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TC ratifica obligación de presentar declaración jurada de patrimonio
Alta corte rechaza acción contra disposiciones de la Ley 311-14 y establece que el deber personal de transparencia no coloca por sí mismo a la banca estatal en desventaja frente al sector privado
SANTO DOMINGO.– El Tribunal Constitucional (TC) rechazó una acción directa de inconstitucionalidad promovida contra varias disposiciones de la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, con lo cual mantiene la obligación de determinados funcionarios de entidades financieras estatales, entre ellos los alcanzados por la legislación en el Banco de Reservas, de presentar sus declaraciones patrimoniales.
La decisión está contenida en la Sentencia TC/0855/26, mediante la cual la alta corte declaró conformes con la Constitución los artículos y numerales cuestionados por los accionantes Edward Tavarez Almonte y Victoria J. Guzmán Vargas.
La controversia se concentró en el artículo 2, numerales 13, 20, 21 y 33, y el artículo 21 de la Ley 311-14.
Los recurrentes sostenían que imponer esta obligación a funcionarios de bancos estatales y otras empresas públicas generaba una carga regulatoria que no recae sobre ejecutivos equivalentes de instituciones financieras privadas.
TC descarta alegada desventaja frente a banca privada
Uno de los principales argumentos planteados ante el Tribunal fue que la exigencia podía afectar las condiciones bajo las cuales las entidades financieras públicas compiten con las privadas.
Los accionantes invocaron los artículos 219 y 221 de la Constitución, relacionados con el desarrollo económico y la igualdad de tratamiento de la actividad empresarial pública y privada.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que no fue demostrado que la obligación personal de declarar el patrimonio produzca una desventaja competitiva para Banreservas u otras entidades públicas.
Según el razonamiento recogido en la decisión, una obligación administrativa impuesta a determinadas personas físicas que desempeñan funciones públicas no puede considerarse, por ese solo hecho, una afectación constitucional a la institución en la que prestan servicios.
Tampoco quedó acreditado, de acuerdo con el fallo, que el requisito aumente los costos operativos de la entidad o genere consecuencias negativas para los usuarios del sistema financiero.
Transparencia y prevención de la corrupción
La decisión concede especial relevancia a la finalidad de la declaración jurada como instrumento de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción en el ejercicio de funciones públicas.
Durante el proceso, la Procuraduría General de la República argumentó que las disposiciones impugnadas no tienen por finalidad regular las operaciones comerciales propias de las entidades financieras estatales.
Su alcance, sostuvo, consiste en establecer un deber personal de transparencia patrimonial para determinados funcionarios.
En ese contexto fue invocado el artículo 146 de la Constitución dominicana, que contiene disposiciones dirigidas a combatir la corrupción en los órganos del Estado y contempla obligaciones relacionadas con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos.
El Tribunal consideró que el legislador dispone de un margen de configuración para establecer mecanismos destinados a garantizar la transparencia y preservar el interés público.
Accionantes invocaron precedente del propio TC
Otro aspecto de la controversia estuvo relacionado con la Sentencia TC/0944/23, precedente invocado por los accionantes para sostener la existencia de un régimen particular aplicable a las entidades públicas de intermediación financiera.
También alegaron que las atribuciones de fiscalización reconocidas a la Cámara de Cuentas podían interferir con las competencias constitucionales de la Junta Monetaria, planteamiento relacionado con el artículo 223 de la Constitución.
El Tribunal no acogió esos argumentos como fundamento suficiente para declarar inconstitucionales las disposiciones cuestionadas.
La Cámara de Diputados y el Senado también solicitaron el rechazo de la acción, defendiendo que la legislación persigue objetivos legítimos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas.
Acción fue admitida, pero rechazada en cuanto al fondo
El Tribunal Constitucional declaró la acción buena y válida en cuanto a la forma, pero la rechazó respecto del fondo.
En consecuencia, quedaron declaradas conformes con la Constitución las disposiciones impugnadas de la Ley 311-14.
El pleno también acogió un planteamiento incidental de la Cámara de Cuentas para ser excluida del proceso.
La decisión fue declarada libre de costas y el Tribunal dispuso su comunicación a las partes y organismos correspondientes, además de su publicación conforme a las reglas aplicables a las decisiones constitucionales.
Tres jueces emitieron votos salvados
La Sentencia TC/0855/26 fue adoptada por mayoría y contó con votos salvados de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
Entre las observaciones formuladas, la magistrada Ferreira cuestionó la utilización de la expresión “empresa pública de intermediación financiera” para referirse al Banco de Reservas, al considerar que podría generar incertidumbre respecto de la naturaleza jurídica de la institución.
El magistrado Reyes Torres coincidió con la constitucionalidad de la Ley 311-14, pero entendió que su aplicación debía armonizarse con la Ley Monetaria y Financiera y la Ley Orgánica del Banco de Reservas, a fin de evitar posibles contradicciones entre los diferentes regímenes jurídicos.
Los magistrados José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano y Manuel Ulises Bonnelly Vega no participaron en la deliberación ni en la votación.
Un criterio sobre función pública y transparencia
La decisión adquiere relevancia más allá del caso particular de Banreservas porque aborda la relación entre el régimen especial de las entidades financieras estatales y las obligaciones individuales de transparencia de quienes desempeñan determinadas funciones públicas.
El criterio mayoritario del Tribunal establece una distinción fundamental: la obligación de declarar el patrimonio recae sobre el funcionario y no constituye, por sí misma, una regulación de las actividades comerciales de la entidad financiera pública.
Con esa interpretación, el TC mantiene vigentes los mecanismos establecidos por la Ley 311-14 para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios comprendidos dentro de su ámbito de aplicación y reafirma la transparencia y la prevención de la corrupción como finalidades constitucionalmente legítimas.
Nacionales
Senado aprueba reforma que cambia la designación de procuradores adjuntos y adapta el Ministerio Público a la Constitución
La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.
La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.
Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos
De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.
La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.
Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.
Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.
Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación
Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.
Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.
Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.
Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.
Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.
La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.
Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses
Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.
La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.
Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio
En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.
También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.
Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios
El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.
Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.
Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.
En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.
Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.
Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades
En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.
También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.
En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.
Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.
En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.
Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia
Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.
El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.
Legisladores rinden homenajes póstumos
Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.
Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.
Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.
EFE
La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.
La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).
Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Reclaman determinar las circunstancias de los disparos
La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.
En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.
Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.
Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.
Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.
La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.
Políticas migratorias bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.
Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.
Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.
Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.
Control migratorio y respeto a los derechos humanos
Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.
Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.
En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.
Esperan pronunciamiento de las autoridades
Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.
La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.
Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.
Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado fueron distinguidos por la Cámara de Diputados en reconocimiento a sus aportes a la música, el diseño de moda y la proyección artística de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Tres destacadas personalidades del arte dominicano recibieron este miércoles un homenaje de la Cámara de Diputados, que reconoció sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de la identidad cultural del país.
El cantante Erasmo Niní Cáffaro, el diseñador de moda Leonel Lirio y la pianista y arreglista Janina Rosado fueron distinguidos durante una ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibieron pergaminos de reconocimiento aprobados mediante resoluciones legislativas.
La actividad reunió a legisladores, representantes de diversos sectores y personalidades vinculadas al arte, la política y la cultura nacional.
Niní Cáffaro, una trayectoria vinculada a la música dominicana
La distinción concedida a Niní Cáffaro surgió de una iniciativa presentada por Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados.
La resolución destaca la trayectoria del intérprete y sus aportes al desarrollo y la difusión de la música dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para la institución reconocer a una figura cuya carrera artística forma parte del patrimonio musical del país.
El homenaje representa un reconocimiento institucional a los años de dedicación de Cáffaro a la interpretación musical y a su contribución a la cultura dominicana.
Leonel Lirio, reconocido por proyectar la moda nacional
El diseñador Leonel Lirio también recibió una distinción por su trayectoria en la industria de la moda y sus contribuciones al posicionamiento del diseño dominicano.
La resolución fue sometida por la diputada Selinée Méndez, quien resaltó la influencia de Lirio en la promoción de la identidad cultural a través de sus creaciones, así como su participación en iniciativas de formación académica.
Al referirse al homenajeado, Alfredo Pacheco destacó que sus diseños han vestido a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a dar visibilidad al talento creativo de República Dominicana.
El reconocimiento pone de relieve la importancia de la moda como manifestación cultural y como una actividad capaz de proyectar internacionalmente la creatividad dominicana.
Janina Rosado, una vida dedicada al talento musical
La pianista y arreglista Janina Rosado fue distinguida por su destacada participación en el desarrollo de la música nacional y su proyección artística internacional.
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Juana Castillo, quien valoró la trayectoria profesional de Rosado y sus contribuciones al fortalecimiento del arte dominicano.
Durante el acto, Pacheco recordó su participación como pianista en la agrupación del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, experiencia que ha formado parte importante de su recorrido musical.
La distinción reconoce tanto sus capacidades interpretativas como su trabajo en los arreglos musicales y su contribución a la presencia de artistas dominicanos en escenarios internacionales.
Cámara de Diputados destaca importancia de preservar los legados culturales
La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó la labor desarrollada por los legisladores que promueven iniciativas destinadas a valorar las trayectorias de ciudadanos sobresalientes.
Asimismo, resaltó el trabajo de la comisión legislativa para documentar los méritos y contribuciones de las personas propuestas para recibir estas distinciones.
Santos señaló la importancia de dar visibilidad a quienes, desde distintas áreas profesionales, han contribuido al desarrollo de la sociedad dominicana.
Personalidades acompañan a los homenajeados
La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político, cultural y deportivo.
Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la cantante Olga Lara y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.
También participaron legisladores y otros invitados que acompañaron a los homenajeados durante la entrega de los pergaminos.
Al recibir las distinciones, Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado expresaron su agradecimiento a la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y personas que los han acompañado durante sus respectivas carreras.
Con este acto, la Cámara de Diputados resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de República Dominicana.