Editorial
Todavía no ha llegado lo peor.
El Ministerio de Salud Pública acaba de informar que los casos de coronavirus aumentan significativamente cada 24 horas.
El propio Gobierno insiste en que todavía, aunque el país ya está muy cerca de la llamada circulación comunitario, cuya etapa se supone que aumentaría el numero de casos, tanto de contagios como de muertes, no ha llegado el momento crítico.
Este martes hemos llegado a los trescientos doce contagiados y a los seis fallecimientos, lo cual indica que el país entra en el pico para hacer crisis, pero al propio tiempo del aumento de los casos y las autoridades de salud pública hablan de la existencia de unos 200 y tantos ventiladores para los pacientes que puedan hacer una crisis respiratoria.
Es algo que raya en la ridiculez, en virtud de que este el problema que genera la pandemia y la principal causa de muerte, entonces cómo se explica que no se haya hecho la inversión necesaria para dotar el país de las herramientas necesarias para si los casos que se presenten necesiten del uso de este aparato.
El mejor espejo de la falta de este equipo son España e Italia, donde los casos de pacientes que necesitan oxigeno o respiración artificial son tantos que los médicos no tienen otro recurso que quitárselos a aquellos de mayor edad para colocárselos a los pacientes más jóvenes que lo necesitan.
Vista esa realidad habría que reiterar la pregunta por qué el Gobierno no ha buscado preparar el país ante la posibilidad que continúe el aumento de pacientes afectados de coronavirus y que en consecuencia requieran el uso de un ventilador para proporcionarles respiración artificial.
Son de las cosas que no se entienden de los gobiernos como el dominicano, donde la inexistencia del Estado se constituye en una grave amenaza en contra de la vida de la gente.
Cómo se explica que un Gobierno tan cuestionado como el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insista en hacer las cosas mal hechas, como disponer un pago de 395 millones de dólares a una empresa mafiosa y corrupta como Odebrechet por concepto de la construcción de una planta de generación de energía como Punta Catalina, la cual está sobrevaluada hasta la saciedad, en vez de usar ese dinero para contrarrestar la pandemia, sobre todo porque en esta circunstancia se deben parar todos los pagos a nivel interno y externo.
Pero además como se puede explicar que el Gobierno se dedique a la irresponsable tarea de colocar publicidad de Gonzalo Castillo en los diarios nacionales en medio de una declaración de emergencia nacional por la entrada al territorio nacional del coronavirus.
Son de las irracionalidades que nadie puede entender y cualquiera podría asumir que los gobernantes, incluido el presidente de la República, se han vuelto locos.
La necesidad más perentoria de los dominicanos es fortalecer el sistema sanitario nacional para enfrentar una pandemia, que no sólo pone en peligro la estabilidad económica y social de la nación, sino también la vida de la gente.
Se impone advertir que ante una crisis del sistema sanitario nacional por la cantidad de contagiados y de muertes por la carencia de los instrumentos de combate del Covid-19 y las propias necesidades de la gente, la República Dominicana podría estar, como consecuencia del pánico que se apropiará de la población, ante una crisis social de consecuencia imprevisible.
Basta ya de jugarse con la verdad.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.