Editorial
Todavía no ha llegado lo peor.
El Ministerio de Salud Pública acaba de informar que los casos de coronavirus aumentan significativamente cada 24 horas.
El propio Gobierno insiste en que todavía, aunque el país ya está muy cerca de la llamada circulación comunitario, cuya etapa se supone que aumentaría el numero de casos, tanto de contagios como de muertes, no ha llegado el momento crítico.
Este martes hemos llegado a los trescientos doce contagiados y a los seis fallecimientos, lo cual indica que el país entra en el pico para hacer crisis, pero al propio tiempo del aumento de los casos y las autoridades de salud pública hablan de la existencia de unos 200 y tantos ventiladores para los pacientes que puedan hacer una crisis respiratoria.
Es algo que raya en la ridiculez, en virtud de que este el problema que genera la pandemia y la principal causa de muerte, entonces cómo se explica que no se haya hecho la inversión necesaria para dotar el país de las herramientas necesarias para si los casos que se presenten necesiten del uso de este aparato.
El mejor espejo de la falta de este equipo son España e Italia, donde los casos de pacientes que necesitan oxigeno o respiración artificial son tantos que los médicos no tienen otro recurso que quitárselos a aquellos de mayor edad para colocárselos a los pacientes más jóvenes que lo necesitan.
Vista esa realidad habría que reiterar la pregunta por qué el Gobierno no ha buscado preparar el país ante la posibilidad que continúe el aumento de pacientes afectados de coronavirus y que en consecuencia requieran el uso de un ventilador para proporcionarles respiración artificial.
Son de las cosas que no se entienden de los gobiernos como el dominicano, donde la inexistencia del Estado se constituye en una grave amenaza en contra de la vida de la gente.
Cómo se explica que un Gobierno tan cuestionado como el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) insista en hacer las cosas mal hechas, como disponer un pago de 395 millones de dólares a una empresa mafiosa y corrupta como Odebrechet por concepto de la construcción de una planta de generación de energía como Punta Catalina, la cual está sobrevaluada hasta la saciedad, en vez de usar ese dinero para contrarrestar la pandemia, sobre todo porque en esta circunstancia se deben parar todos los pagos a nivel interno y externo.
Pero además como se puede explicar que el Gobierno se dedique a la irresponsable tarea de colocar publicidad de Gonzalo Castillo en los diarios nacionales en medio de una declaración de emergencia nacional por la entrada al territorio nacional del coronavirus.
Son de las irracionalidades que nadie puede entender y cualquiera podría asumir que los gobernantes, incluido el presidente de la República, se han vuelto locos.
La necesidad más perentoria de los dominicanos es fortalecer el sistema sanitario nacional para enfrentar una pandemia, que no sólo pone en peligro la estabilidad económica y social de la nación, sino también la vida de la gente.
Se impone advertir que ante una crisis del sistema sanitario nacional por la cantidad de contagiados y de muertes por la carencia de los instrumentos de combate del Covid-19 y las propias necesidades de la gente, la República Dominicana podría estar, como consecuencia del pánico que se apropiará de la población, ante una crisis social de consecuencia imprevisible.
Basta ya de jugarse con la verdad.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.