Santo Domingo, RD.-Uno de los principales testigos del caso Odebrecht, Mauricio Danta Bezerra, reveló en el juicio de fondo que Angel Rondón, Conrado Pittaluga y Victor de la Rúa son las personas a las que la empresa brasileña realizaba los pagos con el fin de conseguir contratos de obras públicas en el país.Nacionales
Testigo en Caso Odebrecht Señala a Rondón, Díaz Rúa y Pittaluga
Santo Domingo, RD.-Uno de los principales testigos del caso Odebrecht, Mauricio Danta Bezerra, reveló en el juicio de fondo que Angel Rondón, Conrado Pittaluga y Victor de la Rúa son las personas a las que la empresa brasileña realizaba los pagos con el fin de conseguir contratos de obras públicas en el país.El testigo de origen brasileño, quien desempeñó el cargo de director jurídico de la constructora hasta noviembre de 2019, también mencionó a Víctor Díaz Rúa y diversos congresistas como “el destino” de los pagos para no dejar rastros.
Según Dantas Bezerra, los pagos se destinaban a ellos porque “podían hacer posible las obras” en el país.
Durante la audiencia el testigo manifestó que en el país se admitieron los mismos actos ilícitos que en Estados Unidos: corrupción, lavado de activos y violación a las reglas de contabilidad.
Dantas Bezerra señaló que en el país se pagaron sobornos por aproximadamente US$92 millones de manera directa o a través de intermediarios para conseguir contratos de obras.
El exdirector jurídico de la constructora explicó que Odebrecht utilizaba “cuentas offshore”, como Consultora del Sur y “Landfield” a través de las cuales se realizaban los pagos por cuenta y obra de la empresa.
Según Bezerra, estas compañías de terceros eran contratadas por el sector denominado “Operaciones Estructuradas”, estos últimos realizaban los pagos relacionados con los actos ilícitos y otros desembolsos.
Al ser preguntado sobre dónde se encontraba el dinero, el testigo mencionó que estaba en “países paraísos fiscales”, sin embargo dijo que no recordaba cuáles eran estos países.
En declaraciones a los reporteros luego de finalizada la audiencia del juicio a fondo del caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Rondón desmintió las declaraciones del testigo brasileño sobre las compañías con las cuales el imputado mantenía presuntos contratos para recibir los pagos de manera ilícita. “Yo no tengo contrato con compañía que no sea con Odebrecht. El citó compañías ahí que Odebrecht transfería, pero yo no tengo contacto con eso. (…) Mis contratos están con Odebrecht, no están con “Landfield” ni Consultora del Sur”, expresó Rondón.
El imputado dijo sentirse “totalmente tranquilo” siempre y cuando la justicia actúe en base a las pruebas y documentos que posee la defensa.
En horas de la mañana, la defensa de Díaz Rúa y Rondón habían pedido la exclusión de Dantas Bezerra de la audiencia con el argumento de que el ministerio público no había notificado las declaraciones y entrevista previa que le habían sido realizadas.
El testigo brasileño admitió ser el responsable de las negociaciones de los acuerdos firmados con las autoridades competentes de República Dominicana, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia entre 2016 y 2018.
Dantas Bezerra aseguró haber actuado como “apoderado especial” de Odebrecht cuando la constructora firmó el acuerdo con la Procuraduría General de la República en el que se comprometió a pagar el doble de los US$92 millones, con el fin de reparar los daños causados al país.
Las magistradas Jissel Naranjo, Tania Yunes y Gisselle Méndez suspendieron la audiencia para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.
Las primeras 4 horas y media del juicio seguido a los acusados de sobornos de Odebrecht, que se reanudó ayer, transcurrieron en un debate sobre la legalidad o no de la transmisión en vivo de las declaraciones de los testigos. La defensa pidió parar la transmisión en vivo del juicio que hace el Poder Judicial, lo que fue acogido por el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.