Nacionales
Nueve expedientes de acción directa de inconstitucionalidad quedan en estado de fallo en el TC.
Santo Domingo. – Una audiencia pública celebró este lunes el Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, en la que conoció diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales nueve quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, los magistrados dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0032, en el que el accionante, Pedro Jiménez Valenzuela, atacó el artículo 4 de la Ley núm. 157-13, que establece el método D’Hondt para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional, y los artículos 294, numeral 4, y 295 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero del 2023.
De igual modo quedó el expediente TC-01-2024-0034, interpuesto por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) en contra de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), del 15 de enero 2024. De igual forma, el expediente TC-01-2024-0034, donde la empresa Happy Puppy Entertaiment, S.R.L. ataca el artículo 11, acápite 3 de la Ley 2-23, sobre Procedimiento de Casación.
Asimismo, los magistrados evaluaron el expedienteTC-01-2024-0038, a través del cual Marcos Leen Jiménez ataca la parte in fine del artículo 641 de la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana, del 29 de mayo de 1992.
Igualmente fue dejado en estado de fallo, el expediente TC-01-2024-0040, en el que la Fundación Primero Justicia (FPJ), Inc., y el licenciado Miguel Surún Hernández atacan el párrafo I del artículo 64 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.
En esta audiencia los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2024-0041, donde Luis Ventura Sánchez ataca la Ley núm. 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, del 2 de octubre de 2024.
Otro expediente que quedó pendiente de fallo fue el TC-01-2024-0042, interpuesto por Wendy Santos Berroa en contra de los artículos 1, 2 y 2.5 de la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana del 2 de octubre de 2024 en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, de fecha 2 de octubre de 2024.
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0033, donde la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) ataca la primera y segunda decisión de la Ordenanza 1/2022, emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 16 de febrero del 2022.
También se conoció el expediente TC-01-2024-0036, interpuesto por la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (Adobad), en contra de los artículos 2 y 5 del Decreto 480-19, del 23 de diciembre de 2019, que modifica y agrega varios artículos del Decreto 352-99, del 12 de agosto de 1999, que aprobó el Reglamento Hípico.
Finalmente, los jueces del TC declararon inadmisible el expediente TC-01-2024-0037, introducido por el doctor Fernando Pichardo Cordones y los licenciados Manuel Alejandro Encarnación Montás y Loammi Peña, en contra de los actos 553/2024 y 559/2024, del 10 y 13 de septiembre de 2024, respectivamente, contentivos de demanda en reparación de daños y perjuicios y devolución de valores.
Además de los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y la secretaria de la alta corte Grace Ventura Rondón.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.