Análisis Noticiosos
Tendrán que reformular el pliego
Por Juan Bolívar Díaz
Todo parece indicar que las organizaciones empresariales tendrán que reformular y moderar consistentemente su pliego de reclamos, si quieren conseguir algunas de sus demandas que parecen razonables, como la moderación del costo de la prestación de cesantía que para pequeñas y medianas empresas puede constituirse en insostenible, en determinadas circunstancias, pero ni eso conseguirán si no reconocen la vulnerabilidad de los empleados y de un modelo económico social que concentra excesivamente el ingreso.
Desde que se integró el año pasado una comisión oficial multisectorial para conocer y recomendar sobre las demandas de reformas al régimen laboral, el gobierno las condicionó a un acuerdo o consenso entre empleadores y trabajadores. Para eso designó una comisión plural de economistas y expertos laborales. Y esta semana el presidente Danilo Medina ratificó tajantemente esa condición, lo que obligaría a un mayor esfuerzo de concertación si se quiere conseguir algo del amplio pliego de reclamos empresariales.
Y no está descaminado el gobierno sobre los reclamos empresariales, pues no hay razón que justifique abandonar la búsqueda de consenso y los acuerdos obrero-patronales y gubernamentales sobre los que durante años se edificó el código de trabajo, a principio de los noventa y la Ley que en el 2001 instituyó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Como la democracia, el consenso representa dificultades y hasta lentitud en las decisiones. Siempre ha sido más fácil la imposición que la concertación. Pero nadie renuncia voluntariamente a los avances o derechos adquiridos durante años sino en un proceso de racionalidad e intercambio de concesiones.
Desde que se conocieron las demandas empresariales, algunos consideramos que eran tan excesivas que parecía que habían seguido el equivocado modelo sindical de pedir mucho para conseguir poco. Por ejemplo, cada discusión de aumento salarial comienza con demandas del 50 y 60 por ciento para quedar en 10 o 15.
El primer error de los empresarios es que no han logrado aclarar suficientemente si sus promesas de no afectar conquistas establecidas, implica que las reformas que reclaman sólo se aplicarán a las contrataciones laborales futuras, como se debe asumir dada la irretroactividad de la ley.
En segundo lugar el pliego parece inspirado en lo ocurrido en naciones desarrolladas donde se ha hecho pagar a los trabajadores el costo de la crisis estructural del capitalismo y de la voracidad de los ejecutivos y magnates financieros. Pero el nivel del bienestar social alcanzado en algunos países permite reducciones sin agravar mucho las condiciones de vida de la población.
La cuestión es diferente en países de tanta desigualdad, como la República Dominicana, donde tres cuartas partes de los asalariados no reciben lo equivalente al costo promedio de la canasta familiar, y donde más de medio siglo de crecimiento económico no han logrado una reducción significativa de la pobreza, por la concentración del ingreso, como lo han documentado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recientemente del Banco Mundial.
Por ejemplo, es una torpeza plantear el aumento de la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reduciendo conquistas de principios del siglo pasado. Mucho menos viable en un país donde una alta proporción de los empleados tienen un segundo trabajo, formal o informal, con jornadas diarias totales que alcanzan hasta las 16 horas.
Los empresarios tienen cierta razón en cuanto a la cesantía que es una carga que casi duplica el costo de sus aportes a las pensiones, y que en muchos casos, quiebra empresarios, sobre todo pequeños y medianos, e incentiva la informalidad y las evasiones. ¿A cambio de más aporte al sistema de pensiones, un seguro de desempleo?
También tienen razón en que en muchos sectores, el agropecuario y la construcción por ejemplo, es impracticable la cuota de 20 por ciento de extranjeros, y debe ser racionalizada. Pero que abandonen la extensión del horario diurno hasta las 10 de la noche y el trabajo sin límites los fines de semana.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.