Opinión
Tongo le dio a Borondongo
Por Andrés L. Mateo
Las elecciones del partido-Estado PLD para escoger a los nuevos integrantes del Comité Central, ha sido un espectáculo deprimente en el cual quedó demostrado que la nuestra es la fría historia circular en la que todo se repite, como si hacer política no pudiera ser de otra manera. Esa trabajosa telaraña en la que se ha enredado todo el atraso social de los dominicanos, recorriendo ya el siglo XXI, debe a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales una cuota considerable.
Cuando en el 2008 Danilo Medina dijo “Me derrotó el Estado”, su expresión estaba proféticamente fundada en las mortificaciones que Leonel Fernández le había hecho vivir, usando contra él los recursos públicos (“Tongo le dio a Borondongo”). Esos signos entrelazados que Danilo Medina dio a la sociedad dominicana hablando como perdedor en la contienda interna del 2008, eran voluntariamente mudos, pero había pistas suficientes para descorrer el telón y ver los hechos que, en el teatro de la palabra, su premonición escondía. No olvidemos que el Danilo Medina que hablaba entonces lo hacía desde las entrañas de un Partido-Estado en proceso de consolidación, y el Partido-Estado obliga a callar cuando se difiere, y porque inquisitorialmente, en el Partido-Estado, el usufructo del poder manipula la conciencia, la palabra y la vida. Esa fue la raíz de su silencio.
La respuesta es ahora. Usando los recursos del Estado hasta más no poder, la tendencia de Danilo Medina aplastó al leonelismo (“Borondongo le dio a Bernabel”). Y reconfiguró la estructura del poder hacia el interior de los organismos de control del partido. Los cálculos aproximados indican que a nivel local de 86 puestos obtuvieron 80, y en el plano nacional de 36 se alzaron con 30. No es que el leonelismo deja de tener poder, lo que se puso en juego es apenas el 20% del Comité Central. Leonel había desmontado a todos los demás contrincantes, descascarando para siempre a Jaime David, convirtiendo a José Tomás en un asalariado, y haciendo lo mismo con todo el comité político, a cuyos miembros incorporó en su totalidad con rango de Ministros al tren gubernamental. La acumulación originaria de capital que ha reunido su grupo es desmesurada, y el cemento invisible de la corrupción fraguó una estructura de dominación volcada sobre los recursos del Estado. Únicamente una maquinaria empinada sobre el poder del Estado podía derrotarlo. Y es lo que ha ocurrido.
Al descubierto queda que el PLD es ya un Partido-Estado, y es un grave peligro que la sociedad observe en silencio lo que está ante sus ojos. ¿Cómo funciona un Partido-Estado? Mediante un oscuro vínculo de lealtad tribal. A través de la financiación irregular del partido, subordinando las instituciones. Se puede consignar una cosa en la Constitución, proclamar algunas ideas en la doctrina, pero se suele hacer una tercera. Ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni el PLD son dueños de los fondos públicos que emplean para aplastarse uno a otro en la contienda interna por el poder (“Bernabel le pegó a Muchilanga”). Es el mismo cinismo leonelista, la misma vocación de ungido, la misma fiera pasión por el poder, el mismo asco, y la misma perversión de la historia y las instituciones. Leonel Fernández compró voluntades, compró consciencia y abusó de la ignorancia y de la pobreza de este país. Asignaba sueldos a los tránsfugas y financiaba a más de 18 mil militantes del PLD con la nómina pública (Algo que sigue intacto). Ganaba congresos y elecciones aplastando a sus contrarios a papeletazos limpios, y luego se disfrazaba de Mesías, entornaba los ojos como para no hacer prosaica su cerebralidad, y fingía ser torpe en la tierra porque parecía que el don divino casi le estorbaba. Pero usar los fondos públicos para derrotar esa maquinaria azarosa es desplegar el mismo engaño, la misma simulación y la misma mentira como destrezas esenciales del oficio político.
El PLD puede hacer lo que le venga en ganas en este país. La sociedad ha perdido del todo el dominio de sus desventuras, estamos sentados a la diestra de la manipulación del espíritu, vencidos todos por el valor aplastante del dinero. ¡Ya no hay proyectos sociales en los cuales hacer descansar los sueños colectivos de redención! Estas elecciones del Partido-Estado PLD han demostrado que la corrupción se ha legitimado, y que vivimos bajo un poder hegemónico al cual todo le es permitido. ¡Oh, Dios!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!