Análisis Noticiosos
Toca al PLD revocar el genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
Ante el creciente aislamiento internacional del país se impone una acción política que resuelva el problema de los desnacionalizados frenando a los radicales que habrían abortado un ante proyecto de ley elaborado en el Palacio Nacional
Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.
En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.
El cerco internacional
Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.
La más grave violación
Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.
Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”
Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.
El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.
Divisiones al granel
La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.
La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.
En el gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.
Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se les atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavarez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.
Entre Danilo y Leonel
El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.
Los que dentro del gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.
Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.
Ley de Convalidación
El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia, fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.
El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.