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Todo lo que se pueda decir de la mayoría de los jueces se queda corto con lo que realmente ocurre en la judicatura nacional.

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Por Elba García

Desde hace algunos años que este periódico ha advertido de lo que ocurre con la mayoría de los jueces del país, los cuales constituyen la principal desgracia del sistema de justicia de la República Dominicana.

El problema de los jueces va desde una peligrosa falta de formación o de ignorancia hasta una despreciable complicidad  que compromete la democracia y el estado de derecho.

Muchas personas piensan que el problema en este sentido sólo ocurre en la justicia penal, pero la realidad es que  todo el sistema  está contaminado, es decir, que el fenómeno abarca lo civil ordinario, lo inmobiliario, lo laboral y cualquier otra rama del derecho.

Los fallos que regularmente se emiten son sobre la base de no ponderarse ni estatuir sobre las pruebas aportadas, con una prisa que deja a cualquiera pasmado.

El asunto se vuelve más grave en la medida en que el hecho se produce a una cierta distancia de la capital, donde prácticamente desaparece el papel mínimamente regular del Estado.

Esta descomposición fuera mínimamente enfrentada si el Consejo del Poder Judicial realizara un trabajo de investigación o verificación de las sentencias que emiten los jueces de primera instancia y de apelación de los distintos distritos judiciales que operan en todo el territorio nacional.

Es prácticamente rutinario observar a presidentes de las cámaras civiles y comerciales emitir autos de fijación de audiencias para el conocimiento del pliego de condiciones en un proceso de embargo inmobiliario en violación de los artículos 690,715 y 728 del Código de Procedimiento Civil, sólo para mencionar algunas de las irregularidades.

Peor aún, es frecuente escuchar una magistrada decir que la figura jurídica del archivo definitivo de una demanda de derechos registrados no existe como si nunca hubiera leído el articulo 36 de la Ley 108-05 y mucho menos la resolución 1737 en cuyos artículos 173 y 174 del capítulo 1x de la perención de instancia se habla detalladamente sobre el mismo.

Todas estas consideraciones se derivan de las declaraciones vertidas por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien tronó muy duro sobre el comportamiento de los jueces penales del país.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público manifestó que es increíble como la mayoría de los tribunales penales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado.

Estas consideraciones se produjeron a propósito de la sentencia evacuada por el caso de la muerte del profesor universitario Juniol Ramírez y la supuesta corrupción ocurrida en la Oficina Metropolitana de Servicios de  Transporte de Autobuses (OMSA).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la magistrada consideró que en el país la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa e indignante.

“En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea…Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, sostuvo.

Las declaraciones de Berenice Reynoso se produjeron a apenas horas de ser leído el fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras por la muerte del catedrático universitario Yuniol Ramírez y que descargó al exadministrador de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas.

En tanto que los juzgadores determinaron el cese de la prisión y puesta en libertad a favor de Víctor Ravelo Campos y de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.

Por su parte, el tribunal sostuvo que no se pudo determinar complicidad de la esposa de Argenis Contreras, Heidy Carolina Pena, en el asesinato y en consecuencia fue descargada.

Igualmente, Lilian Francisca Suárez Jáquez y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) fueron descargados por insuficiencia de pruebas.

El tribunal no pudo determinar la complicidad en el caso de los señalados.

En lo relacionado al caso de corrupción en Omsa, al gerente financiero de la entidad, Faustino Rosario Díaz, acusado de complicidad para cometer sobornos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, le fue dictado un año de prisión.

Con relación al exdirector de la Omsa y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Rivas, el tribunal rechazó la implicación de este en sobornos y fue descargado de toda culpabilidad

Lo de la justicia en la República Dominicana es un mal de fondo que se extiende a todas las instancias del Estado, lo cual hace pensar que el país es una sociedad peligrosamente amenazada en razón de que no existe ninguna garantía de que las cosas se hagan de forma diferente.

En los tribunales nacionales  se ven pocas decisiones que sean el resultado del buen juicio y del apego a la ética y la moral y en consecuencia en el sistema de justicia tiene mucho más garantía de tener ganancia de causa aquel que es parte del crimen organizado y el bajo mundo que los ciudadanos que van en una dirección contraria

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Confrontación por deportación haitianos toma color preocupante por retaliación contra economía nacional.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha dispuesto negar la entrada a su territorio a partir de este miércoles del azúcar sin refinar y los productos que se derivan de ella producidos por la empresa Central Romana Corporation.

Por Francisco López.

La cadena de televisión CBS difundió la información al respecto, la que  basó en un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se indica que la referida empresa recurre al trabajo forzoso con sus trabajadores, así como que en una investigación ha habido  la identificación de al menos cinco indicadores de graves violaciones a los derechos de sus empleados.

Los alegados abusos de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas y horas extras excesivas, pese a que el Central Romana había informado al concluir la zafra azucarera correspondiente al periodo 2021-2022 que desembolsaría la cantidad de 1,073.1 millones de pesos en bonificaciones.

«Nuestra empresa ha recibido con gran asombro la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos por Central Romana Corporation, Ltd.

Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias.

En las últimas décadas hemos destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestros empleados en las zonas agrícolas, garantizando salarios dignos y aumentos de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación en  derechos humanos y  deberes de nuestros trabajadores.

Mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante.

En Central Romana creemos firmemente que el progreso sólo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Así hemos actuado siempre y lo seguiremos cumpliendo»

Central Romana Corporation, la empresa cuya producción de azúcar y productos derivados fueron detenidos en las aduanas de los Estados Unidos a partir de hoy miércoles, tiene el 62.84 % de la cuota de azúcar establecida para la República Dominicana para el mercado preferencial del país del norte.

Mediante el decreto 745-21, que establece la zafra azucarera 2021-2022, cuya cuota -que también comprende el mercado de la Unión Europea y otros- se traduce en 116,465 toneladas métricas valor crudo (TMVC)

El 27.16 % del resto de la cuota de azúcar corresponde al Ingenio Cristóbal Colón y el 10 % al Ingenio Barahona.

Central Romana Corporation se fundó en 1912, cuando la South Porto Rico Sugar Company compró 20,000 acres de terreno en la provincia La Romana para producir caña y exportarla a Puerto Rico.

Basándose en alegadas informaciones que indican “razonablemente el uso de trabajo forzoso” en las operaciones de la compañía, a partir de hoy, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detendrá en todos los puertos de entrada «el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar» producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited, anunció la entidad en una nota de prensa.

La CBP basa la emisión de la Orden de Retención de Liberación contra la empresa en la identificación durante la referida investigación de cinco de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias.

En Central Romana creemos firmemente que el progreso sólo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Así hemos actuado siempre y lo seguiremos cumpliendo.

De acuerdo a datos de Pro Dominicana, la exportación de azúcar de caña en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, representa el 1.2 % de las exportaciones de República Dominicana hacia los Estados Unidos entre enero-octubre del presente año, lo que representa  125.82 millones de dólares, amén de que el país ha exportado 22.87 millones de dólares en melaza de caña.

La CBS adelantó que la medida  se basó en la información «que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso» contra los trabajadores del Central Romana, así como la identificación de al menos cinco indicadores de la Organización Internacional del Trabajo durante una investigación.

«Nuestra empresa ha recibido con gran asombro la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos por Central Romana Corporation, Ltd.

En las últimas décadas hemos destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestros empleados en las zonas agrícolas, garantizando salarios dignos y aumentos de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación en los derechos humanos y los deberes de nuestros trabajadores.

Mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante.

Además, el país ha exportado 22.87 millones de dólares en melaza de caña.

La base de datos sobre estadísticas mundiales del Centro de Comercio Internacional, indica que entre 2017-2021, la República Dominicana exportó a Estados Unidos 521.1 millones de dólares en azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

También, 78.7 millones de dólares en melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.

El país también exportó 4 millones de dólares en artículos de confitería sin cacao, incluido chocolate blanco, y 1.4 millones de dólares de los demás azúcares.

La medida ha sido considerada como una retaliación por parte de los Estados Unidos que busca que la República Dominicana detenga las deportaciones de haitianos en violación del derecho que tiene un país libre y soberano de diseñar su política migratoria en función de sus mejores intereses.

La pregunta que se cae de la mata es por qué ahora se da cuenta los Estados Unidos de estas violaciones, precisamente cuando hace apenas horas que se produjo un fuerte encontronazo entre los gobiernos dominicano y estadounidense por la cuestión haitiana.

 

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El comunicado insensato de embajada de E.U implica una intromisión en los asuntos internos de R.D.

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La Situación Haitiana Detona en la República Dominicana con un Encontronazo Público entre la Embajada de Los Estados Unidos y el Gobierno Nacional.

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A pesar de los aires de democracia que soplan en el mundo, los Estados Unidos continúa con su política represiva en contra de los países que manejan como si fueran sus colonias y ello también deja claro que el problema haitiano pica y se extiende y que el país más sacrificado será la Republica Dominicana.

La embajada de los Estados Unidos acaba de hacer público un comunicado que amplios sectores de la vida nacional consideran como una exageración y una mentira para producir algún tipo de represión, incluso económica, en contra de la República Dominicana a través de su principal renglón de la economía nacional como lo es el turismo.

Es un golpe bajo de una nación que siempre pregona lo que no práctica, porque si hay un país que usa el poder que tiene para someter a las demás naciones es precisamente los Estados Unidos, donde nadie puede negar que internamente son respetuosos de los derechos de los demás, pero igual no ocurre en términos de su política exterior.

 E incluso debe decirse que no se ha visto una primera denuncia de como maneja los Estados Unidos el otorgamiento de visados, los cuales son  también un instrumento de humillación y de agresión a la dignidad de mucha gente, aunque al final de cuentas éste tiene la plena facultad de otorgarlo o negarlo, pero no así con otros permisos para que algunos ciudadanos puedan ingresar a su territorio.

El asunto tiene que ver con aquellos visados que son el resultado de una convención de Ginebra que estableció un acuerdo de reciprocidad entre los países para el otorgamiento de permisos de entrada a sus territorios a los periodistas, de cuyo convenio  es signatario los Estados Unidos, pero el abuso llega a un nivel que esta potencia del norte no cumple con lo firmado por ella y somete a muchos profesionales de la comunicación a cuestionamientos inaceptables e insensatos por el sólo hecho de haber emitido una opinión que sirve de punto de referencia para ponerlos en la lista negra que tienen las embajadas norteamericanos en los diferentes lugares del mundo.

El asunto haitiano ha provocado que la embajada de los Estados Unidos haya colocado en su lista negra a aquellos periodistas que han expresado mediante artículos de opinión o reportajes interpretativos su posición en torno, no a la ayuda que se pueda ofrecer a través de la comunidad internacional para resolver el problema haitiano, sino de una posible   intervención armada, cuya medida también se contrapone con los principios que dan sentido a las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA).

Pero su compromiso con una serie de convenciones internacionales le sabe a nada a los Estados Unidos  y en violación del principio de autodeterminación e independencia de los pueblos se entromete en los asuntos internos de naciones como la República Dominicana, mientras promueven el rechazo de la grosera e inaceptable invasión armada de Rusia en Ucrania.

La cuestión tiene su desenlace cuando la embajada de los Estados Unidos emite un comunicado lleno de manipulaciones groseras al momento de decir que en el país se persigue a ciudadanos norteamericanos por su color de piel, que se traduce en una acusación racial en contra de la República Dominicana, la cual  ha sido calificada por la cancillería como infundada, extemporáneo e infeliz.

 Los términos del comunicado, subraya la cancillería dominicana, “contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos” en los ámbitos político, económico, militar, social y de cooperación, sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad.

Que se recuerde hace muchos años que no se producía una confrontación de este tipo, con los términos que intervienen en el comunicado y la consecuente respuesta de la Cancillería, lo que ha llevado a las autoridades nacionales a puntualizar que es el primer socio comercial de Estados Unidos en el Caribe y el sexto en Latinoamérica.

“Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones”, agrega el Ministerio de Exteriores, recordando que “fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos”.

Y añade: “Desde el inicio del presente gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que ésta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana”.

Desde hace varios lustros, precisa, “el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país”, y “una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana”.

A seguidas apunta que ese aporte en los gastos de salud a esta población se manifiesta en el 32,4% de las camas de maternidad de los hospitales públicos; el 10,3% de las emergencias; el 14,9% de los internamientos; el 9,8% de las cirugías y el 8,3% de las consultas.

“Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles y agua”, añade, y “hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití”.  Por su parte, dice, “nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar”.

De inmediato la cancillería agrega “Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular”, incluyendo a Estados Unidos, “República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas: República Dominicana no aguanta más”.

A título de contraste, “la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos”, dice la Cancillería.

El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, “de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas”, sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad”, advierte.

El Gobierno dominicano, “jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población”.

Afirma que el país brinda un trato hospitalario a “millones de turistas que nos visitan anualmente desde todo el planeta, en particular Estados Unidos”.

“El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque éste no haya sido su objetivo”, agrega. En consecuencia, “esperamos que Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible”.

La realidad es que se ha montado toda una campaña internacional en contra de la República Dominicana mediante la cual se quiere presionar al país a que acoja en su territorio una migración haitiana desordenada e incontrolable como pretende que sea los Estados Unidos.

Sin embargo, amplios sectores de la vida nacional rechazan que el control migratorio por parte del Gobierno dominicano no rebase el respeto de los derechos humanos porque de ocurrir seria una forma de vulnerar el derecho convencional en esta materia que incluso tiene rango constitucional.

El asunto es que los Estados Unidos no da lo que pide y ahora se dedica a unos ataques y manipulaciones en contra del país, lo cual es una doble moral que proyecta a esta potencia como una promotora del colonialismo en todas sus vertientes y de violación y atropello de todos los acuerdos internacionales que mandan el respeto de la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacionales.

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Salen a la superficie problemas que comprometen la ética y la moral de jueces del sistema de justicia nacional.

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Por Elba García

La investigación que se desarrolla en contra de un juez del Distrito Nacional debe ser extensiva a otras instancias del sistema de justicia nacional en virtud de que el asunto no parece que  se trate de un hecho aislado, sino general.

La suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se produjo  tras el desarrollo de una investigación del Consejo del Poder Judicial, en virtud de denuncias muy graves en su contra, que incluían sospechas por haberse inhibido en casos muy conocidos como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan, cuyo responsable fue el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y por  la paliza que junto a varios hombres le dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Pero tal vez el más escandaloso de los fallos de este magistrado fue liberar de responsabilidad a todos los acusados de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, cuyo caso llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Posteriormente el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, reveló que hay indicios de que la estructura de que es parte este magistrado incluiría a otras personas, sin dar mayores detalles.

El magistrado como se  indicó más arriba se había inhibido en casos sonoros, como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan y en la que se señala como responsable de la misma al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés.

También el de la paliza que, junto a varios hombres, dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Hace casi cinco meses que este juez de instrucción descargó de responsabilidad a todos los acusados en la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos,  el cual  llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Por el momento la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha dispuesto una suspensión provisional con disfrute de sueldo de Rodríguez Consoró, juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional por las supuestas faltas cometidas.

Este caso, que de acuerdo al Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público se trata de un asunto muy grave que empaña la imagen de la justicia, demuestra la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia, ya que es importante que se tome en cuenta que el problema de este instrumento del Estado es mucho más grave de lo que cualquiera se pueda imaginar.

No es verdad que se trata de una casualidad o sólo de la negligencia de muchos jueces, sobre todo de primera y segunda instancia, que emiten regularmente sentencias que no tienen una explicación lógica, ya que violentan las leyes sobre la materia, sin que nadie se interese en desarrollar una investigación al respecto.

Este periódico siempre ha dicho que si el Consejo del Poder Judicial se dedicara a fiscalizar las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales inferiores, pudiera darse cuenta de la gravedad y complejidad del problema.

Esta descomposición no sólo afecta a una jurisdicción, sino a todas, como la civil ordinaria, la laboral, la inmobiliaria y todas las demás y en muchos casos queda lo suficientemente claro de que se trata de un problema que tiene que ver no sólo con negligencia, sino con ignorancia y complicidad.

Sin lugar a dudas, que la justicia es una de las principales amenazas que se cierne sobre el estado de derecho y la democracia dominicana, porque la violación de derechos y principios constitucionales, así como la vulneración y suplantación del legislador cuando de la aplicación de las normas jurídicas se trata, ocurre como el pan nuestro de cada día.

Todo ello indica que el caso del magistrado Consoró es propio de todo el sistema de justicia nacional y de que se trata de un problema integral que se constituye en una grave amenaza de la democracia, el estado de derecho y de la armonía social.

La cuestión descansa en que la descomposición del sistema de justicia nacional es parte del problema integral que impacta a la sociedad dominicana, donde el mal es encontrado en los principales, por decir todos, los órganos y entes que conforman el Estado.

Sin embargo, lo que espera la sociedad es que a partir de este caso se puedan investigar otros que necesariamente no están en el contexto del Distrito Nacional, sino de otros lugares del territorio nacional, como por ejemplo Santiago, donde el Estado prácticamente ha  desaparecido.

Las sentencias emitidas por este magistrado eran una causa de generación de sospechas, pero otros casos iguales o parecidos también deben ser investigados si de verdad hay un interés de sanear una parte tan vital del aparato estatal dominicano.

En ocasiones anteriores igual se llegó a descubrir, suspender y tramitar a la justicia ordinaria a jueces que eran parte de una mafia que se dedicaba a vender sentencias y a negociar incluso con narcotraficantes, pero las cosas no pasaron de una simple investigación que no tuvo un final satisfactorio.

Ojalá que ahora no pase lo mismo con una investigación que reviste una gran importancia para la preservación del Estado de derecho en la sociedad dominicana y por lo menos iniciar un proceso de saneamiento que arroje resultados beneficiosos para un país que tanto lo necesita.

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