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Testigo del MP en el caso Coral revela presuntos regalos y pagos que hizo en Cestur
Este martes, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Giselle Méndez Álvarez, continuó con el juicio de fondo que se les sigue a los imputados del caso Coral y Coral 5G.
Durante la audiencia, compareció como testigo el licenciado en Mercadotecnia David Agustín Abreu Padilla, mayor de la Policía Nacional, actualmente asignado a Cestur como supervisor nocturno.
Declaraciones del testigo
Bajo interrogatorio del fiscal Jhonatan Pérez Furcal, Abreu Padilla relató que en el 2013 ingresó al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) por medio de Rafael Núñez de Aza y que, a finales de ese año, fue trasladado al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). En esta última institución, dijo que ocupó los cargos de encargado de Archivo y asistente del gerente financiero.
El testigo detalló que, en el ejercicio de sus funciones, realizaba pagos tanto personales como administrativos en Cestur.
- Entre los pagos personales mencionó la compra de boletos aéreos, regalos, apartamentos y transacciones bancarias. Mientras que, en el ámbito administrativo, se efectuaban depósitos y transferencias a militares y policías bajo instrucciones superiores en concepto de «ayudas».
A solicitud del Ministerio Público, Abreu Padilla precisó que realizó depósitos y/o transferencias a Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Julio Camilo de los Santos Viola, Rossy Guzmán (la Pastora), entre otros más de 40 beneficiarios. Sin embargo, aseguró que no consideraba estas transacciones ilegales, ya que desconocía a los destinatarios y nunca interactuó con ellos.
Al finalizar su testimonio, la defensa del imputado Adán Cáceres Silvestre solicitó plantear un incidente relacionado con la extinción del proceso, pero la magistrada Méndez Álvarez rechazó la petición, indicando que debía tramitarse por secretaría para su resolución administrativa.
Segundo testigo: Israel Blanc Hernández
Posteriormente, rindió testimonio Israel Blanc Hernández, capitán de la Policía Nacional con 20 años de servicio en Cestur. Desde 2015, se desempeñó como encargado del Registro de Gastos Operativos y Administrativos de Cestur/Politur, supervisando la compra de artículos para la oficina principal, así como regalos y obsequios destinados a personalidades vinculadas al director de la institución.
Blanc Hernández fue interrogado por el Ministerio Público y contrainterrogado por los abogados defensores de Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola, Franklin Antonio Mata Flores y Rossy Guzmán.
Aseguró que los fondos utilizados no provenían de la nómina, sino de partidas destinadas a raciones alimenticias e inteligencia de la institución.
Asimismo, reveló que, en ocasiones, Rafael Núñez de Aza pagaba gastos del Cestur con su propio dinero, el cual luego era reembolsado con fondos de las raciones e inteligencia.
Añadió que, aunque realizó transferencias a aproximadamente 100 personas, desconoce por qué solo los generales están implicados en el proceso. Insistió en que nunca interactuó con los imputados presentes en la sala de audiencias.
Aplazamiento de la audiencia
La sesión fue suspendida debido a una crisis de amebiasis aguda sufrida por el imputado Roger Pérez Núñez, quien fue trasladado de emergencia a la Clínica Abreu. Pasadas las 5:00 p.m., permanecía en observación, recibiendo hidratación y sometiéndose a estudios médicos para determinar la causa de la afección.
El juicio se reanudará el próximo jueves 6 de marzo a las 9:00 a.m. en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde se espera la comparecencia de nuevos testigos para continuar con el proceso.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.