Análisis Noticiosos
Tensa negociación Gobierno-Barrick
Por Juan Bolívar Díaz
La retención del embarque de oro fue parte de las presiones gubernamentales para que la Barrick Gold mejore significativamente la participación inmediata del Estado en los beneficios de la millonaria exportación
Gustavo Montalvo,ministro de la Presidencia
El Gobierno y la minera Barrick Gold han seguido negociando tras el enérgico reclamo del presidente Danilo Medina de una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata provenientes de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, aunque la oferta empresarial parece muy distante de la expectativa.
En un clima de exacerbación nacionalista el gobierno elevó su ofensiva con la retención del último embarque de oro y plata, buscando forzar un “acuerdo amigable”, consciente de que los términos del contrato no le son favorables en el escenario de un arbitraje internacional que podría resultar de la imposición legislativa planteada.
La “solución amigable”
Tras el virtual ultimátum público contenido en el discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero reclamando una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata, las conversaciones entre el Gobierno y la minera Barrick Gold han proseguido, como antes bajo rigurosa confidencialidad, con ofertas de transacción sin modificar el contrato, pero hasta ahora lejanas de las expectativas gubernamentales.
Apenas horas después del reclamo presidencial la Barrick emitió un documento donde confirmaba que “hemos sostenido acercamientos amigables con el Estado dominicano”. El presidente Medina había reclamado una renegociación del contrato, y dijo que tras decenas de reuniones se estaba llegando al límite de la paciencia. En una carta del presidente de la minera, el ex diplomático norteamericano Manuel Rocha, precisó que en once reuniones “nuestra empresa propuso varias fórmulas fiscales al Estado” pero todas fueron descartadas. Fragmentos de esa carta fueron publicados esta semana por el periodista Marino Zapete y reproducidos por Acento.com.do.
La Barrick confirmó luego la misiva, aunque rechazando que contuviera términos ofensivos para el primer mandatario, como se había comentado.
La empresa prefiere hablar en términos de acuerdo amigable, lo que quedó de manifiesto cuando el 4 de marzo su gerente de comunicaciones Jorge Esteva dijo a la periodista Alicia Ortega que la renegociación del contrato “no está sobre la mesa” , reiterando la disposición al diálogo para “buscar alternativas para contribuir a paliar el déficit del Estado”, señalando que “no entendemos la necesidad de una renegociación”, llegando a expresar esperanzas de que “estén considerando las consecuencias” de la imposición del impuesto adicional que había planteado el presidente Medina apenas cinco días antes.
Ofertas insatisfactorias
Tras mostrar públicamente sus cartas respectivas ambas partes continuaron las exploraciones de fórmulas, conscientes de que no les conviene jugar a la confrontación de facto. Pero en fuentes gubernamentales se dice que las propuestas de la empresa han seguido “muy lejos” de las expectativas del gobierno que quiere multiplicar más de diez veces los 56 millones de dólares anuales que según dijo el presidente Medina recibiría en los primeros tres años de exportaciones, hasta que la Barrick recupere su inversión de 4 mil millones de dólares, pero sólo habría recibido oferta de una duplicación.
Montalvo rompió su silencio el jueves 21 informando que el Gobierno aceptó la mediación del ex embajador en Estados Unidos Derek Hudson Burney enviado por el gobierno de Canadá
Se trata de versiones extraoficiales por el nivel de confidencia de las conversaciones y lo delicada de la situación. Por el gobierno preside las negociaciones el ministro de la Presidencia y hombre de total confianza del Presidente, Gustavo Montalvo, renuente a las entrevistas y confidencias periodísticas y Rocha se manifiesta más aferrado a la prudencia diplomática que cuando representaba en el país los intereses de Estados Unidos como ministro consejero de su embajada.
Montalvo rompió su silencio el jueves 21 informando que el Gobierno aceptó la mediación del ex embajador en Estados Unidos Derek Hudson Burney enviado por el gobierno de Canadá sembrando la expectativa de que “muy pronto” pudiera haber anuncios acerca de las conversaciones.
El problema de la oferta de Barrick es que no sólo se queda corta en las expectativas gubernamentales. Medina dijo en su discurso que había rechazado la oferta de “adelantar el pago de impuestos futuros”, que corresponderían a próximas administraciones. Luego habló de establecer por ley un impuesto al excedente de precios de los metales en relación a los que predominaban cuando se contrató con la Barrick. Pero a continuación añadió que ese impuesto “operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75 por ciento”, lo que vendría a ser lo mismo. La diferencia parece ser que la oferta de la empresa incluye cobrar intereses, es decir que sólo garantizaría un préstamo.
La fórmula de Balaguer
Ex-presidente Leonel Fernández
El gobierno sigue buscando el acuerdo amigable poniendo la máxima presión a la Barrick en un ambiente de exacerbación de sentimientos nacionalistas estimulados entre legisladores, dirigentes políticos y sociales y a través de la inmensa maquinaria mediática progubernamental. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, se expresa en términos radicales, asegurando que no permitirán afrentas, el ministro de Medio, Ambiente Bautista Rojas, habló de “tumbar guaraguaos y halcones”, el diputado Luis Jiménez pidió militarizar la mina, y el diputado Juan Hubieres, auto denominado “comandante rebelde”, reclama nacionalizarla. Comentaristas han hablado de comprar la empresa, sin considerar su valor, aparte de los 4 mil millones de dólares invertidos.
Por su parte una Comisión de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el contrato con la Barrick ya “pudo identificar violaciones a varias disposiciones constitucionales, a la Ley 146 sobre Minería y a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00”, que lo invalidarían. En tanto 161 intelectuales y artistas daban pleno apoyo al presidente de la nación y, sin la menor alusión a los responsables nacionales, denuncian “inmorales manipulaciones utilizadas por las voraces empresas multinacionales para acordar los abusivos y lesivos contratos que les permiten explotar los recursos naturales…cuyos términos resultan manifiestamente ilegales”.
En ese contexto, que sectores empresariales empiezan a temer como expresión de “populismo político”, fue que decidieron desempolvar “el librito de Balaguer”, quien en su momento instruyó a su director de Aduanas para que dificultara las exportaciones de ferroníquel de la Falconbridge presionando una revisión del contrato que las amparaba, y logró el objetivo. Para el lunes 18 estaba programada una reunión bilateral, pero poco antes Aduanas retuvo el embarque 20 de la Barrick desde el miércoles 13 hasta el mismo lunes 18 y adujo irregularidades en el manifiesto de exportación y el viernes 22 hizo un registro minucioso del siguiente.
Una carta de la Barrick al director de Aduanas sostiene que el embarque retenido, valorado en 11.6 millones de dólares, siguió el procedimiento normal y que el “error” contenido en el manifiesto que señalaba una procedencia de Estados Unidos fue generado por un nuevo código arancelario que le había proporcionado el organismo estatal. Con despliegue de prensa se verificó el cargamento y se llegó a acusar a la empresa de violaciones a las leyes aduanales y se informó que sería multada por con 972 millones de pesos (más de 22 millones de dólares), el doble del valor del embarque. Eso alimentó el clima de rechazo a la empresa, a la que, sin embargo, le autorizaron el embarque sin formalizarle violación ni multa.
Las ventajas de Barrick
Es obvio que el gobierno trata de arrinconar a la Barick Gold para obtener mucho mayores recursos que los pactados en un contrato excesivamente generoso que contiene un rosario de exenciones impositivas y condiciona el pago del impuesto sobre la renta y de participación en las utilidades a que la empresa recupere la inversión y obtenga rentabilidad mayor del 10 por ciento. Pero como la Barrick tiene contratos de operaciones mineras en múltiples países tratará a toda costa de evadir “concesiones forzadas” que puedan replicarse en otras partes.
Un exceso de presión puede generar un clima de perturbación grande que implique más de lo que la empresa pueda conceder y se convierta en un boomerang si al final lo logrado no se corresponde con el escándalo. Eso es relevante porque para el Gobierno no es un trillo seguro la imposición por ley del impuesto al precio tope, que conllevaría el riesgo de que la empresa apele al arbitraje internacional.
El mismo contrato en su acápite 16.5 prevé que cualquier disputa entre las partes será “irrevocablemente” resuelta y “de manera definitiva” mediante el “Arbitraje bajo las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”, estableciendo que la decisión será “final y definitiva”. Al extremo de especificar que “Los árbitros no tendrán poderes de un amigable componedor o la autoridad para decidir el caso basado en el principio de equidad, sino que deberán basar su decisión en la Ley que rige este Acuerdo”.
El acápite 8 es redundante en plantear exenciones impositivas en beneficio de la empresa minera, excepto el 25 por ciento de la renta, la participación del 28.75 por ciento de las utilidades netas de las operaciones, y el 3.2 por ciento del retorno neto de fundición que es lo que empieza a pagar desde la primera exportación. Indica que “serán los únicos gravámenes, tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y aranceles de cualquier tipo, incluyendo contribuciones municipales los cuales deberá pagar”.
El 8.3 le viene como anillo al dedo, al establecer que “no se pagará ningún impuesto mínimo”, que “no realizará pagos de anticipos de impuesto sobre la renta u otros impuestos, como tampoco impuestos por importaciones. Indica que a excepción de los impuestos relacionados con la nómina “no estará sujeta a otros tributos, incluyendo nuevos impuestos, tasas contribuciones, derechos aranceles, tarifas, entre otros”.
Más complaciente no podía ser el contrato negociado por el gobierno del líder del partido en el poder y aprobado por casi los mismos congresistas que ahora buscan modificarlo cuando apenas comienzan las exportaciones. Esta semana circuló en Internet el discurso del presidente Leonel Fernández cuando visitó la mina en febrero del 2012 y ponderó el contrato definiéndolo como “modélico a nivel internacional”.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.