Análisis Noticiosos
Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros
Se da por hecho que la próxima semana el Consejo Nacional de Migración tendrá que aprobar una segunda renovación de los permisos provisionales de residencia otorgados a más de 230 mil extranjeros, 97 por ciento haitianos, que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), ejecutado entre el 2014 y 2016.Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.
La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.
Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.
Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.
Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.
Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.
Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.
Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.
Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.
Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.
Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.
Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.
Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.
Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.
Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.