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Opinión

Tiempo de pasar revista

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Por Juan Bolívar Díaz

Tiempo suficiente para pasar revista a dos decretos del Presidente

JUAN-BOLIVAR-DIAZ-2-300x199Dos anuncios gubernamentales positivos producidos esta semana nos recuerdan  que es tiempo suficiente para pasar revista a dos importantes decretos del presidente Danilo Medina concebidos para reducir la malversación de los fondos públicos y los altísimos niveles de corrupción que han carcomido el alma de la sociedad dominicana: los 499-12 y 608-12 que establecen un plan de austeridad y ratifican la disposición de comprar todos los medicamentos e insumos sanitarios a través del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL).

Y si vamos a pasar revista, hay que incluir las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC) en las que se comprometió el Estado dominicano hace casi tres años, tras extensas jornadas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y los organismos multinacionales que operan en el país, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Unión Europea, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y varias delegaciones diplomáticas.

El primer anuncio positivo fue formulado por el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo Piña, durante un encuentro con los reporteros auspiciado por la Dirección General de Comunicación del Palacio Nacional, quien dio seguridades de que se trabaja intensamente para implementar una de las más importantes IPAC, la implementación de una cuenta única para todas las instituciones gubernamentales.

El funcionario citó los objetivos de la cuenta única: transparencia, reducción de la discrecionalidad y de las posibilidades de dolo y malversación. Ponderó que se han cerrado 2,400 cuentas bancarias y que esperan establecer la unificada el año próximo. Al aprobarse las IPAC a fines del 2010, se estimaron en unas 6,000, decenas en la mayoría de las entidades, sobre todo las que manejan lo que eufemísticamente llaman “ingresos propios”, que no son otra cosa que tasas por servicios públicos.

De la lentitud no se puede culpar al gobierno actual, sino a su antecesor, que en casi dos años no hizo esfuerzos  suficientes al respecto. Aunque debe reconocerse que varios funcionarios importantes se comprometieron con las iniciativas desde su discusión. Una comisión quedó encargada de pasar balance periódico del avance de las IPAC, la cual podría arrojar luz sobre el proceso.

El otro anuncio, salió de  la directora de PROMESE-CAL, al informar la rebaja hasta en un 93 por ciento en los precios de 82 fármacos de gran demanda en las ventas en las 449 farmacias que sostiene la institución. La doctora Elena Fernández ha demostrado con hechos contundentes a lo largo de casi una década, que las compras masivas del Estado, y con licitaciones y concursos transparentes, arrojan grandes reducciones de costos.

La ejecutiva aprovechó para recordar la disposición del presidente Danilo Medina de que todas las compras de fármacos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorios del sistema nacional de salud tienen que hacerse a través de las licitaciones y programas de PROMESE-CAL. Lo dispuso el presidente Medina mediante su decreto 608 del 10 de octubre pasado, una reiteración del decreto 991 del 18 de octubre del 2000, con el que el entonces presidente Hipólito Mejía creó la central con el mismo objetivo. Pero ese gobierno ni el que lo sucedió durante ocho años hicieron esfuerzos por terminar la corrupción de las compras sin licitaciones.

La revisión nos remite a un tercer compromiso, y de múltiples implicaciones: el decreto 499-12 del 22 de agosto del 2012 con el que el presidente Danilo Medina estableció un programa nacional de austeridad para todas las instituciones del Estado, con la única excepción de los tres bancos estatales.

La impresión es que muchas de sus disposiciones se han cumplido y que se ha reducido la malversación y el robo de lo público, pero que falta mucho por hacer. El decreto indica que “Se presentarán informes trimestrales financieros institucionales que permitan evaluar el cumplimiento de las medidas”, y responsabiliza a la Contraloría General de aplicar la ley en caso de incumplimientos, y el Poder Ejecutivo se reserva posibles destituciones. Parece que es tiempo suficiente para meter manos a la obra.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.

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Opinión

La mala reputación del Gobierno.

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Por José Cabral

El Gobierno de Luis Abinader en un primer momento tuvo la reputación de ser sensible y transparente, pero en el curso del tiempo ya la percepción es otra. Es calificado como un Gobierno incapaz y poco visionario.  Y no es menos de ahí, porque quién se atreve a discutir que Luis Abinader y su gente de lo que más adolecen es de planificación estratégica.

Su partido, el Revolucionario Moderno, si en una cosa se destaca es que actúa al azar, de forma improvisada y además es incapaz y muchas otras cosas más. Esta percepción, que tal vez sea una de las pocas veces que la misma es muy parecida a la realidad,  representa una   gran preocupación para la sociedad dominicana.

Lo peor de todo es que aun aquellos que están en la oposición no generan la confianza suficiente en el ciudadano por sus andanzas cuando tuvieron el control del Estado. Sin embargo, sus criticas sólo están dirigidas a que los que tienen el poder ahora entren en el descrédito total para de esa manera recuperar la administración pública. Otros que han entrado más recientemente a la palestra pública buscan vender la idea de que son presidenciables a pesar de que no tienen la menor idea de qué es el Estado.

En esos menesteres andan una buena cantidad de jóvenes, tanto del PRM como de partidos de la oposición, quienes pueden ser calificados como «jóvenes viejos» porque piensan igual que quienes les sirven de padrinos en la política. Hasta en eso se parecen unos y otros, los que están en la oposición y los que están en el Gobierno. Esta situación representa una gran amenaza para la sociedad dominicana, porque ellos no son más que parte de una propaganda de los partidos que, aunque se venden de forma diferente, pero que en el fondo son iguales.

Yo me he preguntado miles de veces y qué capacidad tiene Omar Fernández para pretender dirigir un país que requiere de un liderazgo con mucha madurez y despojado de la defensa de intereses mezquinos, como ocurre, por ejemplo, con el padre de este muchacho. Pero no se entiende cómo algunos sectores le dan el mérito de ser presidenciable sólo porque se embotelló algunas cositas en un debate con Guillermo Moreno. ¿Es esa una real garantía de que él está adornado de los conocimientos y la formación necesarias para dirigir una nación llena de problemas de corrupción, institucionalidad y otras deficiencias?

Honestamente no lo creo así, pero lo propio habría que examinar en otros supuestos presidenciables del PRM, los cuales no tienen la menor pica de que son verdaderos líderes para busca presidir el Estado dominicano. No obstante, cualquiera pudiera decir, con mucha razón, que a Luis Abinader habría que verlo en ese mismo contexto, lo cual es una verdad indiscutible. El asunto es que cuando una sociedad tiene una profunda crisis de valores como la dominicana, cualquiera se encarama en la parte más alta del Estado de forma relativamente fácil. Ahí está la explicación del fenómeno.

Lo peligroso del asunto es que el país requiere de mucha madurez para salir de los grandes problemas que lo aquejan. Juventud sin la menor idea de los grandes problemas nacionales es la mejor forma de llevar al abismo total a la nación. Por esta razón no se puede permitir que cualquier muchacho sin la menor idea de nada tome el control del país, porque entonces sería como darle sentido a la expresión que dice: “fiesta y mañana gallo”.

Los problemas nacionales deben ser tomados con toda la seriedad del mundo, porque llega un momento que los recursos que han servido para esas fiestas desaprensivas se convierten en la principal causa de la ruina nacional. El audaz endeudamiento nacional es un reflejo de esa tesis que advierte que el país tiene que prepararse para el cuadro económico que podría venir, porque el que actúa al azar piensa que las riquezas nacionales son inagotables. Pero las cosas no parecen esperanzadoras porque ya en el país es una cultura nacional el dispendio y el criterio de que el dinero público no tiene dueño.

Lo peor de este cuadro es que, así como mucha gente pobre va al partidarismo político para adquirir lo que jamás conseguiría en función de su capacidad, igual ocurre con el llamado empresario que busca acumular riquezas a la sombra del Estado. Pero la verdad es que se trata de un fenómeno ya generalizado entre los dominicanos.

Sin embargo, ojalá no se pierda la esperanza de que la sociedad dominicana alcance otros niveles de decencia, dignidad y respeto por los recursos públicos. La nación necesita que los que menos tienen puedan disfrutar de una mejor retribución del Estado a través de salud y educación, así como de empleos y otros asuntos que son de primer orden para transformar el país. Pero todo luce que las cosas no van a ocurrir de esa manera por los paradigmas que prevalecen en la sociedad dominicana.

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Opinión

Ante una ola delincuencial

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Por Miguel Guerrero

La crisis de valores en nuestro país no se refleja únicamente como se alega en la actividad política. Afecta a toda la sociedad y ha alcanzado niveles sin precedentes, inimaginables décadas atrás. Se mata, atraca y viola por un aparatito de teléfono celular. Se hurtan alambres del sistema de televisión por cables a hogares, el tendido eléctrico y de telefonía, las bombillas del alumbrado público y de los puentes.

En las mañanas, se descubre de pronto que alguien desenterró los llamados ojos de buey que ayudan a iluminar los carriles de las carreteras y las verjas de los parques, acciones que requieren de mucha paciencia y tienen alto riesgo. Dueños de oficinas privadas han confesado que desistieron de colocar sus anuncios de bronce, porque muy pocos de ellos han sobrevivido a la ola delincuencial que nos afecta.

Como nada de eso se come o sirve para alimentar los estómagos hambrientos de niños huérfanos o desamparados, queda de antemano descartado que estos robos sean el fruto de las angustias de padres desesperados por hijos que se les mueren de inanición. Debido a la frecuencia con que ocurren también podría pensarse que estos hurtos son el efecto natural de una colectividad cleptómana, que roba por instinto o por placer.

Un domingo alguien abrió el panel de contadores y se llevó varias piezas y dejó el edificio donde vive un amigo sin energía por dos días. La semana pasada, a dos vecinos de un sector residencial se les llevaron los zafacones plásticos de echar la basura. ¿Qué valor pueden tener esos recipientes usados, uno de ellos en muy mal estado?

Cuando se hurtan zafacones de basura, se mata por un celular y los Omega y “reggetoneros” se convierten en héroes nacionales, se hace necesario creer que la nación peligra y ha llegado el momento de izar nuestra bandera al revés en procura de la más urgente ayuda, no necesariamente sicológica.

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Opinión

Reglas de Prueba  y los Procedimientos de Justicia Penal Nacional

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Por Rommel Santos Díaz

Los principios del Estatuto de Roma sobre los cuales se basan los procedimientos de la CPI, se derivan de los estándares existentes de derechos humanos, El Estatuto  no requiere expresamente que los Estados Partes modifiquen sus procedimientos judiciales en materia penal.

Sin embargo, las reglas de pruebas y reglas de procedimientos de justicia penal no deberán necesariamente restringir los procesos que se hayan iniciado por un delito definido  en el Estatuto de Roma.

Existen algunas reglas de prueba  que casi sistemáticamente resultan  en absolución. Por ejemplo , algunas jurisdicciones penales requieren el testimonio de varios hombres para establecer la prueba de violación de una mujer, aun si solo un hombre estuvo involucrado en la violación.

Según el principio de complementariedad, los Estados Partes deberán garantizar que cuando se cometan los crímenes enumerados por el Estatuto de Roma, puedan efectivamente investigarlos y procesarlos.

También deberán asegurarse de que sus reglas de procedimientos penales no impida que las víctimas denuncien  o impidan recabar  prueba para los delitos.

No todos los Estados Partes deberían ajustar sus reglas de procedimientos penales . Al mismo tiempo , el ajuste posiblemente afectará pocas reglas.

Sin embargo, cada acto que normalmente constituye  uno de los crímenes enumerados en el Estatuto de Roma deberá considerarse según las reglas de evidencias  y procedimientos con el fin de determinar  si cualquiera de estas reglas podría representar un obstáculo  para el funcionamiento normal  de una investigación  o juicio, y para asegurarse de que las personas  no evadan así la responsabilidad penal.

 Finalmente, las  reglas de prueba  y procedimientos relacionados con los delitos sexuales son aquellas  que normalmente  presentan un problema de este tipo en muchas jurisdicciones.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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