Análisis Noticiosos
Tendrán que salvar otra vez el Plan de Regularización de Extranjeros
Se da por hecho que la próxima semana el Consejo Nacional de Migración tendrá que aprobar una segunda renovación de los permisos provisionales de residencia otorgados a más de 230 mil extranjeros, 97 por ciento haitianos, que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), ejecutado entre el 2014 y 2016.Aunque se escamotea la información y persisten las manipulaciones, informes indican que apenas 7,834, el 3 por ciento de los que recibieron el estatus provisional, han podido completar la exigente planilla de requisitos, por lo que desconocer esa realidad implicaría dar por fracasado un esfuerzo que ha tenido aplauso nacional e internacional.
La implacable realidad. Aunque se ha pretendido ocultarla, la realidad es que apenas 7,834 inmigrantes de múltiples nacionalidades han podido completar la exigente planilla de requisitos para acogerse a la regularización, equivalentes al 3 por ciento de los 230 mil 065 que hace dos años fueron autorizados provisionalmente a permanecer y trabajar en el país. Otros 20 mil 176 no se han presentado a recibir la constancia correspondiente, que probablemente fueron de las decenas de miles que regresaron a Haití tras cumplirse el plazo en julio del 2015.
Contrario a lo que todavía muchos pregonan, no ha sido la falta de documento de identidad el problema fundamental, pues sólo 20 mil 365, de los 288 mil 467 que originalmente solicitaron regularizarse, no presentaron pasaporte, cédula de identidad o acta de nacimiento, como estableció el decreto que dispuso el plan. Fueron el 53 por ciento de los 38 mil 226 que fueron descartados desde el comienzo, muchos por no haber podido acreditar la fecha de ingreso al país.
Del total de los solicitantes, provenientes de 116 países, el 97.7 por ciento son de nacionalidad haitiana, el 36 por ciento lo hizo con acta de nacimiento, 33 por ciento con pasaporte, el 24 por ciento con carné o cédula nacional de identidad, y el restante 7 por ciento no pudo presentar un documento de identidad personal.
Demasiados requisitos. Desde el principio se advirtió que el PNRE era excesivamente exigente para una población de inmigrantes muy pobres, que incluía aspectos socio-económicos como cuentas bancarias, propiedad de muebles e inmuebles y de automóviles, contratos de alquileres, además de los básicos como documento de identidad, arraigo en el país, certificado de buena conducta, contrato de trabajo y constancia de residencia. Y hasta las compras de electrodomésticos o contratos de teléfono deben ser autenticados por notarios públicos, todo lo cual eleva los costos a niveles impagables por la mayoría de los haitianos.
Abogados que participaron en los procesos por cuenta de grandes empresas que procuraron regularizar sus trabajadores agrícolas, testimoniaron que cada caso salía por entre 15 y 20 mil pesos, sin contar las extorsiones a que eran sometidos los más indefensos. Con el agravante de que las gestiones implicaban entre 10 y 15 visitas a los centros de registro, con los consiguientes costos de transporte y de ausencia laboral.
Así como ha habido empresas interesadas en regularizar sus empleados extranjeros, la mayoría de los empleadores agrícolas, de la construcción y domésticos, evaden darle certificaciones de empleo, muchos por temor a que luego les exijan prestaciones laborales o pago de la seguridad social. A eso contribuye la condición inestable de esos trabajadores y su empleo temporal por estaciones de cultivo y cosechas agrícolas.
Pequeños y medianos productores agrícolas aducen que ellos no pueden dar un certificado sin garantía de que el jornalero no se vaya a otro lugar o labor. La renuncia afecta a haitianos en el trabajo doméstico, guardianes, jardineros, porteros de edificios, fincas y residencias. Alta proporción tampoco ha conseguido que dominicanos les firmen constancia de arraigo.
Sin real alternativa. Las autoridades no tienen alternativa realista a una nueva prórroga de la provisionalidad, a menos que quieran proclamar el fracaso de un programa de regularización en el que dicen haber invertido más de dos mil millones de pesos, con aportes internacionales, para un objetivo planteado desde 1990 en el decreto 417 del presidente Balaguer, que lo dispuso por primera vez. La segunda quedó patente en la Ley 215 de Migración, promulgada por el presidente Mejía en el 2004. El objetivo fue rescatado por la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2013.
Fue en vísperas de concluir el plazo para solicitar la regularización que las autoridades concibieron las autorizaciones provisionales, al comprobar que apenas 2 por ciento cumplía todos los requisitos. Se anunció que se darían permisos por dos años a los que se acreditaron con pasaporte y por un año a los de actas de nacimiento o cédula.
Como no se emitieron todas las autorizaciones al mismo tiempo, tampoco vencen juntas, los primeros 140 mil entre este julio y diciembre, y el resto en el 2018. Pero de hecho, los 230 mil autorizados provisionalmente serían apenas la mitad de los 458 mil haitianos que, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012 habían llegado al país, que para el 2015 podrían haber superado los 550 mil, por el incremento de esos años.
Los esfuerzos por regularizar esos 230 mil, deberían permitir la repatriación de unos 300 mil, y de hecho las autoridades han dado cuenta de que entre 40 y 50 mil se fueron por propia voluntad al finalizar la regularización, y otros tantos fueron deportados progresivamente.
Tendría un costo muy alto. Debe asumirse que de no renovarse las autorizaciones provisionales, casi todos los inmigrantes haitianos estarían condenados a la deportación, con un costo inmenso para las relaciones bilaterales en la isla, y a nivel internacional para un país que a su vez tiene más de millón y medio de sus nativos en el exterior. Marchitaría aún más la imagen de la República Dominicana en el mundo, afectada severamente desde la sentencia 168-13, que dispuso la desnacionalización de los descendientes de haitianos nacidos en el país.
Pero sobre todo, habría que contemplar si la producción agropecuaria y la construcción, pública y privada, y las labores domésticas pueden mantenerse sin la barata mano de obra haitiana. A no ser que de golpe la población dominicana decida asumir las tareas más duras dejadas por décadas a los vecinos. En cualquier caso, elevaría los costos de producción y reduciría la ya pobre capacidad competitiva de los productores nacionales.
Solo el entusiasmo de los grupos que explotan el ultra nacionalismo promoviendo la confrontación en la isla, puede creer que el país puede prescindir de la inmigración haitiana después de un siglo. Incentivaría el tráfico de ida y vuelta por la frontera, con el que personeros de ambos lados han hecho fortuna durante décadas. Aunque debe quedar consignado que, con evidente hipocresía, muchos de los explotadores de la mano de obra haitiana guardan silencio y hasta se suman a los prejuicios históricos, sociales y hasta raciales.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.