Nacionales
Nueve expedientes de acción directa de inconstitucionalidad quedan en estado de fallo en el TC.
Santo Domingo. – Una audiencia pública celebró este lunes el Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, en la que conoció diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales nueve quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, los magistrados dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0032, en el que el accionante, Pedro Jiménez Valenzuela, atacó el artículo 4 de la Ley núm. 157-13, que establece el método D’Hondt para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional, y los artículos 294, numeral 4, y 295 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero del 2023.
De igual modo quedó el expediente TC-01-2024-0034, interpuesto por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) en contra de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), del 15 de enero 2024. De igual forma, el expediente TC-01-2024-0034, donde la empresa Happy Puppy Entertaiment, S.R.L. ataca el artículo 11, acápite 3 de la Ley 2-23, sobre Procedimiento de Casación.
Asimismo, los magistrados evaluaron el expedienteTC-01-2024-0038, a través del cual Marcos Leen Jiménez ataca la parte in fine del artículo 641 de la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana, del 29 de mayo de 1992.
Igualmente fue dejado en estado de fallo, el expediente TC-01-2024-0040, en el que la Fundación Primero Justicia (FPJ), Inc., y el licenciado Miguel Surún Hernández atacan el párrafo I del artículo 64 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.
En esta audiencia los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2024-0041, donde Luis Ventura Sánchez ataca la Ley núm. 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, del 2 de octubre de 2024.
Otro expediente que quedó pendiente de fallo fue el TC-01-2024-0042, interpuesto por Wendy Santos Berroa en contra de los artículos 1, 2 y 2.5 de la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana del 2 de octubre de 2024 en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, de fecha 2 de octubre de 2024.
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0033, donde la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) ataca la primera y segunda decisión de la Ordenanza 1/2022, emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 16 de febrero del 2022.
También se conoció el expediente TC-01-2024-0036, interpuesto por la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (Adobad), en contra de los artículos 2 y 5 del Decreto 480-19, del 23 de diciembre de 2019, que modifica y agrega varios artículos del Decreto 352-99, del 12 de agosto de 1999, que aprobó el Reglamento Hípico.
Finalmente, los jueces del TC declararon inadmisible el expediente TC-01-2024-0037, introducido por el doctor Fernando Pichardo Cordones y los licenciados Manuel Alejandro Encarnación Montás y Loammi Peña, en contra de los actos 553/2024 y 559/2024, del 10 y 13 de septiembre de 2024, respectivamente, contentivos de demanda en reparación de daños y perjuicios y devolución de valores.
Además de los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y la secretaria de la alta corte Grace Ventura Rondón.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.