiciales, ampliando el servicio a mujeres víctimas de violencia.
“Hoy, el acceso digital permite a más de 27 mil personas gestionar sus casos sin traslados ni filas, participar en audiencias virtuales, tramitar y consultar expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero”.
Santo Domingo, R.D.-Posibles restricciones a derechos fundamentales, exceso de discrecionalidad para el Gobierno y la falta de una supervisión democrática; estas son algunas de las falencias registradas por representantes opositores de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa, aprobada este miércoles en la cámara baja en segunda discusión, será tramitada al Senado de la República, donde los legisladores tendrán la decisión de ponerla a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación o rechazarla.
La pieza fue favorecida por el bloque mayoritario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no obstante, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron que el contenido entregaría un poder descontrolado al Gobierno para ejercer las labores de inteligencia.
Así lo manifestó el diputado Danilo Díaz, quien considera que las disposiciones redactadas en el documento que elaboró el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, “son muy abiertas y subjetivas”, otorgando la posibilidad de afectar derechos relacionados con la libertad de expresión, libre tránsito y a la protección de la vida privada, así como el debido proceso judicial.
Además, expresó su inquietud, ya que uno de los artículos le permitiría a la DNI accionar ante cualquier actividad pasible de atentar contra los intereses nacionales, sin que el proyecto de ley especifique el alcance.
“Investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”, versa una de las atribuciones establecidas en el artículo 10.
“Sin una definición objetiva y verificable que habilite el acceso a datos específicamente protegidos y que el régimen de secreto y gasto reservado concentra el control exclusivamente del Poder Ejecutivo…”, declaró el diputado del PLD al pronunciarse en el hemiciclo durante la sesión.
“No hay contrapeso”
Díaz entiende necesario que el Congreso Nacional conforme una comisión legislativa, en la cual los organismos de inteligencia deban rendir cuentas sobre sus labores, siendo así el contrapeso “democrático” del Gobierno.
“Esa es una de las cosas que deberían agregarse a este proyecto: una creación de la comisión que sirva de contrapeso para que no haya exceso”, dijo.
El dirigente peledeísta entiende que esta institución, en caso de ser finalmente creada, no debería estar encargada de gestionar el control de los extranjeros en los aeropuertos, muelles y la zona fronteriza del territorio nacional.
“Tratar de sustituir a la Dirección General de Migración con el control de los extranjeros; no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad. El DNI haga una relación de lo que puede ser y lo notifique a Migración, no que el DNI tenga la autoridad operativa”, resaltó.
Díaz aclaró que el PLD no está en desacuerdo con readecuar el marco legal destinado a regular la protección y seguridad del Estado, sin embargo, la propuesta, según detalló, no tiene las condiciones para garantizar el desarrollo de diversos derechos ciudadanos.
“No estamos aquí para decir no a la inteligencia, estamos aquí para decir sí a la inteligencia, pero con límites claros, control judicial reforzado y supervisión democrática real”, indicó.
Protección a la fuente de información
El artículo 12 tiene dentro de las prohibiciones especiales que los agentes de inteligencia no podrán cometer el desconocimiento del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información. No obstante, el diputado Carlos de Pérez lamentó que esta legislación no contemple la protección integral de otras profesiones importantes en el país.
“No hay una protección integrada, lo único que se protege es el derecho de los periodistas, pero el secreto de fuentes para sacerdotes, abogados en ejercicio, contables no está protegido”, alertó.
Es por esta razón que Pérez dijo que la FP se abstenía de votar a favor, ya que “sigue teniendo algunas falencias que coliden con derechos constitucionales y en ninguna medida podemos apoyar nada que aumente la discrecionalidad del Estado”.
“Una mejor regulación”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, empatizó con las preocupaciones expresadas por las bancadas opositoras, pero respondió indicando la necesidad que tiene el país de modernizar la regulación de la forma aplicada por las autoridades para obtener informaciones e investigar asuntos extraoficiales.
“Lo más saludable es que los aspectos con los que se regula la seguridad nacional estén bien normados con una ley moderna, ágil, que reconoce y aglutina todos los actores del sistema, que permite regulación a muchísimos aspectos que hoy no están regulados y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene libre albedrío”, expresó.
Momentos después, los oficialistas del PRM y bloques políticos aliados lograron terminar la discusión con 112 votos a favor, superando a los opositores que, en su mayoría, prefirieron abstenerse.
Tras abusar sexualmente de la niña Brianna Genao González, un tio de la manor habria confesado a la Policía Nacional que abusó sexualmente y mató a la menor de edad.
Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Yesica María González, habría confesado tras varios días de interrogatorio en torno al crimen ocurrido en la comunidad de Barrero en Imbert, Puerto Plata.
Fuentes indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre, pero que «no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta».
Se indicó que en las próximas horas la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional al mando del general Jorge Luís Galán Guerrero ofrecerá los detalles del caso, el cual ha conllevado horas de investigación por partes de expertos en la materia y que ha conmocionado al municipio de Imbert y al país.
Este miércoles continuó la búsqueda de la menor, incluso a la comunidad de Barrero fueron trasladadas unidades de rescate, entre ellas ambulancias, palas, picos, entre otros utensilios que puedan establecer donde se encuentra enterrado el cadáver de la menor Genao González.
Otras cuatro personas, entre ellas parientes cercanas la familia Genao González, que están bajo investigación y permanecen en la dotación policial de Puerto Plata para los fines correspondientes.