Todo lo que se pueda decir de la mayoría de los jueces se queda corto con lo que realmente ocurre en la judicatura nacional.

Por Elba García

Desde hace algunos años que este periódico ha advertido de lo que ocurre con la mayoría de los jueces del país, los cuales constituyen la principal desgracia del sistema de justicia de la República Dominicana.

El problema de los jueces va desde una peligrosa falta de formación o de ignorancia hasta una despreciable complicidad  que compromete la democracia y el estado de derecho.

Muchas personas piensan que el problema en este sentido sólo ocurre en la justicia penal, pero la realidad es que  todo el sistema  está contaminado, es decir, que el fenómeno abarca lo civil ordinario, lo inmobiliario, lo laboral y cualquier otra rama del derecho.

Los fallos que regularmente se emiten son sobre la base de no ponderarse ni estatuir sobre las pruebas aportadas, con una prisa que deja a cualquiera pasmado.

El asunto se vuelve más grave en la medida en que el hecho se produce a una cierta distancia de la capital, donde prácticamente desaparece el papel mínimamente regular del Estado.

Esta descomposición fuera mínimamente enfrentada si el Consejo del Poder Judicial realizara un trabajo de investigación o verificación de las sentencias que emiten los jueces de primera instancia y de apelación de los distintos distritos judiciales que operan en todo el territorio nacional.

Es prácticamente rutinario observar a presidentes de las cámaras civiles y comerciales emitir autos de fijación de audiencias para el conocimiento del pliego de condiciones en un proceso de embargo inmobiliario en violación de los artículos 690,715 y 728 del Código de Procedimiento Civil, sólo para mencionar algunas de las irregularidades.

Peor aún, es frecuente escuchar una magistrada decir que la figura jurídica del archivo definitivo de una demanda de derechos registrados no existe como si nunca hubiera leído el articulo 36 de la Ley 108-05 y mucho menos la resolución 1737 en cuyos artículos 173 y 174 del capítulo 1x de la perención de instancia se habla detalladamente sobre el mismo.

Todas estas consideraciones se derivan de las declaraciones vertidas por la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien tronó muy duro sobre el comportamiento de los jueces penales del país.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público manifestó que es increíble como la mayoría de los tribunales penales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado.

Estas consideraciones se produjeron a propósito de la sentencia evacuada por el caso de la muerte del profesor universitario Juniol Ramírez y la supuesta corrupción ocurrida en la Oficina Metropolitana de Servicios de  Transporte de Autobuses (OMSA).

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la magistrada consideró que en el país la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa e indignante.

“En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea…Es increíble cómo la mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, sostuvo.

Las declaraciones de Berenice Reynoso se produjeron a apenas horas de ser leído el fallo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras por la muerte del catedrático universitario Yuniol Ramírez y que descargó al exadministrador de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas.

En tanto que los juzgadores determinaron el cese de la prisión y puesta en libertad a favor de Víctor Ravelo Campos y de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.

Por su parte, el tribunal sostuvo que no se pudo determinar complicidad de la esposa de Argenis Contreras, Heidy Carolina Pena, en el asesinato y en consecuencia fue descargada.

Igualmente, Lilian Francisca Suárez Jáquez y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) fueron descargados por insuficiencia de pruebas.

El tribunal no pudo determinar la complicidad en el caso de los señalados.

En lo relacionado al caso de corrupción en Omsa, al gerente financiero de la entidad, Faustino Rosario Díaz, acusado de complicidad para cometer sobornos y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, le fue dictado un año de prisión.

Con relación al exdirector de la Omsa y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Rivas, el tribunal rechazó la implicación de este en sobornos y fue descargado de toda culpabilidad

Lo de la justicia en la República Dominicana es un mal de fondo que se extiende a todas las instancias del Estado, lo cual hace pensar que el país es una sociedad peligrosamente amenazada en razón de que no existe ninguna garantía de que las cosas se hagan de forma diferente.

En los tribunales nacionales  se ven pocas decisiones que sean el resultado del buen juicio y del apego a la ética y la moral y en consecuencia en el sistema de justicia tiene mucho más garantía de tener ganancia de causa aquel que es parte del crimen organizado y el bajo mundo que los ciudadanos que van en una dirección contraria