Opinión
Todos son cómplices y responsables de esta traición.
Por. Isaías Ramos
Es a partir de la aprobación de la ley 285-04 del 15 de Agosto del 2004 que se comenzó a tratar la problemática migratoria de la manera más irresponsable. Esta ley para su implementación según su artículo 153 dice: “dentro de los (180) días de la promulgación y publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de la misma” concluyó la cita.
Sin embargo, fueron 7 años y 2 meses después que se promulgó ese reglamento el 19 de Octubre 2011 con el decreto 631-11. Con esa política pública permisiva sin prácticas de deportación de ilegales y con la frontera totalmente abierta sobre todo después que se produce el terremoto el 12 de Enero del 2010, es a partir de esas pequeñas traiciones a la patria que en el país se comienza a producir esa metamorfosis tanto en nuestro territorio como del otro lado de la frontera.
Esta intención malsana de esta clase política carente de conciencia patriótica hace cada día actos más abominables que van contra nuestra soberanía y los intereses de la nación.
Es detestable ver a una clase política sin moral, sin principios y ciega conduciendo a todo un pueblo hacia el despeñadero, sacando provecho político para sus proyectos personales sin importarle la suerte de la nación.
En política se dice que es más importante “lo que no se ve que lo que se ve” porque no tiene explicación que un disparate de ante proyecto de ley salga del espíritu de un dominicano y muchísimo menos del Ejecutivo, el que está llamado a cuidar y proteger nuestra soberanía. Es desdeñable un mamotreto de proyecto con esas pretensiones. Simplemente esa acción no tiene lógica, a menos que exista “gato entre macuto” de compromisos que van mucho más allá de lo imaginable.
Un proyecto que a la vista tiene muchos cómplices, pues se pretende confundir su fondo con algo que ya está explícito en la ley 137-03. En la cual estamos de acuerdo pues, todo ser humano, como hijo de Dios, merece una vida digna. Y en ambas naciones debemos buscar el camino que nos conduzca hacia esas metas, pero respetando cada una su idiosincrasia y territorio.
Hasta ahí pareciera algo no tan grave, pero el trasfondo que lleva esa ley es catastrófico para nuestro territorio. Es el artículo 73. “Reasentamiento, donde “la puerca retuerce el rabo” y transcribo: “El proceso de reasentamiento procederá cuando la persona víctima, sus descendientes o personas responsables no puedan retornar a su país de origen o residencia y no puedan permanecer en República Dominicana por amenaza o peligro razonable que afecte su vida, integridad y libertad personal. Él reasentamiento de la persona víctima o sobreviviente se realizará en base a la colaboración con las embajadas o consulados acreditados correspondientes a la nacionalidad de la víctima o sobreviviente de trata de personas, la cooperación internacional y de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y para su aplicación se respetará en todo momento la opinión de la víctima”. En este artículo se desnuda de manera sutil el plan macabro con el cual se pretende mancillar nuestra soberanía territorial, pudiéndose catalogar como una acción de alta traición a la patria. El pretender colocar campamentos de refugiados en nuestro territorio es instigar prácticamente a 5 o 6 millones de haitianos para que crucen la línea fronteriza de manera masiva y formen un tercer país on Estado tapón o colchón.
Esas pretensiones son una locura que traería mucha desgracia para ambos pueblos y que nadie en su sano juicio debe provocar. Si este gobierno, no leyó el ante proyecto y lo deposito tal y como lo elaboraron las naciones y organismos internacionales como parece a la vista fue imprudente al presentarlo. Causándole momentos de intranquilidad a toda la población.
Y si este gobierno anhela la misma paz que todos los dominicanos ansiamos que se olvide de compromisos internacionales, de tratados y lo que fuere porque este pueblo jamás permitirá una ofensa de tal magnitud. Si existe algo que aún nos une en este territorio que Dios nos regaló y el cual nosotros debemos defender aún nos cueste sangre, dolor y sufrimiento.
En el Frente Cívico y Social esperamos que esto le sirva de reflexión al ejecutivo, a los congresistas y a los organismos nacionales que deben velar por nuestra soberanía. Para que nunca más se les ocurra inventar con nuestra soberanía y nuestra dignidad, ni en 45 días, ni 450 años, jamás! Y terminamos con estas frases de nuestro glorioso himno “Compatriotas, mostremos erguida Nuestra frente, orgullosos de hoy más; Que Quisqueya será destruida Pero sierva, jamás!…” Y es su escudo invencible, el derecho; Y su lema: ser libre o morir”.
DESPIERTA RD!
Por Narciso Isa Conde
La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
La doble moral es ley en no pocos integrantes de los altos mandos políticos, policiales, militares y empresariales de este país. En estas circunstancias hay que estimular a la gente buena y trabajar para que el pueblo sencillo vuelque su solidaridad hacia Miriam Germán.
· En el delicado rol que le ha tocado desempeñar con dignidad a Miriam Germán -dentro de un Estado e instituciones que cercan y acosan valores, e infiltradas por agentes de la corrupción y de la maldad- solo se debe confiar en defenderse con el pueblo y desde el pueblo.
· Según lo oficiosamente relatado, quien amenaza a Miriam German, cuenta con poder de chantaje y complicidades altas, decidido a amenazar de muerte y agredir moralmente desde un discurso turbio, construido para sembrar dudas, a lo Jean Alain. Un plan múltiple desde infiltraciones protegidas.
· La amenaza a Miriam es más que eso. Parece contemplar otras vertientes perversas, dada la rareza de su curso: llamadas amenazantes identificables desde España, filtración oficiosa de la información a través de enclaves oscuros, precedida de una reunión de alto nivel en Palacio, recogida en forma moderada por otros medios.
· Miriam Germán es factor fundamental de una PGR en lucha contra corrupción mafiosa, pero con enormes limitaciones // Abinader, emplazado a investigar conexiones entre España y RD, dirá lo que le convenga.
· La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
Por. Isaías Ramos
Hoy, el pueblo dominicano vive sorprendido, cuestionándose cómo la delincuencia, el crimen y el caos se apoderaron de nuestras calles, barrios y ciudades. Cada horrendo crimen suena una alarma, pero la realidad es que la mayoría de nuestros barrios ya han sido tomados por el narcotráfico y la delincuencia. Lugares donde la autoridad estatal es casi nula y el crimen organizado actúa a sus anchas.
Durante mucho tiempo, algunos de los «líderes» que gobernaron nuestro país, y que pretenden volver a hacerlo, optaron por «corromper para no matar». Dedicaron hasta un 6% del presupuesto nacional a corromper en lugar de implementar la ley de educación que busca formar ciudadanos íntegros y con principios.
Nos preguntamos: ¿qué podemos esperar de una sociedad guiada por hombres y mujeres que no distinguen lo bueno de lo malo? Confunden libertad con libertinaje. Recordemos una reciente declaración de un ex presidente y aspirante a volver al poder. Cuando se le pidió su opinión sobre el dembow y la 42 de Capotillo, afirmó que eran “expresiones culturales y artísticas que no deben censurarse o prohibirse”. En otras palabras, aceptó como normal que la vulgaridad, la perversión, el desorden y el caos sean parte de las normas sociales.
Nuestro pueblo ha sido dirigido por una clase política mayoritariamente inepta e incapaz durante casi tres décadas. Gente ansiosa de alcanzar el poder para garantizar su impunidad y continuar saqueando, endeudando y pervertiendo nuestros recursos naturales. Han permitido la inundación de nuestro territorio con ciudadanos del vecino país para complacer intereses foráneos, creando un desequilibrio demográfico que, a largo plazo, traerá sangre, sudor y lágrimas a las generaciones futuras.
Han sembrado antivalores, caos, injusticia y gran desigualdad, y es esa la cosecha que estamos viviendo hoy. Esa es la herencia que nos dejan como legado. Somos el resultado de las decisiones tomadas ayer. Seremos mañana lo que decidamos hoy y pasado mañana, el resultado de lo que decidamos mañana.
No podemos permitir que esta clase política siga sembrando desasosiego, perversión, injusticia, caos y desigualdad en este hermoso país. Han demostrado ser expertos en hacer el mal, pero cuando se trata de hacer el bien, parecen olvidar cómo se hace.
No nos han engañado una o dos veces, sino incontables veces. Hemos sido víctimas de su manipulación y engaño repetidas veces, depositando nuestra confianza en aquellos que han demostrado ser enemigos del pueblo y traidores a la patria. Si continuamos por este camino, la certeza es absoluta: seguirán hundiéndonos en la peor de las miserias humanas.
Afortunadamente, la mayoría del pueblo ya no es ingenua. Saben quiénes les han robado el presente y comprometido su futuro.
En el Frente Cívico y Social (FCS), comprendemos que el pueblo dominicano ha sido víctima de una clase política manipuladora. Reconocemos que ha sufrido de la ignorancia respecto a lo que debería y podría conocer. Creemos firmemente que el secreto de una sociedad donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades reside en sus principios y valores.
En FCS, somos y continuaremos siendo diferentes a lo que esta partidocracia representa. Si el pueblo nos brinda la oportunidad, prometemos actuar de manera distinta. Nos comprometemos a devolverle al pueblo la dignidad que le ha sido arrebatada. Solo así podremos comenzar a levantar nuestra bandera bien alta.
Nuestro trabajo se centrará en rescatar nuestros principios y valores a través de la educación ciudadana. Estamos decididos a abordar y solucionar los problemas domésticos que enfrenta la población día a día: la seguridad ciudadana, la salud y la educación. También reconocemos la carencia de servicios fundamentales como el agua, la electricidad, el drenaje sanitario y pluvial y la falta de viviendas confortables.
Impulsaremos un modelo económico de desarrollo inclusivo, que se enfoque en la producción y el ahorro. Queremos una economía que beneficie a todos los dominicanos, no solo a unos pocos.
Es hora de un cambio. Es hora de poner en marcha la máquina del progreso y de la prosperidad para todos. ¡Únete a nosotros en este camino!
La esperanza de un futuro mejor para todos está en nuestras manos. En FCS, creemos en ese futuro, y sabemos que, con tu apoyo, podemos hacerlo realidad.
Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
Igual que con cualquier tratado internacional, los Estados deben tomar en cuenta si el formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requerirá cambios a sus leyes o a los procedimientos administrativos nacionales, con el fin de cumplir con las obligaciones del tratado.
Respecto a lo anterior, se podrían requerir algunas medidas legislativas para asegurar una efectiva cooperación entre los Estados Partes y la Corte Penal Internacional durante las investigaciones. Si los Estados ya cuentan con legislación nacional sobre la asistencia legal y la extradición, la introducción de estas medidas no será difícil.
En general, al redactar la legislación de implementación, es necesario tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional no es un órgano regulador o institucional internacional ordinario.
La Corte Penal Internacional tiene una potestad única para impedir y reprimir¨ los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨, según lo estipulado en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que el potencial de la Corte Penal Internacional, al no existir una fuerza policial internacional que pueda llevar a cabo la labor de asistencia con la Corte en sus investigaciones y en el cumplimiento de sus órdenes, será alcanzado sólo si existe plena cooperación por parte de los Estados.
Respecto a lo anterior, se debe de prestar especial atención al apoyo de los Estados a la Corte, en particular para asegurar que estos puedan cumplir con sus obligaciones según el Estatuto de Roma.
La incidencia de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional se considera mucho más baja que para aquellos crímenes ¨ordinarios¨ que son procesados regularmente en los Estados.
Por las razones anteriores, se considera como regla general, muchas de las formas de cooperación estipuladas en el Estatuto de Roma ya forman parte del trabajo usual de los sistemas de justicia penal y de los ministerios de relaciones exteriores nacionales , y por lo tanto no requerirán recursos adicionales.
En el marco de las posibles medidas para la implementación del Estatuto de Roma se estima que el proceso de implementación de obligaciones de tratados internacionales varía significativamente de un Estado a otro, de acuerdo con los requisitos políticos y constitucionales de cada Estado.
Todo Estado Parte del Estatuto de Roma tiene la libertad de escoger cómo implementar las obligaciones con el tratado , siempre que proceda de buena fe y responda a todas las obligaciones bajo el Estatuto.
Algunos Estados generalmente ratifican primero los tratados, y así las reglas incluidas en el tratado automáticamente devienen ley nacional luego de su ratificación y publicación en el diario oficial (sistema monista). Otros Estados, especialmente en la Comunidad de Estados Británicos, están obligados por sus constituciones a preparar primero la legislación de implementación, antes de ratificar o acceder a cualquier tratado internacional (sistema dualista).
Cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas, las cuales se deben tomar en cuenta durante el proceso de ratificación e implementación. Por ejemplo, en algunos Estados, el Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo para ratificar, o deberá consultar con el Tribunal Constitucional antes de ratificar. Estos procesos inevitablemente atrasan los procesos de ratificación e implementación, pero también brindan una oportunidad para que se considere el impacto de los tratados en un Estado.