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TC ratifica obligación de presentar declaración jurada de patrimonio

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Alta corte rechaza acción contra disposiciones de la Ley 311-14 y establece que el deber personal de transparencia no coloca por sí mismo a la banca estatal en desventaja frente al sector privado

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) rechazó una acción directa de inconstitucionalidad promovida contra varias disposiciones de la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, con lo cual mantiene la obligación de determinados funcionarios de entidades financieras estatales, entre ellos los alcanzados por la legislación en el Banco de Reservas, de presentar sus declaraciones patrimoniales.

La decisión está contenida en la Sentencia TC/0855/26, mediante la cual la alta corte declaró conformes con la Constitución los artículos y numerales cuestionados por los accionantes Edward Tavarez Almonte y Victoria J. Guzmán Vargas.

La controversia se concentró en el artículo 2, numerales 13, 20, 21 y 33, y el artículo 21 de la Ley 311-14.

Los recurrentes sostenían que imponer esta obligación a funcionarios de bancos estatales y otras empresas públicas generaba una carga regulatoria que no recae sobre ejecutivos equivalentes de instituciones financieras privadas.

TC descarta alegada desventaja frente a banca privada

Uno de los principales argumentos planteados ante el Tribunal fue que la exigencia podía afectar las condiciones bajo las cuales las entidades financieras públicas compiten con las privadas.

Los accionantes invocaron los artículos 219 y 221 de la Constitución, relacionados con el desarrollo económico y la igualdad de tratamiento de la actividad empresarial pública y privada.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que no fue demostrado que la obligación personal de declarar el patrimonio produzca una desventaja competitiva para Banreservas u otras entidades públicas.

Según el razonamiento recogido en la decisión, una obligación administrativa impuesta a determinadas personas físicas que desempeñan funciones públicas no puede considerarse, por ese solo hecho, una afectación constitucional a la institución en la que prestan servicios.

Tampoco quedó acreditado, de acuerdo con el fallo, que el requisito aumente los costos operativos de la entidad o genere consecuencias negativas para los usuarios del sistema financiero.

Transparencia y prevención de la corrupción

La decisión concede especial relevancia a la finalidad de la declaración jurada como instrumento de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción en el ejercicio de funciones públicas.

Durante el proceso, la Procuraduría General de la República argumentó que las disposiciones impugnadas no tienen por finalidad regular las operaciones comerciales propias de las entidades financieras estatales.

Su alcance, sostuvo, consiste en establecer un deber personal de transparencia patrimonial para determinados funcionarios.

En ese contexto fue invocado el artículo 146 de la Constitución dominicana, que contiene disposiciones dirigidas a combatir la corrupción en los órganos del Estado y contempla obligaciones relacionadas con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos.

El Tribunal consideró que el legislador dispone de un margen de configuración para establecer mecanismos destinados a garantizar la transparencia y preservar el interés público.

Accionantes invocaron precedente del propio TC

Otro aspecto de la controversia estuvo relacionado con la Sentencia TC/0944/23, precedente invocado por los accionantes para sostener la existencia de un régimen particular aplicable a las entidades públicas de intermediación financiera.

También alegaron que las atribuciones de fiscalización reconocidas a la Cámara de Cuentas podían interferir con las competencias constitucionales de la Junta Monetaria, planteamiento relacionado con el artículo 223 de la Constitución.

El Tribunal no acogió esos argumentos como fundamento suficiente para declarar inconstitucionales las disposiciones cuestionadas.

La Cámara de Diputados y el Senado también solicitaron el rechazo de la acción, defendiendo que la legislación persigue objetivos legítimos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas.

Acción fue admitida, pero rechazada en cuanto al fondo

El Tribunal Constitucional declaró la acción buena y válida en cuanto a la forma, pero la rechazó respecto del fondo.

En consecuencia, quedaron declaradas conformes con la Constitución las disposiciones impugnadas de la Ley 311-14.

El pleno también acogió un planteamiento incidental de la Cámara de Cuentas para ser excluida del proceso.

La decisión fue declarada libre de costas y el Tribunal dispuso su comunicación a las partes y organismos correspondientes, además de su publicación conforme a las reglas aplicables a las decisiones constitucionales.

Tres jueces emitieron votos salvados

La Sentencia TC/0855/26 fue adoptada por mayoría y contó con votos salvados de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.

Entre las observaciones formuladas, la magistrada Ferreira cuestionó la utilización de la expresión “empresa pública de intermediación financiera” para referirse al Banco de Reservas, al considerar que podría generar incertidumbre respecto de la naturaleza jurídica de la institución.

El magistrado Reyes Torres coincidió con la constitucionalidad de la Ley 311-14, pero entendió que su aplicación debía armonizarse con la Ley Monetaria y Financiera y la Ley Orgánica del Banco de Reservas, a fin de evitar posibles contradicciones entre los diferentes regímenes jurídicos.

Los magistrados José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano y Manuel Ulises Bonnelly Vega no participaron en la deliberación ni en la votación.

Un criterio sobre función pública y transparencia

La decisión adquiere relevancia más allá del caso particular de Banreservas porque aborda la relación entre el régimen especial de las entidades financieras estatales y las obligaciones individuales de transparencia de quienes desempeñan determinadas funciones públicas.

El criterio mayoritario del Tribunal establece una distinción fundamental: la obligación de declarar el patrimonio recae sobre el funcionario y no constituye, por sí misma, una regulación de las actividades comerciales de la entidad financiera pública.

Con esa interpretación, el TC mantiene vigentes los mecanismos establecidos por la Ley 311-14 para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios comprendidos dentro de su ámbito de aplicación y reafirma la transparencia y la prevención de la corrupción como finalidades constitucionalmente legítimas.

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Poder Judicial nombra a Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general

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El Consejo del Poder Judicial también designó a César Thomas Castillo como contralor general y a Gersy Medina al frente de Mensuras Catastrales, en el marco de una reorganización de importantes áreas institucionales.

Santo Domingo, República Dominicana.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó este martes al magistrado Ramón Horacio González Pérez como nuevo inspector general del Poder Judicial, una posición de especial relevancia para la supervisión del funcionamiento de los tribunales y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia dentro del sistema judicial dominicano.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria número 31-2026, celebrada el 17 de noviembre, en la que también fueron aprobados los nombramientos de César Thomas Castillo como contralor general y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales.

Las nuevas designaciones forman parte de las medidas institucionales orientadas a fortalecer la administración judicial, los controles internos y la eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Inspectoría General supervisa funcionamiento de los tribunales

La Inspectoría General desempeña una función fundamental dentro de la estructura del Poder Judicial, debido a que tiene entre sus responsabilidades vigilar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y recopilar información sobre la prestación de los servicios de justicia.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, esta dependencia actúa como órgano de apoyo investigativo y de vigilancia, con facultades para realizar diligencias relacionadas con las denuncias sometidas ante el Consejo.

Sus atribuciones incluyen contribuir al mejoramiento de la gestión judicial y verificar situaciones que puedan afectar el funcionamiento adecuado de los tribunales, respetando las competencias que corresponden a otras instituciones del Estado.

En consecuencia, la nueva responsabilidad de González Pérez lo coloca al frente de un organismo vinculado directamente con la supervisión institucional y la promoción de mejores prácticas en la administración de justicia.

Amplia trayectoria en la judicatura dominicana

El magistrado Ramón Horacio González Pérez cuenta con una extensa carrera profesional en el ámbito judicial, particularmente en materia penal, donde ha ocupado importantes posiciones durante varias décadas.

Es doctor en Derecho, egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y realizó estudios de posgrado en Derecho Público e Internacional en Italia.

En el ámbito jurisdiccional, desempeñó funciones como juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional entre 2007 y 2019, período durante el cual también ejerció como segundo sustituto del presidente de esa jurisdicción.

Previamente, ocupó posiciones como juez presidente de tribunales de primera instancia y magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Su experiencia también comprende una importante participación en la formación académica de profesionales del Derecho.

González Pérez ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), institución donde ejerció como director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Reconocimientos por su trayectoria y aportes a la ética judicial

La carrera del nuevo inspector general ha estado relacionada con iniciativas de promoción de la ética y los principios que deben orientar el ejercicio de la función jurisdiccional.

En 2021 recibió el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, concedido por unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, como reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al sistema de justicia.

También formó parte del jurado evaluador del Concurso de Ensayos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

En 2020 fue presentado como candidato dominicano a juez de la Corte Penal Internacional, mediante una nominación respaldada por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno dominicano.

Estas experiencias forman parte de su perfil profesional al asumir una dependencia relacionada con la vigilancia institucional y el cumplimiento de las responsabilidades de los órganos judiciales.

Nuevas autoridades en Contraloría y Mensuras Catastrales

Durante la misma sesión, el Consejo del Poder Judicial dispuso el nombramiento de César Thomas Castillo como contralor general, una posición vinculada al fortalecimiento de los mecanismos de control interno de la institución.

Asimismo, designó a Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales, dependencia de especial importancia para el funcionamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria y los procedimientos técnicos relacionados con los inmuebles.

Estos nombramientos buscan fortalecer áreas fundamentales para la gestión administrativa, la supervisión institucional y la prestación eficiente de los servicios judiciales.

Fortalecimiento de la confianza en la justicia

La designación de las nuevas autoridades se produce en un contexto en el que la transparencia, la eficiencia administrativa y la adecuada supervisión de los tribunales constituyen aspectos esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.

En particular, la Inspectoría General tiene una responsabilidad significativa en la identificación de situaciones que puedan afectar la calidad de los servicios y en la realización de las investigaciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales.

Con estas decisiones, el Consejo del Poder Judicial busca reforzar sus estructuras de vigilancia y control, mientras las nuevas autoridades asumen el desafío de contribuir a una administración de justicia más eficiente, transparente y apegada a los principios institucionales.

La información fue confirmada mediante el comunicado oficial publicado por el Poder Judicial el 17 de noviembre de 2026, que ratifica los tres nombramientos aprobados en la sesión ordinaria número 31-2026.

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Nuevo aplazamiento retrasa proceso judicial por asesinato de chofer recolector de basura en Santiago

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El Segundo Juzgado de la Instrucción fijó para el 14 de diciembre la continuación de la audiencia preliminar contra siete imputados, luego de que uno de los abogados defensores renunciara a la representación de su cliente.

Santiago, República Dominicana.-El proceso judicial seguido contra siete personas acusadas de participar en la muerte de un conductor de un camión recolector de basura en Santiago sufrió un nuevo retraso, luego de que el Segundo Juzgado de la Instrucción decidiera posponer la audiencia preliminar hasta el próximo 14 de diciembre.

El expediente está relacionado con el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida en abril de 2026, tras un violento incidente en el que presuntamente participaron varios motociclistas.

La decisión del tribunal se produjo después de que uno de los abogados defensores renunciara a representar al imputado Miguel García Balbuena, circunstancia que hizo necesario gestionar la intervención de la Defensoría Pública para garantizar su asistencia legal.

Con este nuevo aplazamiento, suman dos las ocasiones en que la audiencia ha sido reprogramada, mientras los familiares de la víctima continúan esperando que el proceso avance hacia una decisión judicial.

Familiares cuestionan los constantes retrasos

El abogado José Martínez Brito, representante de los familiares del conductor fallecido, expresó su inconformidad con la suspensión de la audiencia y consideró que los incidentes procesales podrían estar siendo utilizados para prolongar el conocimiento del expediente.

El jurista calificó la situación como una posible estrategia dilatoria y aseguró que mantendrá sus esfuerzos para que los tribunales conozcan las acusaciones y determinen las responsabilidades correspondientes.

Martínez Brito sostuvo que la familia continuará reclamando justicia, independientemente de los obstáculos procesales que puedan surgir durante el desarrollo del caso.

Sin embargo, desde la representación legal de algunos imputados también se expresaron preocupaciones por las reiteradas suspensiones.

El abogado Roberto Pérez, quien defiende a dos de los procesados, manifestó que esperaba que la audiencia pudiera celebrarse, debido a que los aplazamientos afectan igualmente a sus representados.

Durante la jornada de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros elementos relacionados con la acusación.

Siete acusados enfrentan proceso preliminar

Entre los imputados vinculados al expediente figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Las autoridades también señalan a Jhovanny de Jesús Mets Cruz, conocido como «Macho», como presunto autor material del homicidio.

Este último cumple prisión preventiva luego de haber sido repatriado desde Jamaica, país al que, según las autoridades, se trasladó después de los hechos investigados.

La acusación está relacionada con la muerte violenta del conductor, quien dejó cinco hijos en la orfandad, una tragedia que provocó consternación entre sus familiares y allegados.

Garantías procesales y derecho a una justicia oportuna

El nuevo aplazamiento pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre los retrasos que afectan determinados procesos penales y sus consecuencias para las víctimas y las personas sometidas a la justicia.

Aunque la renuncia de un abogado puede hacer necesaria la suspensión de una audiencia para garantizar el derecho de defensa, también corresponde a los tribunales adoptar las medidas procesales pertinentes para evitar retrasos injustificados.

En la etapa preliminar, el órgano judicial debe examinar los elementos presentados por el Ministerio Público y determinar si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio de fondo, sin que esta fase implique establecer anticipadamente la culpabilidad de los imputados.

En ese sentido, tanto los familiares de la víctima como los acusados tienen derecho a que el expediente sea conocido con respeto al debido proceso y dentro de un plazo razonable.

La próxima audiencia, programada para el 14 de diciembre, será determinante para establecer si finalmente puede avanzar la fase preliminar del proceso por la muerte de Abreu Quezada, un caso que continúa generando atención en Santiago.

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Cámara de Diputados evaluará nuevo presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo

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Una comisión especial tendrá hasta el jueves 19 de noviembre para presentar su informe sobre la propuesta que busca modificar nuevamente el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2026.

Santo Domingo, República Dominicana.-La Cámara de Diputados decidió este martes remitir a una comisión especial el proyecto de presupuesto complementario presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se procura introducir nuevas modificaciones a las disposiciones que regulan el Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

La propuesta legislativa contempla cambios en las leyes 99-25 y 43-26, relacionadas con la aprobación y posterior modificación del presupuesto vigente, y deberá ser examinada por los congresistas antes de iniciar formalmente el conocimiento del proyecto presupuestario para 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que resulta necesario concluir el trámite de esta iniciativa para avanzar posteriormente en la discusión de las asignaciones económicas previstas para el próximo año.

Recordó que el presupuesto correspondiente a 2026 fue aprobado en diciembre de 2025 y posteriormente recibió modificaciones mediante la Ley 43-26, por lo que el nuevo documento constituye otra propuesta de actualización de las disposiciones presupuestarias.

Comisión especial deberá rendir informe el jueves

Durante la sesión legislativa, el pleno conoció una comunicación remitida por el Poder Ejecutivo en la que se exponen los motivos de la propuesta.

Tras escuchar la lectura de la correspondencia, los diputados aprobaron dispensar la lectura íntegra del proyecto y enviarlo a una comisión especial, encargada de estudiar su contenido y presentar sus recomendaciones el próximo jueves 19 de noviembre.

El organismo estará presidido por el diputado Frank Paulino y contará con la participación de legisladores de distintas organizaciones políticas.

Entre sus integrantes figuran Ydenia Doñez, Charles Noé Mariotti Paz, Claudel Frías, Ramón Raposo, Jorge Manuel Zorrilla, Ángela Maruja Gregorina, Félix Hiciano, Delli Félix, Dorina Rodríguez, Abelardo Rutinel, Sergio Moya, Gregorio Domínguez, Enriqueta Rojas, Tobías Crespo, Danilo Díaz, Brenda Ogando, Margarita Tejeda, Amado Díaz y José David Báez.

La comisión tendrá la responsabilidad de examinar las modificaciones propuestas y determinar la pertinencia de recomendar su aprobación o introducir cambios durante el proceso legislativo.

Diputados conocen otras iniciativas

En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó en segunda discusión una iniciativa que dispone designar con el nombre de Felipa Gómez Sarete una estación del Teleférico de Santo Domingo, ubicada en la calle Central del sector Buenos Aires.

El proyecto fue presentado por el diputado Ignacio Aracena.

Asimismo, los legisladores decidieron dejar sobre la mesa una propuesta que modifica varios artículos de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el propósito de retomarla durante la próxima semana.

Aprueban convenio para proteger recursos hídricos

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la aprobación del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, instrumento internacional adoptado en Helsinki, Finlandia, el 17 de marzo de 1992.

Este acuerdo procura fortalecer la cooperación entre los Estados para prevenir la contaminación y promover la conservación de las aguas superficiales y subterráneas compartidas.

Su finalidad incluye impulsar mecanismos de coordinación que permitan garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y reducir los riesgos ambientales asociados a su utilización.

Solicitudes de obras y homenajes

Durante los trabajos también fue aprobado el nonagésimo octavo grupo de resoluciones internas, mediante el cual diferentes diputados solicitan al Gobierno la ejecución de proyectos de infraestructura, reparación de instalaciones y mejoramiento de servicios públicos en sus respectivas comunidades.

La sesión incluyó, además, un minuto de silencio en memoria de Melvin López, mánager del Club Mauricio Báez; Lily Josefina Rodríguez, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y Rafael Antonio Reyes Almonte, rector de la Universidad Evangélica.

Al concluir la jornada, Alfredo Pacheco convocó a los legisladores para una nueva sesión el jueves 19 de noviembre, a las 12:00 del mediodía.

La atención legislativa estará concentrada en el informe de la comisión especial sobre el presupuesto complementario, una iniciativa cuyo conocimiento resulta relevante para cerrar las modificaciones fiscales de 2026 y avanzar hacia la discusión del Presupuesto General del Estado de 2027.

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