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Debe conocerse de nuevo, según el TC, caso que la Suprema declaró inadmisible por usar mal una palabra
Santo Domingo, R.D.-La preocupación de que la figura de la inadmisibilidad es usada para buscar disminuir la cantidad de moras judiciales en la Suprema Corte de Justicia, acaba de comprobarse con lo que el Tribunal Constitucional ha considerado la violación de la tutela judicial efectiva por una aplicación rígida de las formas procesales, ya que la Primera Sala del más alto tribunal del pais rechazó un caso por el uso incorrecto de una palabra.
El caso se originó luego de que la Sala Civil y Comercial no admitiera un recurso de casación, al entender que en sus conclusiones solicitó «revocar» la sentencia impugnada, una facultad que está prohibida para la SCJ en sus funciones como corte de casación.
El TC anuló la decisión de la alta corte al considerar que ese tribunal incurrió en un «excesivo formalismo y rigor semántico» que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente.
- La decisión está contenida en la sentencia TC/0262/26, emitida el 1 de mayo de 2026, en el marco de un recurso de revisión constitucional interpuesto por la sociedad comercial Centro Comercial Los Polancos, S.A.
«Si bien podría retenerse el uso incorrecto del término revocar en las conclusiones contenidas en el memorial de casación, se trataba de una cuestión subsanable, pues tanto las motivaciones como los demás pedimentos estaban correctamente dirigidos al tribunal», manifesta el TC en la sentencia.
La alta corte constitucional indicó que declarar inadmisible un recurso únicamente por el uso erróneo de una palabra constituye una limitación «irrazonable» al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.
«La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso, pues la declaratoria de inadmisibilidad por el uso incorrecto de un término en el recurso de casación del que estaba apoderada se constituye en una limitación desproporcionada e irrazonable al derecho a ser oído de la parte recurrente», establece la decisión.
En la decisión el TC recordó el precedente decidido mediante la Sentencia TC/1661/25, de diciembre del año pasado, donde los magistrados anularon una decisión de la Primera Sala de la SCJ que declaró inadmisible un recurso de casación con base al empleo erróneo de una palabra.
Este conflicto surgió por una disputa comercial entre las empresas Centro Comercial Los Polancos, S.A. y Vitusa Corp., relacionada con una deuda.
El caso comenzó con una demanda en cobro de pesos presentada por Vitusa Corp., contra Centro Comercial Los Polancos. En 2012, un tribunal de primera instancia condenó a Los Polancos al pago de 328,524.95 dólares, más las costas del proceso.
Ambas empresas apelaron esa decisión. Posteriormente, la Corte de Apelación anuló la demanda original, pero Vitusa Corp. volvió a presentar el caso ante los tribunales.
En ese segundo proceso, otro tribunal condenó nuevamente al Centro Comercial Los Polancos al pago de 254,472.25 dólares. La empresa apeló, pero la Corte de Apelación confirmó la sentencia.
Luego, Los Polancos recurrió en casación ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la Primera Sala de la SCJ declaró inadmisible el recurso porque en las conclusiones del escrito los abogados solicitaron «revocar» la sentencia, en vez de pedir que fuera «casada».
Ante eso, Centro Comercial Los Polancos acudió al Tribunal Constitucional alegando que la Suprema incurrió en un exceso de formalismo y le violó el derecho a la tutela judicial efectiva.
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.