Santo Domingo, RD.-La llegada de cuatro nuevos jueces se sumó a la celebración del noveno aniversario de la creación en el año 2010 del Tribunal Constitucional, el cual ha sentado una serie de jurisprudencia que fortalecen la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.Nacionales
Con nuevas caras Tribunal Constitucional celebra su noveno aniversario.
Santo Domingo, RD.-La llegada de cuatro nuevos jueces se sumó a la celebración del noveno aniversario de la creación en el año 2010 del Tribunal Constitucional, el cual ha sentado una serie de jurisprudencia que fortalecen la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.El día antes de que el Tribunal Constitucional tiene previsto celebrar una audiencia solemne con motivo de su noveno aniversario, este miercóles 27 de enero, también estará despidiendo a los cuatro jueces que trabajaron desde su fundación y recibiendo a los sustitutos, seleccionados hace apenas 72 horas.
Este aniversario y el estreno de jueces se producirá justo en la fecha en que República Dominicana conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, declarado por el Tribunal Constitucional en el 2013 como el “Primer Constitucionalista Dominicano”.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), escogió el pasado 22 de enero como jueces del TC a José Alejandro Vargas, María del Carmen Santana de Cabrera, Eunisis Vásquez Acosta y Manuel Ulises Bonelly Vega.
Los cuatro designados tienen dominio del sistema de justicia dominicano, pues Vargas y Santana de Cabrera se desempeñaban como jueces al momento de su selección, mientras Vásquez Acosta y Bonelly Vega son exmagistrados que hicieron carrera en el Poder Judicial.
Estos sustituyen a los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez, Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez, quienes también acumularon una vasta experiencia y contribuyeron a la formación del Tribunal, pues han trabajado durante los nueve años que tiene la corte.
El TC ha emitido alrededor de 5,000 sentencias sobre diversas materias, algunas contando con el voto favorable de los jueces salientes, pero en ocasiones en contra, por lo cual dejaron sentado su criterio particular mediante votos disidentes y salvados. El 8 de enero, el TC realizó un acto para reconocer la labor de esos magistrados que concluyeron su gestión, el cual fue encabezado por el presidente de la corte, Milton Ray Guevara, quien destacó los valores de los jueces y los aportes hechos para la elaboración de la jurisprudencia del constitucional.
Renovación
La primera renovación gradual del Tribunal Constitucional se produjo en el 2017, al cumplir su sexto año, cuando salieron los magistrados que agotaron su gestión de seis años: Leyda Piña, Jottin Cury, Idelfonso Reyes y Víctor Gómez Bergés.
En su lugar, el CNM nombró a José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Domingo Antonio Gil y Miguel Valera Montero.
En esa oportunidad, el CNM lo encabezó el presidente Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que tenía el control de ese órgano responsable de la designación de los jueces de las altas cortes, que son el TC, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De los primeros 13 jueces designados en el 2011, solo cinco no han sido cambiados, debido a que fueron designados por 12 años, que concluyen en el 2023.
Se trata de Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos.
La reforma constitucional del 2010 contempló, en una disposición transitoria, la renovación gradual de los primeros 13 miembros del TC en tres grupos, dos de cuatro y uno de cinco, al cumplirse los seis, nueve y doce años de ejercicio, respectivamente.
Solo los primeros cuatro podían optar por reelegirse, pero no lo hicieron. Los jueces del TC son designados por nueve años y la Constitución establece que la matrícula será renovada de manera gradual cada tres años.
SEPA MÁS
Pandemia
El noveno aniversario del TC también llega en momentos en que el país se encuentra en un estado de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Esto obligó a la Corte a adoptar medidas para evitar la propagación del virus. Las acciones de inconstitucionalidad son conocidas en audiencias públicas virtuales.
Lema
El TC adoptó este año el lema institucional “Constitución y escuela”, para dar cumplimiento al mandato constitucional de la enseñanza de la Carta Magna en los centros educativos.
Trabajo
El TC ha emitido alrededor de 5,000 sentencias en estos nueve años, creando un amplio precedente constitucional.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.