Análisis Noticiosos
Toca al PLD revocar el genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
Ante el creciente aislamiento internacional del país se impone una acción política que resuelva el problema de los desnacionalizados frenando a los radicales que habrían abortado un ante proyecto de ley elaborado en el Palacio Nacional
Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.
En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.
El cerco internacional
Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.
La más grave violación
Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.
Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”
Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.
El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.
Divisiones al granel
La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.
La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.
En el gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.
Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se les atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavarez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.
Entre Danilo y Leonel
El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.
Los que dentro del gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.
Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.
Ley de Convalidación
El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia, fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.
El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.