Opinión
Todos los días contra la corrupción
El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas
Por Juan Bolívar Díaz
El Día Internacional contra la Corrupción nos encontró ayer en el mejor momento en décadas de requerimientos sociales y esfuerzos para poner límites a la depredación y la apropiación del patrimonio público que han generado infinidad de riquezas en detrimento de la sociedad, especialmente de los más pobres y excluidos que requieren mucha inversión para mejorar sus condiciones de vida.
El mérito no es sólo del gobierno que nos rige desde agosto, y de los fiscales que responden a la independencia que se les ha reiterado para sancionar todo abuso de los bienes comunes, sin miramientos políticos o sociales, sino especialmente de la ciudadanía que en los últimos años dio contundentes demostraciones de su hastío e indignación no sólo por la rampante corrupción y por la impunidad que la fomenta.
Durante casi dos décadas la celebración estuvo relegada a las organizaciones sociales, especialmente Participación Ciudadana (PC) que, desde la proclamación de la efeméride mundial, declaró como su prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad e instituyó un reconocimiento anual a las personalidades empeñadas en esa trascendente tarea. Pero anoche se celebró con un acto en el Palacio Nacional en el cual el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la coherencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 58/4 decidió que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción».
A propósito de la conmemoración de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, proclamó que “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”. Así ocurrió en el país, cuando a nombre del combate a la pandemia se produjeron graves escándalos de corrupción.
El presidente Abinader ha sido coherente con sus planteamientos programáticos, designando personalidades independientes y de méritos acumulados como Miriam German Brito y Yenise Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y de Carlos Pimentel para asumir la Dirección General de Contrataciones Públicas, una de las fuentes fundamentales del tráfico de influencia y la corrupción. Y además encargó la Dirección de Etica y Transparencia del Estado a dos símbolos de la honestidad y la lucha por el fortalecimiento institucional, como son la doctora Milagros Ortiz Bosch y el exsacerdote Mario Serrano.
El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas, pese a cientos de denuncias fundamentadas, como ha documentado PC en dos investigaciones.
Estamos sólo en el comienzo, porque todos sabemos que hay escándalos mayores bajo investigación y la sociedad no estará satisfecha hasta que las sanciones no sean excepción, casi siempre con pequeños. Es notable que los actuales gestores públicos están empeñados en cumplir la debida transparencia, pero nadie debe bajar la guardia porque hay una cultura política bastante generalizada de aprovechamiento político y personal de los bienes públicos, y es posible que algunos estén esperando que baje la marea para aprovechar “su oportunidad”.
Afortunadamente, el Presidente de la República parece el más consciente de que la barrida electoral de su partido fue consecuencia de la consciencia ciudadana sobre el inconmensurable costo económico, social e institucional de la corrupción que nos ahogaba. Luis Abinader está empeñado en iniciar una nueva historia en la gestión gubernamental, con el aliento de la Marcha Verde, de las ocupaciones de las plazas públicas aquí y por la diáspora dominicana, y de la larga lucha de instituciones sociales, personalidades y comunicadores. ¡Todos los días contra la corrupción!.-
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.