Editorial
¿Tierra Santa y Libre de Pecados?
Durante el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y cómo ha impactado el tema a la República Dominicana, los defensores del Gobierno de Danilo Medina alegan que esta compañía pagó sobornos, sobrevaluó y financió campañas electorales en la mayoría de los países latinoamericanos, pero no en el nuestro.
En otras palabras, los voceros del Gobierno lo que sostienen es que en el único lugar donde la corrupción de Odebrecht no llegó fue a la compaña de Medina, tal vez porque es el más “ético y puro” de Latinoamérica.
Naturalmente, ese es un argumento que ni ellos mismos se lo creen, porque está demostrado hasta la saciedad que la corrupción, pública y privada, es la principal retranca que afronta la nación, cuya responsabilidad es muy evidente con hechos reprochables cuando de la administración del erario se trata.
En pocas palabras, los personeros del Gobierno quieren convencer al pueblo dominicano que cuando se trata de cometer indelicadezas con el patrimonio público a los funcionarios de Danilo hay que sacarle su comida aparte.
De igual modo, se nos envía el mensaje de que los responsables de Odebrecht cuando pisan tierra dominicana se convierten de demonios a santos, que no bien aterrizan en el país cambian su forma de hacer negocios, el cual consiste en comprar voluntades de los políticos para la consecución de obras públicas.
El sentido común nos dice, hasta pruebas en contrario, que el comportamiento de Odebrecht en Brasil y en otros países latinoamericanos, tuvo que ser el mismo que en la República Dominicana, porque nuestra nación no es tierra santa, libre de pecados.
La corrupción es el flagelo que más nos ha golpeado, sumergiendo en la pobreza y el atraso a la República Dominicana, donde no hay un sólo escenario que no esté contaminado con el fenómeno.
La corrupción es integral en el país e impacta a la industria, el comercio y la administración pública, lo cual ha provocado que los recursos que deben invertirse en sectores como la salud y la educación, terminen en los bolsillos de los políticos y de compañías nacionales y extranjeras que saquean la nación con altas sobrevaluaciones.
Por confesión propia, Odebrecht invirtió dinero en corrupción a nivel internacional, cuya conducta no puede ser diferente en la República Dominicana, pero muy difícilmente esto pueda ser demostrado en virtud de que los funcionarios criollos son expertos en nadar y guardar bien la ropa.
Además, en la República Dominicana no se podría esperar un resultado diferente al de la impunidad, sobre todo cuando se trata de embarrar al presidente de la República.
No olvidemos que la República Dominicana, quizás como ningún otro país latinoamericano, su institucionalidad es muy flexible cuando se trata de tocar con la justicia a los más encumbrados en la pirámide política, social y económica.
Por esta y muchas más razones la lucha de amplios sectores nacionales para que se juzgue a los corruptos es de hecho quimérica, aunque sienta un importante precedente y al final de la jornada la misma surtirá un efecto político.
Se negará el financiamiento a la campaña electoral de Danilo Medina por parte de Odebrecht con la misma vehemencia con que el mandatario le prometió al pueblo dominicano que no buscaría la reelección presidencial, pero cuando decidió hacerlo compró a todo aquel que tenía precio.
La negación del financiamiento de la compaña de Danilo Medina por parte de Odebrecht sólo se la creerá al Gobierno los que están enrolados en el tren administrativo y en el sector más ignorante de la sociedad.
Su conducta los delata.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo