Nacionales
Nueve expedientes de acción directa de inconstitucionalidad quedan en estado de fallo en el TC.
Santo Domingo. – Una audiencia pública celebró este lunes el Pleno de jueces del Tribunal Constitucional (TC), encabezado por el magistrado presidente, Napoleón R. Estévez Lavandier, en la que conoció diez expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, de los cuales nueve quedaron en estado de fallo y uno fue declarado inadmisible.
En la audiencia, realizada en la sede principal de esta corte, los magistrados dejaron pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0032, en el que el accionante, Pedro Jiménez Valenzuela, atacó el artículo 4 de la Ley núm. 157-13, que establece el método D’Hondt para la determinación de la cantidad de escaños obtenidos por cada partido o agrupación política en cada demarcación electoral para el nivel congresional, y los artículos 294, numeral 4, y 295 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero del 2023.
De igual modo quedó el expediente TC-01-2024-0034, interpuesto por la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) en contra de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), del 15 de enero 2024. De igual forma, el expediente TC-01-2024-0034, donde la empresa Happy Puppy Entertaiment, S.R.L. ataca el artículo 11, acápite 3 de la Ley 2-23, sobre Procedimiento de Casación.
Asimismo, los magistrados evaluaron el expedienteTC-01-2024-0038, a través del cual Marcos Leen Jiménez ataca la parte in fine del artículo 641 de la Ley 16-92, que instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana, del 29 de mayo de 1992.
Igualmente fue dejado en estado de fallo, el expediente TC-01-2024-0040, en el que la Fundación Primero Justicia (FPJ), Inc., y el licenciado Miguel Surún Hernández atacan el párrafo I del artículo 64 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007.
En esta audiencia los magistrados también conocieron el expediente TC-01-2024-0041, donde Luis Ventura Sánchez ataca la Ley núm. 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, del 2 de octubre de 2024.
Otro expediente que quedó pendiente de fallo fue el TC-01-2024-0042, interpuesto por Wendy Santos Berroa en contra de los artículos 1, 2 y 2.5 de la Ley 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República Dominicana del 2 de octubre de 2024 en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, adicionar una disposición general como artículo 278, y revisar y adicionar disposiciones transitorias, de fecha 2 de octubre de 2024.
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0033, donde la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) ataca la primera y segunda decisión de la Ordenanza 1/2022, emitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional el 16 de febrero del 2022.
También se conoció el expediente TC-01-2024-0036, interpuesto por la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (Adobad), en contra de los artículos 2 y 5 del Decreto 480-19, del 23 de diciembre de 2019, que modifica y agrega varios artículos del Decreto 352-99, del 12 de agosto de 1999, que aprobó el Reglamento Hípico.
Finalmente, los jueces del TC declararon inadmisible el expediente TC-01-2024-0037, introducido por el doctor Fernando Pichardo Cordones y los licenciados Manuel Alejandro Encarnación Montás y Loammi Peña, en contra de los actos 553/2024 y 559/2024, del 10 y 13 de septiembre de 2024, respectivamente, contentivos de demanda en reparación de daños y perjuicios y devolución de valores.
Además de los magistrados Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente, en la audiencia pública estuvieron presentes los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC; Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y la secretaria de la alta corte Grace Ventura Rondón.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.