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Cárcel de Rafey en Santiago fue receptora de tentáculos de la red Medusa.

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Santiago, RD.-Por desconocer la cantidad y tipo de alimento que le correspondía mediante el proceso de licitación para el suministro semanal, la cárcel de Rafey fue víctima de la red de corrupción  que encabezaba Jean Alain Rodríguez.
“La red se aprovechó de que los encargados de la recepción de los alimentos en los centros penitenciarios desconocían, de manera oficial, la cantidad y tipo de alimento que la institución adquirió en el proceso de licitación para su suministro semanal y que debía de entregar el proveedor adjudicatario”.

Así describe el Ministerio Público la supuesta conducta de los implicados en el caso Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

En el expediente acusatorio, de 12,273 páginas, el Ministerio Público muestra cómo el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, ubicado en Santiago, fue uno de los utilizados en el supuesto entramado corrupto.

El órgano acusador establece que “los imputados entregaban en los centros una cosa y facturaban otra; por supuesto, siempre a favor de los intereses económicos de la estructura”.

En el caso del CCR-Santiago-Rafey Hombres, la acusación establece que los choferes de los proveedores de alimentos le entregaban al encargado de recibirlos un conduce de entrega donde falsamente indicaban las cantidades que debía de entregar y recibir; sin embargo, para solicitar el pago, los acusados fabricaban un conduce distinto al entregado en el centro penitenciario, donde se adulteraban las cantidades del conduce original conforme a las cantidades contratadas en la licitación.

El expediente señala que para este centro la cantidad de pollo que se estaba supuesto a recibir era de unas setecientas libras y veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras cada uno, por mencionar algunos productos; y cuando no le llegaban en estas cantidades, supuestamente el director del centro tramitaba el informe de lugar a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio.

Como prueba de ello los fiscales que investigaron el caso presentaron el siguiente informe:

El 8 de abril de 2019, el entonces director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, Desiderio Albar Galvas, escribió un informe sobre los alimentos recibidos en el que se hace constar que en solo semana no se enviaron las 300 libras de carne de res, y en el pollo hubo un faltante de 57 libras.

En el documento se hace constar que “al preguntarle al chofer del camión por el faltante este decía que la carne se descongela en el camino y pierde hasta 100 libras”, pero el director del centro estableció que recibían el pollo totalmente congelado; y que se está pagando al suplidor una compra con muchos faltantes.

El informe estaba dirigido a Ysmael Paniagua, excoordinador del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciara y a Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel, estas últimas imputadas en el caso Medusa.

Por ejemplo, la acusación indica que de las 700 libras o menos de pollo que recibía el CCR Santiago-Rafey Hombres pagaban facturas en base a conduces falsos que acreditaban la entrega de mil doscientas libras semanales. Igualmente, de los veintiocho sacos de arroz de ciento veinticinco libras que entendían los encargados del centro debían recibir los cuales ni siquiera llegaban con la cantidad de libras completas.

Productos como la cocoa y la sardina, casi nunca se enviaban por ser estos costosos en el mercado; no obstante, siempre eran facturados por figurar como entregados en los conduces que eran entregados en el Modelo de Gestión Penitenciario, de acuerdo a lo indicado por la instancia de acusación.

El Ministerio Publico dice que los acusados falsificaron documentos privados, en este caso el conduce de recepción de los alimentos en el centro penitenciario; que falsificaron y utilizaron sellos estatales pertenecientes a las diferentes cárceles públicas y Centros de Corrección y Rehabilitación de los privados de libertad a nivel nacional, uno de ellos era un sello gomígrafo falso de la “Procuraduría General de la República, Centro del Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, Subdirección Administrativa, Santiago, Rep. Dom.”.

ACUSACIÓN

Conduces falsificados

El Ministerio Público señala que los conduces falsos fueron fabricados en la oficina del entramado criminal ubicada en la calle Federico Geraldino No. 94, ensanche Piantini, en la capital dominicana.

La acusación indica que las imputadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio tenían acceso a los contratos de suministro de cada proveedor y que a pesar de recibir un informe de que los productos estaban siendo entregados por debajo del 50% de las cantidades que le facturaban al Modelo de Gestión Penitenciaria pagaban facturas en base a conduces falsificados que acreditaban las entregas.

De acuerdo con el expediente, en Rafey Hombres entre 2018 y 2020 se distrajeron 25 millones 881 mil 665 pesos por concepto de alimentos contratados.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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