Editorial
¿Tierra Santa y Libre de Pecados?
Durante el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y cómo ha impactado el tema a la República Dominicana, los defensores del Gobierno de Danilo Medina alegan que esta compañía pagó sobornos, sobrevaluó y financió campañas electorales en la mayoría de los países latinoamericanos, pero no en el nuestro.
En otras palabras, los voceros del Gobierno lo que sostienen es que en el único lugar donde la corrupción de Odebrecht no llegó fue a la compaña de Medina, tal vez porque es el más “ético y puro” de Latinoamérica.
Naturalmente, ese es un argumento que ni ellos mismos se lo creen, porque está demostrado hasta la saciedad que la corrupción, pública y privada, es la principal retranca que afronta la nación, cuya responsabilidad es muy evidente con hechos reprochables cuando de la administración del erario se trata.
En pocas palabras, los personeros del Gobierno quieren convencer al pueblo dominicano que cuando se trata de cometer indelicadezas con el patrimonio público a los funcionarios de Danilo hay que sacarle su comida aparte.
De igual modo, se nos envía el mensaje de que los responsables de Odebrecht cuando pisan tierra dominicana se convierten de demonios a santos, que no bien aterrizan en el país cambian su forma de hacer negocios, el cual consiste en comprar voluntades de los políticos para la consecución de obras públicas.
El sentido común nos dice, hasta pruebas en contrario, que el comportamiento de Odebrecht en Brasil y en otros países latinoamericanos, tuvo que ser el mismo que en la República Dominicana, porque nuestra nación no es tierra santa, libre de pecados.
La corrupción es el flagelo que más nos ha golpeado, sumergiendo en la pobreza y el atraso a la República Dominicana, donde no hay un sólo escenario que no esté contaminado con el fenómeno.
La corrupción es integral en el país e impacta a la industria, el comercio y la administración pública, lo cual ha provocado que los recursos que deben invertirse en sectores como la salud y la educación, terminen en los bolsillos de los políticos y de compañías nacionales y extranjeras que saquean la nación con altas sobrevaluaciones.
Por confesión propia, Odebrecht invirtió dinero en corrupción a nivel internacional, cuya conducta no puede ser diferente en la República Dominicana, pero muy difícilmente esto pueda ser demostrado en virtud de que los funcionarios criollos son expertos en nadar y guardar bien la ropa.
Además, en la República Dominicana no se podría esperar un resultado diferente al de la impunidad, sobre todo cuando se trata de embarrar al presidente de la República.
No olvidemos que la República Dominicana, quizás como ningún otro país latinoamericano, su institucionalidad es muy flexible cuando se trata de tocar con la justicia a los más encumbrados en la pirámide política, social y económica.
Por esta y muchas más razones la lucha de amplios sectores nacionales para que se juzgue a los corruptos es de hecho quimérica, aunque sienta un importante precedente y al final de la jornada la misma surtirá un efecto político.
Se negará el financiamiento a la campaña electoral de Danilo Medina por parte de Odebrecht con la misma vehemencia con que el mandatario le prometió al pueblo dominicano que no buscaría la reelección presidencial, pero cuando decidió hacerlo compró a todo aquel que tenía precio.
La negación del financiamiento de la compaña de Danilo Medina por parte de Odebrecht sólo se la creerá al Gobierno los que están enrolados en el tren administrativo y en el sector más ignorante de la sociedad.
Su conducta los delata.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.