Análisis Noticiosos
“Tengo más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién”
Más de 250.000 personas cruzaron en el último año la peligrosa selva entre Colombia y Panamá. El ecuatoriano Dany Chapi lo hizo dos veces y ya planea la tercera
Guayaquil.- Dany Chapi decidió que migrar era la única opción que tenía para sostener a sus tres hijos y a su esposa. “Fue muy duro decirle a mi familia que me iba a ir, porque nunca nos habíamos separado”, recuerda. No les dijo cuándo se iría, ni se despidió de ellos, era un 4 de julio de 2022 cuando les avisó de que estaba en Colombia, rumbo a Panamá, para cruzar el peligroso camino por el Darién, un muro de selva entre Colombia y Panamá. Uno de los pulmones de América que esconde un infierno para cientos de miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
La meta estaba trazada, llegar a Norteamérica a cualquier costo, pero no lo consiguió en el primer intento. Dany fue detenido por migración en México y devuelto a Quito. Esperó un poco más de un mes para recuperarse de la deshidratación que le había dejado la travesía y volvió a irse, otra vez por el Darién. En esa ocasión los vecinos de su barrio se enteraron que haría de nuevo el viaje y 40 personas le pidieron ir con él, entre ellos ocho niños. “Había una señora que era bien gordita, viajaba con sus siete hijos, yo tenía miedo que no pudiera subir la montaña de la muerte, pero tenía tantas ganas, que ahí entre todos ayudamos”, dice Dany, que esta vez hizo de guía.
Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más ha usado el paso irregular del Darién, según migración de Panamá. La cifra revela un aumento alarmante, para enero de 2022 se había registrado el paso de 100 personas, para octubre ya eran 8.587 en un solo mes, al finalizar el año 29.456 ecuatorianos habían cruzado esa selva. El aumento de la violencia en el país está detrás de las cifras.
De las 4.161 consultas médicas que ha realizado Médicos Sin Fronteras en las primeras semanas de enero a la salida del Darién, el 13,3% corresponden a pacientes ecuatorianos; es decir, 550 personas. En todo el 2022, el 7% de las 40.000 atenciones fueron a migrantes de Ecuador, entre ellos Dany. “Les pedí ayuda porque en el camino me dio gripe, pero lo peor es que se me hicieron cortes muy feos en las piernas y en los pies por las botas que estaban mojadas porque se entraba el agua al cruzar los ríos”, relata las consecuencias de las 12 horas caminando durante siete días.
“En el camino se ven muchas cosas, mucha gente que se rinde, mucha gente que se lesiona y no hay quien les ayude y se quedan ahí a morir”, describe Dany. Él también vio a los muertos en el río y lo subió a Tik Tok, donde fue documentando el viaje, a los niños que cruzaban por los ríos, las banderas de Ecuador que se amarraban en los árboles para dejar la huella, la pelea por los salvoconductos y los cortos recesos en los campamentos que se armaban al caer la noche. A Dany y a sus amigos también los asaltaron grupos armados en la mitad de la selva. Era la vida o 100 dólares, y en un instante perdieron todo el dinero que habían llevado.
Dany Chapi tenía tres talleres mecánicos en la capital ecuatoriana hasta antes de la pandemia, pero como muchas otras personas, los negocios cerraron y cuando la reactivación empezó logró sostener solo un local. Daba lo justo para una familia de cinco y pagar a los empleados, pero no para la “vacuna”, la extorsión que grupos criminales piden sin discriminación alguna a los negocios en Ecuador.
“Entraron dos veces al local, le avisé a la Policía pero no hizo nada”. Decidió migrar cuando los delincuentes visitaron no solo el negocio de Dany, sino el de toda la calle, a plena luz del día, para decirles que si no pagaban el valor mensual que pedían, habría consecuencias contra los bienes y la familia.
Después de atravesar en dos ocasiones la peligrosa selva, Dany sostiene: “Tengo menos miedo de cruzar el Darién que de vivir en Ecuador”. Ahora está planeando su tercer intento para ir a Norteamérica, esta vez lo hará con su esposa y tres hijos. La compleja situación de inseguridad del país sudamericano, donde han asesinado a más de 4.600 personas en el último año, ha desplazado a la falta de empleo y de oportunidades que desde siempre han sido los motivos por los cuales los ecuatorianos migran. “Muchas de las personas que se animan a hacer esta ruta han expresado que existe un factor de violencia o no se sentían seguras en el sitio en el que estaban”, explica Cristina Zugasti, representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá.
“Un señor de 50 años que vino a consulta nos dijo que vendía cosas en la calle y que los grupos criminales le pidieron 2.000 dólares y él contaba que no podía pagar, entonces se fue”, añade. Hay otros casos en los que el miedo a que en cualquier momento les toque a ellos, los ha motivado a irse, como el de una mujer que en más de una ocasión la llamaron del colegio de los hijos mientras estaba en el trabajo. “Era la directora que no había pagado la vacuna y tenían que ir corriendo a recoger a los niños porque les habían amenazado con una bomba”, comenta Zugasti, en otro de los casos que han recogido en el poco tiempo que los médicos asisten con ayuda psicológica a los migrantes cuando salen del Darién.
La segunda vez que Dany cruzó la selva, atravesó Centroamérica y México y logró llegar a Estados Unidos. Empezó a trabajar ensamblando muebles de cocina a los pocos días. El sueño americano se había cristalizado. Pero su esposa decidió ir detrás de él, acompañada solo con sus hijos de 3 y 14 años, también lo hizo por la selva del Darién. “Fue muy duro pero lo lograron”, cuenta. Sin embargo, no corrieron con la misma suerte y fueron detenidos en México. Era diciembre de 2022, víspera de Navidad, cuando Dany recibió la llamada. “Mi esposa lloraba destrozada, estaba en Ecuador, los habían deportado”, y él decidió regresar a por ellos. “En junio lo intentaré de nuevo, pero con mi familia”, dice
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.